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Schneiderman Anuncia La Condena Por Delito Grave De Una Falsa Abogada Que Defraudó A Más De 400 Neoyorquinos

Antonia Barrone, alias Mario Vrendenburg, falsificó documentos y recaudó más de $ 23,000 por servicios legales fraudulentos

Barrone servirá de 1 ½ a 3 años en la prisión estatal y debe más de $ 250,000 en restitución y sanciones

ALBANY - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la condena por delito grave de Antonia Barrone, que operaba como Mario Vrendenburg ("Barrone"), quien se declaró culpable de operar una firma de abogados falsa y de hacerse pasar por un abogado con licencia, así como también como defraudar a más de 400 neoyorquinos de más de $23,000 en el transcurso de casi cinco años. Después de declararse culpable de Esquema para Defraudar en Primer grado, Barrone cumplirá de 1 ½ a 3 años en prisión estatal.

En mayo de 2017, la Oficina de Protección y Fraude al Consumidor del Fiscal General entabló una demanda en la Corte Suprema del Condado de Albany contra NYS Prisoner Assistance Center, Inc., que opera como el NYS Prisoner Assistance Center o NY Parole Aids ("NYSPAC") y su propietario, Barrone. La demanda acusa a Barrone, un delincuente convicto, de estafar a cientos de neoyorquinos, incluidos los presos y sus familias, de miles de dólares para manejar apelaciones de libertad condicional administrativas y otros asuntos legales. La demanda alegaba que Barrone operaba estos negocios fraudulentos desde su casa y engañaba a cientos de consumidores al afirmar falsamente ser un abogado y al inducir a los consumidores a pensar que el Centro de Asistencia para Prisioneros del Estado de Nueva York tenía abogados.

"Practicar leyes sin una licencia socava nuestro sistema judicial y, como lo demuestra este caso, pone en riesgo a los consumidores vulnerables que buscan servicios legales", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Mi oficina está comprometida a proteger los derechos legales de los neoyorquinos y continuará trabajando con nuestros socios en la aplicación de la ley para garantizar que quienes intentan menoscabar ese derecho rindan cuentas".

El Comisionado Interino del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria Anthony J. Annucci dijo, “Es repugnante tomar como blanco a los reclusos y sus familias en un momento en que se están preparando para un evento tan importante como una entrevista con la Junta de Libertad Condicional y la oportunidad de volver a entrar a la comunidad. El Departamento continuará haciendo todo lo posible para evitar que personas inescrupulosas se aprovechen e intenten defraudar a los neoyorquinos".

De acuerdo con los documentos presentados por la Oficina del Fiscal General, aunque Barrone no es un abogado, ella promocionó una serie de servicios legales en el sitio web del NYSPAC y cobró miles de dólares para proporcionar servicios legales. Los servicios incluían la presentación de apelaciones administrativas y judiciales en nombre de reclusos a los que se les denegó la libertad condicional por el Departamento Correccional y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York (DOCCS) y representantes de reclusos en audiencias administrativas y personas que enfrentan cargos penales en varios tribunales del estado de Nueva York. En algunos casos, Barrone aceptó honorarios, pero no realizó ningún servicio.

Tras la demanda del Fiscal General Schneiderman, en agosto de 2017, el Honorable Gerald W. Connolly de la Corte Suprema del condado de Albany ordenó a Barrone y al Centro de Asistencia a Prisioneros del Estado pagar una multa de $244,500 al Estado y la restitución total de $23,427.70 a consumidores conocidos que pagaron servicios legales. La sentencia también prohíbe que Barrone y NYSPAC ejerzan la abogacía sin una licencia, publicidad o venta de servicios legales o paralegales.

