Schneiderman Y Comisionado De Doi Peters Anuncian Declaración De Culpabilidad De Contratista Y Casi $ 800, 000 En Restitución A Trabajadores

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman y el Comisionado del Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York, Mark G. Peters,  anunciaron hoy las declaraciones de culpabilidad de Sergio Raymundo, de 28 años, y su empresa de construcción con sede en New Paltz Lalo Drywall, Inc. Ambos acusados se declararon culpable en Corte Suprema de Manhattan bajo un acuerdo con la Oficina del Fiscal General (OAG) y deben pagar $793,509.60 en restitución y $ 83,143.76 en las cotizaciones de desempleo que no habían pagado al Departamento de Estado de Nueva York del Trabajo, División de Seguro de Desempleo.

Raymundo y Lalo Drywall, Inc. engañaron a ocho trabajadores de un complejo de viviendas de Harlem de un total de aproximadamente $ 800,000.00 en salarios durante un período de 17 meses, y trató de ocultar los pagos insuficientes mediante la firma de falsos cheques girados contra la cuenta de la empresa que indican que los empleados en el trabajo se le había pagado correctamente bajo la ley. Sin embargo, dichos cheques no fueron en realidad entregados los trabajadores.

"No importa lo creativo en que se conviertan en sus esquemas ilegales, los contratistas deshonestos tendrán que rendir cuentas. Esta declaración de culpabilidad demuestra que mi oficina continuará tomando medidas agresivas contra los contratistas de obras públicas que engañan a sus empleados de salarios adecuados y que abusan del dinero de los contribuyentes", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Los trabajadores deben ser pagados por su trabajo, y mi oficina se compromete a garantizar que los trabajadores que sean engañados reciban salarios".

El Comisionado del Departamento de Investigaciones de la Ciudad de Nueva York,  Mark G. Peters, dijo: "Las declaraciones de culpabilidad de los acusados, y la restitución que se otorgan a los trabajadores que fueron engañados por casi $ 800,000 en salario que le corresponde, demuestra que el robo de salarios en proyectos de obras públicas es un delito grave con consecuencias. DOI seguirá buscando y exponiendo a los empresarios que intentan robar los trabajadores los salarios ganados con sudor. Doy las gracias al Fiscal General y los organismos aliados por sus esfuerzos para descubrir y procesar estos crímenes".

Sergio Raymundo se declaró culpable de un cargo de Falsificación de Documentos en  primer grado bajo la Ley Criminal del Estado de Nueva York, un delito clase E, así como de un cargo de Falta de Pago de Salarios en virtud de la Ley del Trabajo del Estado de Nueva York, un delito menor no clasificado. Con su declaración, Raymundo pagó $ 350,000.00 a la OAG en representación de restitución y el seguro de desempleo que Lalo Drywall, Inc no había pagado. En la sentencia, en el marco del acuerdo de culpabilidad, Raymundo debe pagar otros $ 210,000.00 que representa una cantidad adicional de restitución y las contribuciones pendientes de pago por desempleo. Los restantes $318,150.56 en restitución y contribuciones pendientes de pago por desempleo se pagarán después de la sentencia de Raymundo.

Lalo Drywall, Inc. se declaró culpable de un cargo de Falsificación de Documentos en Primer Grado, un delito clase E, y será condenado a una libertad condicional. En virtud de los acuerdos entre las partes, tanto Raymundo y Lalo Drywall, Inc. también están impedidos de hacer una oferta en o para recibir cualquier contratos públicos en el estado de Nueva York por los próximos 5 años.

Esta declaración de culpabilidad se deriva de los arrestos en abril de 2015 de cinco subcontratistas como parte de un enfoque continuo por el Fiscal General Eric T. Schneiderman y la el Comisionado del Departamento de Investigaciones de la Ciudad de Nueva York Mark G. Peters sobre acusaciones generalizadas de robo de salarios en los proyectos de obras públicas en la ciudad de Nueva York. Uno de los subcontratistas era Lalo Drywall, Inc., que fue investigada por los esquemas de pago insuficiente que tuvieron lugar entre el 10 de abril de 2013 y 27 de agosto de 2014 en los trabajos del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) en Sugar Hill Houses, un proyecto de uso mixta –comercial y habitacional- de la Ciudad de Nueva York para personas de bajos ingresos en Harlem, que estaba sujeto a los requisitos de salario prevaleciente. Las leyes federales y estatales vigentes sobre salarios buscan asegurar que contratistas del gobierno pagan los salarios y beneficios que son comparables a las normas locales para una determinada tarea, por lo general muy por encima del salario mínimo federal y estatal.

El caso fue investigado por el Subinspector General David Jordan y Inspector General Adjunto Ondie Frederick bajo la supervisión de la Inspectora General Jessica Heegan. El esfuerzo del  Departamento de Investigación para combatir violaciones de salarios prevalecientes fue supervisado por el Comisionado Superior Asociado Michael Carroll y el Comisionado Asociado William Jorgenson

Los iinvestigadores del Fiscal General que trabajaron  en estos casos fueron Elsa Rojas, Sixto Santiago, Edward Ortiz, Ismael Hernández, Brian Metz, Michael Leahy, Naomi Jiménez, Michael Yun y los investigadores superiores Salvatore Ventola y Lawrence Riccio con la asistencia del investigador supervisor John M. Sullivan y Michael Ward. La investigación se llevó a cabo bajo la supervisión del Investigador Supervisor Luis Carter, bajo la dirección del Jefe Adjunto Investigador John McManus. La Oficina de Investigaciones de la Fiscalía General está encabezada por el Jefe Investigador Dominick Zarrella.

Los casos criminales fueron procesados por el Fiscales Adjuntos Matthew Ross y  Richard Balletta, quien es Jefe de la Sección Penal del Buro de Asuntos Laborales  de la Fiscalía General, con la ayuda de Stephanie Swenton, Sub Jefa de la Oficina de Ejecución Penal y Crímenes Financieros. La Jefa del Buro de Asuntos Laborales  es Terri Gerstein. El Fiscal Ejecutivo Adjunto de Justicia Social es Alvin Bragg y Kelly Donovan es la Fiscal Ejecutiva Adjunta de Justicia Penal.