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Schneiderman Demanda Al Departamento De Educación De Los Estados Unidos Por Abandonar Protecciones Críticas A Los Estudiantes

Los fiscales generales someten demanda contra la Secretaria de Educación DeVos por retrasar las normas que protegen a los estudiantes y contribuyentes del abuso de las predatorias escuelas con fines de lucro

NUEVA YORK - Hoy, el Fiscal General Eric T. Schneiderman, parte de una coalición de 19 fiscales generales, demandó al Departamento de Educación de los Estados Unidos y a la Secretaria Betsy DeVos por abandonar las protecciones federales críticas que se establecieron para entrar en vigor el 1 de julio de 2017.

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, alega que el Departamento de Educación violó la ley federal rescindiendo de manera abrupta su Regla de Defensa del Prestatario, diseñada para hacer rendir cuentas a las instituciones de educación superior abusivas que han engañado a estudiantes y contribuyentes por miles de millones de dólares en préstamos federales. La regla fue finalizada por la administración Obama en noviembre de 2016 después de casi dos años de negociaciones, tras el colapso de Corinthian Colleges, una cadena nacional de escuelas con fines de lucro.

"Estas reglas fueron diseñadas como protecciones críticas contra las escuelas predatorias con fines de lucro que explotan a los estudiantes - estudiantes que simplemente están tratando de invertir en su propia educación y futuro", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Sin embargo, la Administración Trump sigue trabajando contra los estudiantes de Nueva York y aliándose con actores sin escrúpulos en la industria de la educación superior. Cuando Washington abdica su responsabilidad de proteger a los neoyorquinos, no dudaremos en intervenir".

En mayo de 2017, la Secretaria DeVos anunció que el Departamento estaba reevaluando la Regla de Defensa del Prestatario. El 14 de junio, el Departamento anunció su intención de retrasar grandes porciones de la Regla de Defensa del Prestatario, haciendo esto sin solicitar, recibir o responder a ningún comentario de ningún interesado o miembro del público, y sin participar en un proceso deliberativo público. El Departamento anunció simultáneamente su intención de emitir un nuevo reglamento para reemplazar la Regla de Defensa del Prestatario.

En un breve aviso publicado en el Federal Register, el Departamento citó litigios pendientes en el caso de la Asociación de Escuelas Primarias Privadas de California (CAPPS) v. Betsy DeVos como una excusa para retrasar la implementación de la Regla de Defensa del Prestatario. Los fiscales generales argumentan en su demanda que "la referencia del Departamento al litigio pendiente es un mero pretexto para revocar la Regla y reemplazarla con una nueva regla que eliminará o diluirá los derechos y protecciones de los estudiantes".

El mes pasado, el Fiscal General Schneiderman se unió a una coalición de fiscales generales presentando una moción para intervenir en el caso CAPPS para defender a estudiantes y contribuyentes del desafío a la Regla de Defensa del Prestatario presentada por los demandantes - una asociación comercial que representa muchas escuelas con fines de lucro.

Además, sin las protecciones de la actual Regla de Defensa del Prestatario, muchos estudiantes que son perjudicados por la mala conducta de las escuelas con fines de lucro no pueden buscar un recurso en los tribunales. La Regla de Defensa del Prestatario limita la capacidad de las escuelas para exigir a los estudiantes que firmen los acuerdos de arbitraje obligatorio y las exenciones de acción colectiva, que son comúnmente utilizadas por las escuelas con fines lucrativos para evitar la publicidad negativa y para frustrar las acciones legales de los estudiantes que han sido perjudicados por abusos.

La demanda anunciada hoy solicita a la Corte que declare ilegal el aviso de demora del Departamento y que ordene al Departamento que implemente la Regla de Defensa del Prestatario. El comité negociador de reglas del Departamento de Educación ayudó a desarrollar la Regla de Defensa del Prestatario, en gran parte como resultado de investigaciones estatales y federales en escuelas con fines de lucro como Corinthian Colleges. Bajo la regla, una acción de ejecución exitosa contra una escuela por un fiscal general del estado da derecho a los prestatarios a obtener perdón de préstamos, y permite al Departamento de Educación buscar el reembolso de cualquier cantidad perdonada de la escuela.

En abril de 2017, el Fiscal General Schneiderman comenzó a notificar a los neoyorquinos que asistieron a ciertos programas en escuelas operadas por Corinthian Colleges, incluyendo el Everest Institute en Rochester, que son elegibles para la cancelación de sus préstamos estudiantiles federales.

Además de Nueva York, la coalición incluye los Fiscales Generales de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Iowa, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, y el Distrito de Columbia.

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