Además de la demanda civil, el Buró de Crímenes Financieros y Delito Penal del Fiscal General inició una investigación criminal sobre la conducta de Barrone. El 16 de octubre de 2017, Barrone fue arrestada y procesada en la corte de la ciudad de Albany ante la Honorable Holly A. Trexler por un delito grave presentado por la Oficina del Fiscal General con cinco cargos de Posesión Criminal de un Instrumento Falso en Segundo Grado, un delito clase "D"; dos cargos de Gran Robo en Tercer Grado, un delito clase "D"; un cargo de Gran Robo en cuarto grado, un delito de clase "E"; un cargo de Práctica no Autorizada de una Profesión, un delito de clase "E"; y, un cargo de Esquema para Defraudar en Primer Grado, un delito de clase "E".

De acuerdo con la denuncia por delitos graves del Fiscal General y las declaraciones de los fiscales, entre el 1 de septiembre de 2012 y el 30 de abril de 2017, Barrone fingió ser una abogada y le robó miles de dólares a las familias de los presos que la contrataron para proporcionarle representación legal de seres queridos. En la ejecución de su plan de casi cinco años, Barrone presentó documentos legales con firmas falsificadas y sellos notariales falsos, escribió cartas en nombre de los consumidores en papel con membrete con el nombre del bufete de abogados ficticio "Stacchini & Barrone, Attorneys at Law", y se apropió el nombre de un abogado con licencia, sin el conocimiento de ese abogado.

También de acuerdo al expediente por delito grave, durante el curso de su plan, Barrone utilizó varios nombres diferentes, incluidos Mario Vrendenberg, Antonio Barrone, Mario Stacchini, Mario Helems, T. Helems y Mark Vredenburg. El fiscal declaró que Barrone y las entidades que ella operaba tenían más de 400 clientes que buscaban servicios legales en todo el estado de Nueva York, incluidos, entre otros, los condados de Albany, Cayuga, Clinton, Rensselaer, Saratoga, Schoharie, Suffolk, Ulster, Warren y Westchester.

Hoy, Barrone se declaró culpable de un cargo de Esquema apra Defraudar en Primer Grado ante el Juez del Tribunal del Condado de Albany, el Honorable Peter A. Lynch. Barrone está programado para ser sentenciado a 1 ½ a 3 años en la prisión estatal el 16 de noviembre de 2017, que se ejecutará consecutivamente a la sentencia de Barrone de 1 1/3 a 4 años en la prisión estatal impuesta hoy por el Honorable Andrew G. Ceresia por una la condena por delito grave no relacionado.

El Fiscal General insta a los consumidores que tienen una queja contra Barrone o el Prisioner Assistance Center, Inc. de NYS a que presenten una queja en línea o llamen al 1-800-771-7755. Los consumidores pueden verificar si un individuo es un abogado con licencia en el Estado de Nueva York visitando el sitio web del Sistema del Tribunal Unificado del Estado de Nueva York.

Las condenas de hoy fueron el resultado de una investigación conjunta de la Oficina del Fiscal General y el DOCCS. El Fiscal General Schneiderman agradece a DOCCS por su valiosa asistencia en este asunto.

El caso civil está siendo manejado por las Fiscales Adjuntas Emily Auletta y Amy Schallop de la Oficina de Fraudes y Protección al Consumidor, bajo la supervisión de la Jefa Adjunta de la Oficina, Laura J. Levine y la Jefa de la Oficina, Jane M. Azia. Manisha M. Sheth es la Fiscal Ejecutiva Ejecutiva de Justicia Económica.

El caso criminal está siendo procesado por el Fiscal Adjunto Philip V. Apruzzese del Buró de Delitos Criminales y Crímenes Financieros del Fiscal General, bajo la supervisión del Jefe de Adjunto Joseph D'Arrigo y la Jefa del Buró Stephanie Swenton. El Buró de Delitos Criminales y Crímenes Financieros es parte de la División de Justicia Penal bajo la dirección de los Fiscales Ejecutivos Adjuntos Jason Brown y Alvin Bragg.

La investigación civil fue realizada por el investigador Mark Rudd. La investigación criminal fue realizada por el investigador Mitchell Paurowski, bajo la supervisión del jefe adjunto de la oficina, Antoine Karam. La División de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Dominick Zarrella.