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Post date: February 9 2016

Schneiderman Y Contralor Dinapoli Anuncian Cuarta Declaración De Culpabilidad En Caso Manipulación De Licitaciones En Condado De Monroe

Daniel Lynch podría enfrentar hasta siete años de prisión luego de declararse culpable de cuatro delitos graves en relación con elaborado esquema de manipulación de licitaciones; Lynch es el cuarto y último acusado en este expediente en declararse culpable de cargos relacionados con el esquema de manipulación de licitaciones

ROCHESTER - El Fiscal General Eric T. Schneiderman y el Contralor Thomas P. DiNapoli anunciaron hoy la declaración de culpabilidad de Daniel Lynch, un hombre de negocios del área de Rochester, por su complicidad para manipular el proceso de licitación de contratos millonarios para obras públicas en el condado de Monroe. Lynch entró hoy una declaración de culpabilidad ante el Honorable Dennis M. Kehoe en el Tribunal del Condado de Monroe a cuatro delitos graves, incluyendo dos cargos felonías clase "C" de Hurto Mayor en Segundo Grado en violación de la Ley Penal § 155.40 (1) y dos cargos de la clase "E" por el delito grave de Combinación para Restringir el Comercio y Competencia en violación de la Ley General de Negocios §§ 340 y 341, también conocida como Ley de Donnelly del Estado de Nueva York. Sobre la base de lo que se afirma en el expediente en los procedimientos judiciales de hoy en día, se espera que Lynch sea condenado de dos años y un tercio a siete años de prisión y deberá pagar aproximadamente $600,000.00 en restitución y la confiscación.

Lynch fue acusado originalmente en noviembre de 2013 junto con John Maggio, también  un hombre de negocios local, Robert Wiesner, ex director de seguridad de la Autoridad de Agua del Condado de Monroe, y Nelson Rivera, ex director de información para el condado de Monroe. Los hombres fueron acusados de participar en un esquema para manipular el proceso de licitación de contratos de obras públicas en el condado de Monroe. Estos contratos incluyen un contrato de $ 99 millones para proporcionar actualizaciones y el mantenimiento de la infraestructura informática del condado, y un contrato de $ 212 millones para proporcionar actualizaciones y mantenimiento de sistemas de seguridad y protección públicas del condado. Lynch también fue acusado en la acusación con inflar los contratos y la creación de falsos contratos como parte de estos proyectos, y usar el dinero de los contratos inflados y falsos para su propio beneficio o en beneficio de otros.

"Los contratos gubernamentales deben adjudicarse de manera justa y competitiva", dijo el Fiscal General Schneiderman. "La declaración de culpabilidad de hoy demuestra que mi oficina está comprometida a garantizar que los fondos de los contribuyentes se inviertan adecuadamente. Aquellos que violan la confianza del público tendrán que rendir cuentas”.

"La condena del Sr. Lynch es la cuarta que se deriva de las auditorías e investigación del abuso generalizado de las LDC’s por mi oficina", dijo el Contralor del Estado Thomas P. DiNapoli. "Estos individuos engañaron a los contribuyentes con gastos innecesarios, y pensaron que podían salirse con la suya. Lo que ocurrió en el condado de Monroe, debería enviar una advertencia a nivel estatal. Quiero agradecer al Fiscal General Schneiderman por su trabajo en estos casos e instar a la población a denunciar la corrupción y hacer rendir cuentas a los funcionarios públicos".

Lynch admitió hoy que entre marzo de 2004 y alrededor de octubre de 2013, y de nuevo entre marzo de 2008 y aproximadamente octubre de 2013, mientras actuaba en concierto con otros, entró en, participo en, y siguió participando en un contrato, convenio, y la combinación de los mismos para limitar la competencia en el proceso de licitación del condado de Monroe para el contrato de servicios tecnológicos por $ 99 millones de 2004, y para el contrato de seguridad pública $212 Millones de euros 2009, por medio de la manipulación de licitaciones. Lynch también admitió que él creó contratos falsos e infló otros contratos como parte de estos proyectos, y utilizó el dinero de los contratos inflados y falsos del condado de Monroe, para su propio beneficio o en beneficio de otros.

Lynch es el cuarto y último acusado en virtud de esta acusación a declararse culpable de cargos relacionados con este esquema de manipulación de licitaciones. En enero, Robert Wiesner se declaró culpable de un delito grave clase "E"  y pagó una multa de $5,000.00 y liberó $ 3,000.00 de una ganancia ilegal. También fue condenado a una libertad condicional de tres años. La semana pasada, Nelson Rivera se declaró culpable de dos delitos de clase "E" y renunció a su pensión del gobierno. Además, Rivera podría nunca más servir como un empleado público de Nueva York, debe pagar una multa de $25.000 y se espera que sea condenado a cinco años de libertad condicional. En noviembre, John Maggio se declaró culpable de un delito grave clase "E" de combinación para restringir el comercio y la competencia, también conocido como una violación de la Ley Donnelly del Estado de Nueva York. Este caso es la más reciente investigación llevada a cabo como parte de la Operación Integridad, una iniciativa conjunta entre el Fiscal General del Estado de Nueva York y el Contralor del Estado para erradicar el desperdicio y el abuso en el gobierno estatal. Hasta la fecha, la iniciativa ha dado lugar a decenas de condenas y más de $ 9 millones en restitución al estado.

Los Fiscales Adjuntos María Gorman y Brian McDonald, de la Oficina de Integridad Pública del Procurador General están a cargo del caso, con la asistencia de los analistas Kamal Sookram, Morgan McCollum, y Joseph Conniff. La Oficina de Integridad Pública está dirigida por el Jefe de la Oficina Daniel Cort y la Vice Jefa del Buró Stacy Aronowitz. La investigación fue realizada por los investigadores David Buske y Christopher Reidy de la Oficina de Investigaciones, con el apoyo del investigador Richard Doyle, Jefe Adjunto Antoine Karam, y el Jefe de la Oficina Dominick Zarrella. La Fiscal Ejecutiva Adjunta Kelly Donovan lidera la División de Justicia Criminal. La investigación se llevó a cabo conjuntamente con la División de Investigaciones sobre Administración  de Administración del contralor Thomas P. DiNapoli.

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