Schneiderman Envia A La Carcel A Contratista Que No Pagaba Salarios Completos A Trabajadores En Proyectos De Construccion Del Gobierno

Los proyectos incluyen construcción en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York y del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda

Los propietarios de la compañía subcontratista se declararon culpables de cargos por delitos graves y fueron sentenciado a libertad condicional y prohibición de participar proyectos de obras públicas

 

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy que su oficina logró una sentencia de cuatro meses de encarcelamiento para William Mazzella, quien no pagaba el salario completo de trabajadores en proyectos de obras públicas que el administraba para Decora Construction, LLC, un subcontratista de albañilería en Mahopac. En los proyectos de construcción en el aeropuerto de La Guardia, Mazzella ilegalmente estafó a trabajadores pagándoles menos de la mitad de los salarios exigidos por la ley. El Honorable James F. Reitz de la Corte del Condado de Putnam ha dictado la sentencia.

La restitución total de $800,000 se hará a los trabajadores mal pagados.

"Pagar a los trabajadores menos de lo que la ley requiere y luego mentir al respecto en los documentos oficiales no es un error o un problema de documentación - es un comportamiento criminal. El señor Mazzella y los propietarios de esta empresa ahora tendrán que rendir cuentas por infringir la ley y estafar a trabajadores neoyorquinos ", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Cuando los contratistas participan en un concurso para un proyecto público que involucre dinero de los contribuyentes, tienen que respetar las reglas. Estos empleadores no lo hicieron, y ahora tienen condenas por delitos criminales".

Según el expediente por delito grave en el caso Mazzella, Decora Construcción operaba como un subcontratista de albañilería desde una oficina en Mahopac, y ealizó trabajos en dos proyectos de obras públicas en el aeropuerto de La Guardia en 2009. Decora la Construcción ha presentado informes de nómina certificados a la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, propietaria del aeropuerto de La Guardia, indicando que a todos los trabajadores se les pagaba salarios prevalecientes requeridos por ley entre $ 51.54 y $ 70,54 por hora. Sin embargo, Mazzella, el superintendente de Decora en el lugar de la Construcción, en realidad pagaba a los trabajadores tarifas de entre $18 y $ 25 por hora.

Mazzella fue acusado el 28 de marzo de 2012 de los cinco cargos siguientes: dos cargos de Robo en Gran Cuantía en Segundo Grado, en virtud de la Sección de Derecho Penal 155,40 (1), un delito mayor de clase C, un cargo de Violación de la Ley Laboral  Sección 220 la Ley (3) (d) (i) (2), un delito mayor clase

E, un cargo de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado, en virtud de la Sección de Derecho Penal 175,10, un delito mayor clase E, ​​y un cargo de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en Primer Grado , en virtud de la Sección de Derecho Penal 175,35, un delito mayor clase E.

Además de los cargos relacionados con los proyectos de LaGuardia Airport, la acusación formal indica que desde el o alrededor del 02 de agosto 2008 hasta el o alrededor del 06 de mayo 2010, Mazzella cometió robo al no pagar los salarios vigentes a los trabajadores en un proyecto de HPD en el Bronx. El 29 de mayo de 2012, Mazzella se declaró culpable de un cargo de robo en gran cuantía en el Segundo Grado, un delito mayor de clase C, y un cargo de Violación de la Sección 220 de la Ley Laboral (3) (d) (i) (2),un delito grave clase E.

En cargos relacionados, Francisco Tavares, uno de los dueños de la empresa, se declaró culpable de un cargo de Robo en Gran cuantía en Tercer Grado, en virtud de la Sección de Derecho Penal 155,35 y fue sentenciado por el juez James T. Rooney, también de la Corte del Condado del condado de Putnam el miércoles. Aurora Perreira, otro propietaria y la ex-esposa de Tavares, se declaró culpable de un cargo de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en el Primer Grado, en virtud de la Sección de Derecho Penal 175.35, un delito mayor clase E, ​​con respecto a los proyectos de  LaGuardia, y fue condenada a principios de este año. Ambos acusados ​​fueron condenados a cinco años de libertad condicional. Como condición de su libertad, los acusados ​​no pueden trabajar en proyectos públicos de construcción en el estado de Nueva York durante cinco años.

La restitución total de $800.000 se hará a los trabajadores mal pagados del dinero retenido por el HPD y la Autoridad Portuaria de los pagos del contrato.

Este caso fue investigado por los investigadores Robert Ward y Edward Kennedy, bajo la supervisión de Jeffrey Schaffler Supervisor de Investigaciones Confidenciales, de la Oficina del Inspector General de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. La Unidad de Monitoreo del Trabajo de la Ciudad de Nueva York  del Departamento de Vivienda y Preservación de Vivienda (HPD) también ayudó a la investigación.

El Fiscal General agradece a la Oficina del Inspector General de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y HPD.

Robert E. Van Etten, Inspector General de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, dijo que "las compañías que hacen negocios con los municipios, agencias estatales y las autoridades están legalmente obligadas a pagar a sus empleados el salario justo y prevaleciente. En este caso, los acusados eligieron llenar sus bolsillos y se enriquecieron a costa de sus trabajadores. Esta sentencia se notificará a todos los contratistas de que la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, no vamos a tolerar el fraude del salario o cualquier otra falta penal en las obras públicas. la Oficina del Inspector General de la Autoridad Portuaria  y sus colaboradores encargados de hacer cumplir la ley agresivamente identificarán, investigarán y llevarán ante la justicia a quienes  corrompen la integridad de la industria de la construcción. "

El caso fue procesado por la Fiscal General Auxiliar Meredith McGowan, bajo la supervisión de Felice Sontupe, Jefe de Sección, Terri Gerstein, Jefe del Buró de Asuntos Laborales, Janet Sabel, Fiscal General Ejecutiva para la Justicia Social, y Nancy Hoppock Nancy, Fiscal General Ejecutiva para Justicia Penal.

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