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Schneiderman Lidera Coalición De 12 Estados En Oposición A Reversión De Regulaciones Que Pondría En Peligro La Salud Y Seguridad De Los Americanos

Fiscales generales advierten a Senadores de Estados Unidos: El proyecto "Ley de Responsabilidad Regulatoria" propuesto "estropearía, bloquearía y descarrilaría" la implementación de leyes populares y necesarias

De convertirse en ley, proyecto dejaría a los neoyorquinos y a todos los estadounidenses sin protecciones críticas de productos químicos tóxicos, prácticas de comercialización predatorias, condiciones laborales peligrosas, inseguridad de alimentos, medicamentos y más

AG Schneiderman: El Senado debe proteger al público primero y rechazar esta legislación mal concebida e imprudente

NUEVA YORK- El Fiscal General Eric T. Schneiderman, dirigiendo una coalición de 12 fiscales generales del estado, escribió hoy al Senado de los Estados Unidos expresando una "fuerte oposición" al proyecto denominado Ley de Responsabilidad Regulatoria de 2017 (RAA), que pondría en peligro la salud, la seguridad y el bienestar del público estadounidense. En una carta dirigida al liderazgo del Senado, la coalición sostiene que el RAA pondría el proceso regulatorio federal "en un alto nivel de parálisis", obstruyendo así la implementación de leyes que protegen a los estadounidenses de productos químicos tóxicos, prácticas predatorias de mercadeo, condiciones laborales, alimenticias y medicinas peligrosas, y mucho más.

Uniéndose al Fiscal General Schneiderman están los fiscales generales de California, Delaware, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.

"Los neoyorquinos dependen de nuestras leyes federales, ya sea que protejan de drogas peligrosas, prácticas comerciales depredadoras o productos tóxicos para niños", dijo el Fiscal General Schneiderman. "La propuesta Ley de Responsabilidad Regulatoria paralizaría la implementación de estas leyes populares y necesarias entregando el proceso regulador a intereses especiales de los ricos, creando procedimientos innecesarios y litigios interminables. Me uno a mis colegas para pedir al Senado de los Estados Unidos que ponga los intereses del público primero rechazando esta legislación mal concebida e imprudente".

Haga clic aquí para leer la carta completa.

La RAA fue presentada en el Senado en abril de 2017. El propósito declarado de la Ley es reformar el proceso regulatorio federal "para reducir la burocracia para que los programas federales funcionen como se pretenda y sean eficaces y eficientes".

Mientras que los fiscales generales reconocen la loable meta de promover una regulación efectiva, su carta argumenta con fuerza que las muchas "disposiciones mal concebidas e imprudentes" de la RAA funcionan contra este objetivo sirviendo para "estropear, obstaculizar y descarrilar la implementación de políticas populares y leyes necesarias ". Señalan varias provisiones preocupantes del proyecto de ley, incluyendo aquellas que:

  • incrementa la probabilidad de que las llamadas reglas de "alto impacto" y las reglas "importantes" estén sujetas a largas y onerosas audiencias tipo juicio que beneficien a los intereses especiales en detrimento del público en general;
  • otorga a los organismos federales la facultad discrecional para determinar que una regla es de "alto impacto" o "mayor", lo que desencadenaría nuevas e incómodas normas de procedimiento y obstaculizaría la adopción de salvaguardias públicas críticas; y
  • Requiere que las reglas propuestas se sometan a un nuevo estándar de análisis mal definido "más rentable" que invita a litigios de intereses especiales que buscan bloquear, retrasar y debilitar las regulaciones federales propuestas, ya sea para proteger el medio ambiente, la salud pública , los lugares de trabajo o la seguridad de los alimentos y medicamentos.

La carta proporciona un ejemplo ilustrativo de cómo un estándar igualmente prohibitivo descarriló un esfuerzo de una década para regular el asbesto, un material notoriamente letal. En 1989, después de estudiar la regulación del asbesto durante más de diez años y acumulando un registro administrativo de 100.000 páginas, la EPA anunció una regla final que prohibía prácticamente todos los productos que contenían asbesto bajo la Ley de Control de Sustancias Tóxicas. La industria del asbesto y sus partidarios presentaron una demanda que desafiaba la acción de la EPA. Si bien el tribunal estuvo de acuerdo con la EPA en que "el asbesto es un potencial carcinógeno en todos los niveles de exposición", encontró que el Organismo no había demostrado que había cumplido con la norma de análisis - la "alternativa menos onerosa" y dejó la regla sin efecto.

A través del estándar "más rentable" y muchas otras disposiciones del proyecto de ley, la coalición argumenta que el RAA "introducirá impedimentos innecesarios, pesados y costosos en la reglamentación federal que aumentarían drásticamente el tiempo necesario para poner los salvaguardias públicos en su lugar, excluiría al público del proceso de reglamentación y daría lugar a litigios evitables y prolongados que favorezcan intereses especiales poderosos".

La carta insta a la dirección del Senado a oponerse a la aprobación de la RAA.

Este asunto está siendo manejado por el Fiscal General Schneiderman por el Analista de Políticas Jeremy Magliaro, y la Subdirectora General Monica Wagner y el Consejero Principal Michael J. Myers, bajo la supervisión de Lemuel M. Srolovic, Jefe de la Oficina de Protección Ambiental del Fiscal General. La Oficina forma parte de la División de Justicia Social, dirigida por el Fiscal Ejecutivo de Justicia Social Alvin Bragg.