Fiscalia General De Nueva York Obtiene Premio Nacional A La Excelencia Juridica

WASHINGTON - En reconocimiento a la excelencia jurídica en la defensa ante la Corte Suprema de los EE.UU., la Asociación Nacional de Fiscales Generales (NAAG) anunció hoy un reconocimiento a la Oficina del Fiscal General de Nueva York, con su "Premio al Mejor Escrito de Demanda" por el término actual de la Corte Suprema de Justicia. La organización no partidista, presentó este premio a la Fiscalía General por sus breve alegato amigo-de-la-corte en el caso del Estado de Arizona contra los Estados Unidos de América. El escrito argumenta que una polémica medida de Arizona contra los inmigrantes indocumentados es inconstitucional porque es incompatible con la ley federal, pone en peligro los derechos civiles y socava las prioridades de aplicación de la ley federal.

El breve alegato también argumenta que los Estados tienen amplia autoridad para promulgar y aplicar una amplia variedad de leyes que afectan a los inmigrantes, pero sólo el gobierno federal puede establecer y supervisar una política de ejecución de la expulsión de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. El escrito, que fue preparado con el Estado de California, fue presentado en nombre de 11 estados. Fue seleccionado como ganador por un panel de expertos abogados litigantes del sector privado ante la Corte Suprema.

"Una de mis principales prioridades es convertir a la Fiscalía General en la mejor firma jurídica pública de la nación, y este honor reconoce la extraordinaria labor de nuestros abogados que están trabajando duro cada día para hacer realidad esa visión", dijo el Fiscal  General Eric T. Schneiderman. "Este premio bien merecido por un excelente breve alegato confirma a la vez el talento y el alto calibre de nuestros abogados en el nivel de apelación - que hacen a nuestro estado orgulloso".

La medida, conocida como SB 1070, requiere que los agentes del orden de Arizona orquestar sus propias medidas coercitivas para la expulsión- en particular arrestos y detención de las personas que parecen ser inmigrantes indocumentados - sin ningún tipo de supervisión federal, y sin tener en cuenta las prioridades de control federales . La ley de Arizona también se tipifica como delito todo el trabajo (o intentos de encontrar trabajo) de los inmigrantes indocumentados, y cualquier incumplimiento por parte de esos inmigrantes de los requisitos de registro federales. Los Estados Unidos presentó una demanda para impedir la aplicación de la ley de Arizona, sobre la base de que entra en conflicto con la ley y políticas federales. Dos tribunales federales inferiores estuvieron de acuerdo. Arizona está tratando de obtener Corte Suprema los EE.UU.  revoque esa decisión.

La ley de Arizona "desplaza y suplanta inapropiadamente la autoridad federal sobre la remoción de los inmigrantes indocumentados, un asunto que la Constitución deja al Congreso, y que el Congreso delegó a la discreción y la supervisión exclusiva de los funcionarios federales del poder ejecutivo. S.B. 1070 obstruye y obstaculiza los esfuerzos federales para establecer las prioridades nacionales para la remoción de los inmigrantes indocumentados ", argumentan los estados en el escrito.

"Los esfuerzos excesivamente celosos e indiscriminados para identificar y expulsar a los inmigrantes indocumentados también suponen muchos riesgos de violación de los derechos civiles que se extiende a los residentes legales. Las medidas de ejecución dirigidas a los inmigrantes  "removibles" como la revisión de la documentación u otras medidas de investigación, por lo tanto, amenazan con barrer a muchos inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que simplemente comparten la misma raza, etnia o identidades culturales de los inmigrantes indocumentados comunes a un área en particular. "

Los otros estados que unen el escrito, además de Nueva York y California, son Connecticut, Hawai, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Oregón, Rhode Island y Vermont.

El escrito argumenta que el Congreso puso el poder ejecutivo federal a cargo de la aplicación y la supervisión de una política de inmigración a nivel nacional con prioridades específicas. Como parte de esa política, el Poder Ejecutivo  supervisa los esfuerzos de cooperación para identificar, arrestar y detener a inmigrantes indocumentados con fines de expulsión. Pero bajo la ley federal,  los estados no podrán desarrollar sus propias prioridades de aplicación, sin la supervisión federal. El informe identifica varias buenas razones para sostener este principio.

En primer lugar, los esfuerzos de para expulsar a gente de los EE.UU. puede tener muchos efectos en comunidades enteras, que pueden estar compuestas por inmigrantes documentados e indocumentados, así como ciudadanos estadounidenses. Estos efectos pueden interrumpir las familias, comunidades y otras relaciones económicas y sociales. En segundo lugar, las medidas de ejecución dirigidas a los inmigrantes indocumentados amenaza con barrer a muchos  inmigrantes documentados y ciudadanos,  - y los esfuerzos de aplicación excesivos crean el riesgo de violaciones de derechos civiles que causan daños graves en los que simplemente comparten la misma raza, etnia, o la apariencia, como los inmigrantes indocumentados.

El escrito también argumenta que, si los estados podrían hacer valer sus propias prioridades y políticas en este ámbito, sus acciones tendrían consecuencias importantes para otros estados. La política de eliminación unilateral de Arizona impondría serias exigencias a las autoridades federales, quienes tendrían que responder a las solicitudes de información oficiales de Arizona y determinar qué hacer con los detenidos en Arizona. Esto desviaría los recursos federales de las áreas prioritarias establecidas por el Congreso, incluyendo la protección del público de delincuentes peligrosos y terroristas, no sólo en Arizona sino en otros lugares. Y las políticas independientes de Arizona, inevitablemente afectaría las decisiones tomadas por los inmigrantes y residentes legales acerca de dónde vivir y visitar, lo que resulta en un considerable impacto social y económico en otros estados.

NAAG es una organización no partidista, fundada en 1907 para fomentar la cooperación interestatal en cuestiones legales y de aplicación la ley, llevar a cabo políticas de investigación y análisis, y facilitar la comunicación entre los principales funcionarios judiciales de los estados y todos los niveles de gobierno. El “Premio al Mejor Escrito de Demanda" de NAAG se basa en la decisión de un panel compuesto por expertos de apelación de las principales firmas privadas de abogados en los Estados Unidos.

El reconocimiento será entregado en Washington, D C el 11 de julio a la Solicitor General Barbara Underwood, quien preparó el escrito junto con la Fiscal General Adjunta Cecilia Chang, al Jefa de la Oficina de Derechos Civiles Kristen Clarke, y el asesor especial de la Fiscalía General de Steven Wu, con la asistencia de Asistente de Fiscal General Matthew W. Grieco y la Fiscal General Auxiliar Clare Norins. La decisión en el caso se espera para finales de este mes.

Una copia del escrito galardonado de la Fiscalia General breve está disponibleen: http://www.ag.ny.gov/sites/default/files/11-182%20bsac.pdf