Declaracion Del Fiscal General Schneiderman Sobre La Aprobacion En La Asamblea Estatal De La Ley De Prevencion De Fraude En Ejecuciones Hipoteracias

ALBANY- El Fiscal General Eric T. Schneiderman emitió hoy la siguiente declaración en torno a la aprobación de la Ley de Prevención de Fraude en Ejecuciones Hipotecarias de 2012 en la Asamblea del Estado:

"Aplaudo ala Asamblea, el Portavoz Silver, y la asambleísta Weinstein por la contundente aprobación de la Ley de Prevención de Fraude en Ejecuciones Hipotecarias. Para muchos neoyorquinos de clase media, los ahorros de su vida están en su casa. Quitarle la vivienda a una persona bajo circunstancias fraudulentas es un delito merecedor de cárcel.

"Al tratarel fraude de ejecución hipotecaria como el grave delito que es, podemos prevenir futuros abusos y liberar a un número incalculable de familias del trauma de un embargo hipotecario injusto. Esta legislación asegurará que los empleados que participan en estas prácticas fraudulentas o abusivas, y sus supervisores que permiten que la mala conducta continúe,  rindan cuentas  por sus crímenes ".

CONEXTO
La semana pasada El Fiscal GeneralEric T. Schneiderman presentó su proyecto de ley en la Legislatura estatal que protege a los neoyorquinos de las prácticas comerciales fraudulentas, como "robosigning" en el proceso de ejecución hipotecaria. La legislación del Fiscal General, Ley de Prevención de Fraude en Ejecución Hipotecaria de 2012, define "el fraude de ejecución hipoteca residencial", e impone nuevas sanciones severas criminales que incluyen penas de cárcel para aquellos que intencionalmente incurran en dicha conducta, incluyendo a los gerentes de las empresas de hipotecas residenciales que, a sabiendas, toleran las prácticas fraudulentas de ejecución hipotecaria cometidas por sus empleados y agentes.

La legislacióndel Fiscal General Schneiderman, auspiciada por la asambleísta Helene Weinstein (D-Brooklyn), hace que sea un delito menor Clase A, castigable con hasta un año de cárcel y una multa de $1,000, que un empleado o agente de un negocio hipotecario residencial autorice a sabiendas, prepare, ejecute u ofrezca la presentación de documentos falsos en una acción de ejecución hipotecaria residencial pendiente o futura. El proyecto de ley hace que sea un delito mayor Clase E, ​​punible con hastacuatro años en una prisión estatal, que empleados  se involucren en múltiples actos de fraude en ejecuciones hipotecarias ("robosigning"), y también hace que sea un delito mayor Clase E que un "alto funcionario" de un negocio hipotecario residencial " imprudentemente y de forma temeraria tolere" esa conducta fraudulenta por parte de agentes o sus empleados.

La introducción de este proyecto de ley es mas reciente esfuerzo del Fiscal General Schneiderman para hacer rendir cuentas a los responsables de la crisis hipotecaria. La actual oleada de ejecuciones hipotecarias fue precipitada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, que costará a las familias estadounidenses más de $ 7 trillones de dólares en valor de sus viviendas, destruyendo millones de puestos de trabajo, y sumiendo al país en la recesión más profunda y más larga en 70 años. En 2011, la asombrosa cifra de 345,000 hipotecas estaban en incumplimiento o mora en el Estado de Nueva York.

En febrero, el Fiscal General Schneiderman anunció un acuerdo de más de $130 millones para Nueva York con los cinco administradores de hipotecas más grande de la nación sobre los abusos de ejecución hipotecaria. Esta es la cuarta mayor cantidad en dólares a nivel nacional como parte del acuerdo federal-estatal. El acuerdo, que impone fuertes estándares nacionales para la prestación de servicios de hipoteca, también se cumple la demanda del Fiscal General Schneiderman que se reservan el derecho de emprender acciones legales por la mala conducta que aún no se había investigado a fondo, o cuando las investigaciones estaban en curso.

En marzo,el Fiscal General anunció que hasta 15 millones de dólares del dinero que consiguió en acuerdo nacional de servicios hipotecarios  se utilizarán para ampliar la financiación para la prevención de ejecución hipotecaria y otros servicios relacionados. Hasta $ 9 millones de la asignación se utilizará para apoyar el Programa de Servicios de Prevención de Ejecución Hipotecaria, que iba a expirar el 1 de abril de este año. Y hasta $ 6 millones para respaldar las actividades de Vivienda y Renovación Comunitaria del estado a través de organizaciones de vivienda sin fines de lucro basadas en la comunidad.