Schneiderman Anuncia Declaración De Culpabilidad De Dueña De Compañía De Ambulancia De Long Island Que Robo Cerca De $ 350,000 Al Medicaid

MINEOLA - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy que Patricia Clague, la dueña de Ángel Ambulette en el Condado de Nassau, se declaró culpable de delito grave de robo a gran escala. Admitió que, bajo su dirección, la compañía facturó y cobró casi $350.000 dólares al programa de Medicaid para los servicios de transporte que nunca se prestaron o fueron proporcionados a los beneficiarios de Medicaid por los conductores inexpertos y licencias inapropiadas. Bajo los términos de su acuerdo con la fiscalía, Clague pagará al estado $348,000 en restitución y servirá a cuatro meses de prisión, a partir del 1 de octubre.

"La dueña de la compañía de Ambulette facturó rutinariamente el estado de Nueva York para los servicios de transporte que no estaban previstos y los servicios ofrecidos por los conductores sin capacitación y con licencia inapropiadas", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Este es un comportamiento inaceptable y los que roban dinero de los contribuyentes a costa de nuestros ciudadanos más vulnerables serán atrapados y castigados".

Más allá de Patricia Clague, la Fiscalía General ha arrestado a una docena de personas, en este caso, incluyendo a la suegra de Clague, Barbara Clague, quien tiene 78 años y se declaró culpable de hurto, un delito menor, por su papel en la falsificación de los registros de la compañía para su nuera de 45 años de edad, para hacer que parezca que se prestaron los servicios. Las mujeres, de Lindenhurst, aparecieron en la Corte del Condado de Nassau ante la jueza Anna Anzalone el viernes.

Bajo los términos de su acuerdo con la fiscalía, Patricia Clague, quien se declaró culpable de un cargo de Hurto Mayor en Tercer Grado, también cumplirá cinco años de libertad condicional y está permanentemente excluida de participar en cualquier programa de salud del gobierno. Barbara Clague, que trabajaba en un puesto administrativo en la empresa, deberá pagar una multa de $1,000 por su participación en el plan para defraudar a Medicaid y también será definitivamente excluida de la participación en los programas de salud del gobierno.

De acuerdo a las denuncias penales presentadas contra las mujeres, a partir de febrero de 2005 hasta diciembre de 2009, cientos de registros de la compañía fueron falsificados para reflejar que brindaron ciertos servicios de transporte.

La investigación del Fiscal General descubrió casos en los que la empresa facturó y cobró al programa para el transporte de los pacientes que se encontraban en el hospital e incluso los beneficiarios de Medicaid que habían muerto anteriormente. Además, a sabiendas de que los conductores de Angel Ambulette debieron recibir formación en seguridad como un requisito previo a la obtención de las licencias de conducir de taxistas en el Condado de Nassau, Patricia Clague hizo gestiones para que varios de sus conductores obtuvieran las licencias sin haber recibido la formación.

La investigación mostró que la empresa facturó más de 2.500 viajes que nunca ocurrieron y más de 4.000 viajes de ida por los conductores que no tenían una licencia adecuada. La Unidad de Control de Fraude de Medicaid Fiscal General perseguirá la recuperación de cientos de miles de dólares de fondos adicionales a través de una acción legal civil contra Patricia Clague.

Otros nueve empleados de Ángel Ambulette han sido acusados en relación con su papel en el fraude. Ocho de ellos se han declarado culpables de falsificación de registros comerciales en segundo grado. Ellos son:

• Alfonso Mintz, 44, de Rosedale, dispatcher
• Lamonte Hatch, 58, de Roosevelt, dispatcher/conductor
• Stephen Drettler, 73, de Wantagh, conductor
• Glenda Green, 54, de Uniondale, conductora
• Elizabeth McKoy, 51, de Roosevelt, conductora
• John Young, 52, de Sayville, conductor
• Gregory Newson, 45, de Roosevelt, conductor
• David Williams, 39, de Long Beach, conductor
• Hector Alicea, 42, de Hempstead, es el novena conductor de Angel Ambulette arrestado.  

Documentos de la corte muestran que Mintz, mientras trabajaba como despachador, siguió las instrucciones de las Clagues 'para falsificar registros de la compañía para reflejar que determinados servicios se habían prestado. Los conductores todos falsificaron registros del Instituto American Safety, Inc para reflejar falsamente que habían asistido a un curso de conducción defensiva y utilizaron sus certificados de finalización de cursos obtenidos de forma fraudulenta para obtener licencias de conducir ambulettes de Nassau TLC. Esto también se hizo bajo la dirección de Patricia Clague.

Los cargos criminales también fueron presentados en contra de Angela Sutherland, de 54 años, de Westbury, NY, y Errol McPherson, de 38 años, de Queens Village, en este caso de falsificación de documentos de la American Safety Institute, Inc., para reflejar que varios choferes de Angel Ambulette habían asistido y completado el Curso de manejo seguro ofrecido por la compañía. Sutherland y McPherson cada uno enfrenta ocho cargos de delito grave de Falsificación de Registros Comerciales en el primer grado. Se enfrentan a un máximo de 4 años de prisión.

El Fiscal General Schneiderman agradeció al Departamento de Salud del Estado de Nueva York, los cuarteles tres y siete del Departamento de Policía del Condado de Nassau y los investigadores de la Oficina de la Fiscal de Distrito del Condado de Nassau, por su cooperación y asistencia en la investigación y los arrestos.

La  Investigadora Especial del la Fiscalía General Regina Hogan y el Investigador Principal Retirado Ángel Rivera, así como el ex investigador Auditor Especial Charles Meyer y la Auditora Supervisora Investigadora Margaret McArdle colaboró en la investigación.

La Asistente Especial del Fiscal General Lara Merchan, adscrito a la Oficina Regional Unidad de Control de Fraude de Medicaid del Fiscal General de Long Island está procesando el caso bajo la supervisión de la Directora Regional Jane Zwirn-Turkin, el Fiscal Adjunto Paul Mahoney, la Directora de MFCU Mónica Hickey-Martin y la Fiscal General Adjunta de Justicia Criminal Kelly Donovan.