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Post date: November 19 2015

Schneiderman Demanda A Distrito Escolar De Utica En Relación Con Las Barreras De Inscripción Que Enfrentan Los Inmigrantes Y Refugiados Estudiantes

El distrito escolar de la ciudad de Utica deliberadamente ha excluido a inmigrantes entre las edades de 17 a 20 años de matricularse en la escuela secundaria local

Schneiderman: El acceso a la igualdad de oportunidades educativas es fundamental para el sueño americano

UTICA - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció la presentación de una demanda de derechos civiles contra el Distrito Escolar de la Ciudad de Utica ("Distrito"), alegando que el Distrito ha discriminado a estudiantes inmigrantes al negarles el acceso a la igualdad de oportunidades educativas. Presentada ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Nueva York, la demanda alega específicamente que, por lo menos desde 2007, el Distrito ha desviado a estudiantes inmigrantes por encima de los 16 años a otros lugares lejos de la escuela secundaria local, Proctor High School, y hacia programas alternativos que más bien son callejones sin salida en términos académicos. Prácticas del Distrito han privado efectivamente muchos en Utica comunidad diversa de los refugiados y los inmigrantes la oportunidad de obtener una educación significativa y un diploma de escuela secundaria.

"Cada neoyorquino menor de veintiún años tiene derecho a asistir a la escuela pública en el distrito en el que reside, sin importar su estatus migratorio o el origen nacional", dijo el Fiscal General Schneiderman. "El acceso a una educación de calidad es la base del sueño americano. Los distritos escolares no pueden colocar obstáculos y barreras arbitrarias en el camino de los inmigrantes y refugiados que están luchando por lograr una vida mejor para ellos y sus familias".

La demanda alega que el Distrito ha participado durante años en un patrón de conducta diseñado para evitar que los estudiantes inmigrantes mayores de 16 puedan matricularse en la escuela pública secundaria Proctor High School. En concreto, el Distrito requiere que cualquier estudiante del que percibe limitaciones de competencia en el idioma Inglés proporcionar documentos de inmigración como prueba de edad. El Distrito entonces revisa esos documentos, y desvía a los estudiantes mayores de 16 en los servicios de educación alternativos por separado y aparte del programa general que se ofrece en escuela secundaria Proctor High School. Estas prácticas del Distrito ha expulsado no sólo a los refugiados recién llegados, sino también a las personas que habían pasado varios años en los Estados Unidos las escuelas secundarias en otros estados y que se habían mudado recientemente a Utica.

La demanda también alega que el Distrito desvió a estos estudiantes inmigrantes hacia los programas alternativos que eran efectivamente un camino a ninguna parte. Los programas que se ofrecen a los estudiantes inmigrantes por encima de la edad de dieciséis años no proporcionaron la oportunidad de obtener créditos para un diploma de escuela secundaria, y no preparan adecuadamente a los estudiantes para tomar el examen de equivalencia de escuela secundaria. En cambio, los programas son callejones sin salida académicos, lo que lleva a algunos estudiantes a  pasar más de dos años para el  aprendizaje de poco más que las habilidades en Inglés básico. A los estudiantes que buscaban hacer la transición de estos programas en Proctor se les negó esa oportunidad por los funcionarios del Distrito y con frecuencia se les dilataba hasta que sobrepasaban la edad límite o simplemente hasta que abandonaran la escuela. 

La demanda alega, además, que estos programas educativos alternativos tuvieron como resultado la segregación de los estudiantes inmigrantes, separándolos de estudiantes no inmigrantes. Los estudiantes inmigrantes mayores de 16 fueron instruidos en los edificios que estaban físicamente separados de estudiantes no inmigrantes; comían el almuerzo separados de estudiantes no inmigrantes; no eran incluidos en las clases de gimnasia, arte, o clases de música con los estudiantes no inmigrantes; no participaban en actividades extracurriculares con estudiantes no inmigrantes; e incluso le requerían viajar en los autobuses separados y aparte de los estudiantes no inmigrantes.

En octubre de 2014, la Fiscalía  General y el Departamento de Educación del  Estado de Nueva York ("SED") emitieron u memorándum de orientación a todos los distritos escolares en el estado sobre sus obligaciones de inscripción bajo mandato de no discriminación de la Corte Suprema de Justicia en Plyler v. Doe. En concreto, la orientación requiere que todos los distritos escolares se abstiengan de investigar el estatus migratorio de cualquier futuro estudiante a fin de evitar el efecto de intimidación en la inscripción de cualquier futuro estudiante elegible. Después de la emisión de esta guía, SED emitió una modificación de emergencia al Reglamento del Comisionado 100.2 (y), que deja en claro los tipos de requerimientos que los distritos escolares pueden hacer al realizar determinaciones de residencia. Después de esto, la Fiscalía General logró acuerdos con más de veinte distritos escolares en todo el estado para modificar sus materiales y políticas de inscripción para garantizar que las personas no estaban siendo objeto de discriminación sobre la base de su origen o condición de ciudadanía / inmigración.

La demanda alega violaciónes de la Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas de 1974, 20 USC § 1703, el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 42 USC § 2000d y ss., La Ley de Educación del Estado de Nueva York, la Ley de Educación de Nueva York § 3202 (1) y la Ley de Educación de Nueva York § 3201, la Constitución del Estado de Nueva York y la Constitución de Estados Unidos.

Este asunto está siendo manejado por los Fiscales Adjuntos  Justin Deabler, Diane Lucas, y Ajay Saini del Buró de Derechos Civiles de la Fiscalía General, liderado por la Jefa del Buró Kristen Clarke. El Fiscal General Ejecutivo Adjunto para la Justicia Social es Alvin Bragg.

La Oficina del Fiscal General se compromete a proteger a todos los neoyorquinos de discriminación. Para presentar una queja de derechos civiles, póngase en contacto con la Fiscalía General, llamando al (212) 416-8250, o visite www.ag.ny.gov civil.rights@ag.ny.gov.

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