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Schneiderman Lidera El Reto Legal Contra La EPA Por Pesticidas Tóxicos En Los Alimentos

Seis fiscales generales actúan para intervenir en demanda por Clorpirifos – un plaguicida común que afecta el desarrollo neurológico infantil

Los fiscales generales argumentan que la EPA está violando la ley federal al no emitir el hallazgo de seguridad requerido – al continuar permitiendo el uso de clorpirifos en los alimentos, aunque sus propios científicos no puedan identificar un nivel seguro

NUEVA YORK – El fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, lidera una coalición de seis fiscales generales para tomar acciones legales en contra de la administración de Trump por un pesticida tóxico el cual se ha revelado afecta el desarrollo neurológico de los niños.

Los fiscales generales actuaron para intervenir en una demanda contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, después de presentar sus propias objeciones legales con la EPA el mes pasado. En marzo de 2017, el Administrador de la EPA, Scott Pruitt, tomó medidas que permitieron el uso continuo de clorpirifos en los cultivos alimenticios aun cuando la agencia no identificó un nivel seguro para el pesticida. El clorpirifos es ampliamente utilizado, incluso en frutas y verduras consumidas por bebés, niños pequeños y mujeres embarazadas, y se ha revelado que afecta negativamente el desarrollo adecuado y el funcionamiento del sistema nervioso central y el cerebro.

“Una y otra vez, la EPA de Trump ha elegido intereses especiales sobre la salud y la seguridad de los neoyorquinos y de todos los estadounidenses”, dijo el Fiscal General Schneiderman. “El trabajo número uno de la EPA debe ser proteger el bienestar de los estadounidenses, especialmente el de nuestros niños. Sin embargo, la administración está poniendo en peligro la salud de nuestros niños, permitiendo el uso de un pesticida tóxico para el cual ni siquiera puede identificar un nivel seguro. Cuando la administración de Trump se niega a seguir la ley, los Fiscales Generales estamos listos para luchar”.

Uniéndose al Fiscal General Schneiderman en la moción para intervenir están los Fiscales Generales de Maryland, Massachusetts, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia. Haga clic aquí para leer la moción.

Los Fiscales Generales afirman que la EPA no hizo un hallazgo clave de seguridad necesario para continuar permitiendo que los niveles de clorpirifos en las frutas y verduras consumidas por el público. Por eso, buscan intervenir en League of United Latin American Citizens et al v. Pruitt, en el cual grupos ambientales, de salud humana y de trabajadores agrícolas están pidiendo a la Corte que constate que la EPA no puede legalmente continuar permitiendo que las tolerancias de clorpirifos- o residuos permitidos - en los alimentos sin determinar que son seguros.

En 2014, dos miembros del grupo buscaron ayuda de la Corte para obligar a la EPA a tomar una decisión final sobre su petición para revocar todas las tolerancias de clorpirifos y eliminar su uso en los alimentos. En noviembre de 2015, el organismo propuso una revocación de todas las tolerancias de los clorpirifos en los alimentos, encontrando que no podía llegar a la conclusión de que el riesgo de exposición agregada cumplía con la norma de seguridad aplicable en virtud de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. En diciembre de 2015, la Corte ordenó a la EPA que adoptara una decisión final para finales de 2016; En noviembre de 2016, la EPA emitió un segundo aviso relacionado con la regla propuesta, observando nuevamente que el uso de clorpirifos en los alimentos continúa presentando un riesgo que no cumple con la norma de seguridad de la Ley de Alimentos.

En un abrupto cambio de posición, el 29 de marzo de 2017, el Administrador de la EPA, Scott Pruitt, emitió una orden administrativa negando la petición de 2007 de las organizaciones no gubernamentales y bloqueó la propuesta de revocar las tolerancias de clorpirifos. Aunque la orden de la EPA dejó las tolerancias de alimentos en efecto, la agencia no logró hacer un hallazgo clave de seguridad bajo la Ley de Alimentos. La Ley de Alimentos requiere que las tolerancias de la EPA sólo entren en vigor si las encuentra seguras y revocar las tolerancias si la Agencia no puede determinar que los niveles son seguros. La orden del Administrador Pruitt de marzo de 2017 suspende hasta octubre de 2022, si no más, cualquier decisión sobre si revocar o modificar los residuos o tolerancias actuales para el plaguicida.

En junio de 2017, la coalición de organizaciones no gubernamentales desafió la orden del Administrador de la EPA en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Seattle. Los Fiscales Generales tratan de intervenir en ese caso, y también han presentado objeciones legales directamente con la EPA, argumentando que la orden del Administrador de dejar residuos de clorpirifos en los alimentos viola la Ley de Alimentos debido a que no se han encontrado seguros.

El clorpirifos es uno de los insecticidas más utilizados en los Estados Unidos. Se utiliza en numerosos cultivos alimenticios, incluyendo los consumidos por bebés y niños pequeños, tales como manzanas, fresas, bananas, peras, melocotones, nectarinas y cerezas. Los residuos del plaguicida se han documentado repetidamente en alimentos y jugos para bebés. El Programa de Datos de Plaguicidas del USDA muestra que la detección de residuos de clorpirifos es común en muchos alimentos. Por ejemplo, los residuos se encontraron en más del 42% de las almendras examinadas en 2007 y 2008 (los únicos dos años que las almendras fueron probadas).

El pesticida actúa inhibiendo una enzima que es clave para el correcto desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso central y del cerebro. Varios estudios han demostrado que los niños nacidos de mujeres expuestas a clorpirifos durante el embarazo presentaron retrasos en el desarrollo cognitivo y motor en los primeros tres años y cambios estructurales en el cerebro, menor memoria de trabajo y puntajes del CI a los siete años y trastornos del movimiento (incluidos temblores de las manos) a la edad de once años.

El clorpirifos ha sido sometido a revisión regulatoria durante casi 20 años, y sus daños tóxicos están bien documentados. Más recientemente, los propios científicos de la EPA fueron dos veces incapaces de identificar un nivel seguro para el pesticida en los alimentos.

Este asunto está siendo manejado por la Fiscal Adjunta Maureen F. Leary y la Científica Ambiental Jennifer Nalbone bajo la supervisión de Lemuel M. Srolovic, Jefe de la Oficina de Protección Ambiental del Fiscal General. La Oficina forma parte de la División de Justicia Social, dirigida por el Fiscal Ejecutivo de Justicia Social Alvin Bragg.