Local Menu

Schneiderman Anuncia Sentencia De Cárcel Para Falsa Abogada Que Defraudó A Más De 400 Neoyorquinos

Antonia Barrone, alias Mario Vrendenburg cargó a los consumidores miles de dólares por servicios legales no autorizados y falsificó firmas en documentos legales

Cumplirá de 1 ½ a 3 años en la prisión estatal y pagará casi $ 270,000 en restitución y sanciones

ALBANY - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la sentencia de Antonia Barrone, akuas Mario Vrendenburg ("Barrone"), quien se declaró culpable de operar una firma de abogados falsa y pretender ser un abogado con licencia. A través de una demanda civil y una extensa investigación, la oficina del Fiscal General descubrió que Barrone estafó a más de 400 neoyorquinos de más de $23,000 en el transcurso de casi cinco años. Hoy, Barrone fue sentenciada ante el Juez del Tribunal del Condado de Albany, el Honorable Peter A. Lynch, a 1 ½ a 3 años en la prisión estatal por un cargo de Esquema para Defraudar en Primer Grado. Barrone también recibió la orden de pagar casi $270,000 en restitución y sanciones.

En mayo de 2017, la Oficina de Protección y Contra el Fraude al Consumidor del Fiscal General entabló una demanda en la Corte Suprema del Condado de Albany contra NYS Prisoner Assistance Center, Inc., que opera como el NYS Prisoner Assistance Center o NY Parole Aids ("NYSPAC") y su propietario Barrone. La demanda acusó a Barrone de estafar a cientos de neoyorquinos, incluidos los presos y sus familias, de miles de dólares para manejar apelaciones de libertad condicional administrativas y otros asuntos legales. La demanda alegaba que Barrone operaba estos negocios fraudulentos desde su casa y engañaba a cientos de consumidores al afirmar falsamente ser un abogado y al inducir a error a los consumidores a pensar que el Centro de Asistencia para Prisioneros del Estado de Nueva York tenía abogados.

"Engañar a los neoyorquinos vulnerables para que paguen por servicios legales fraudulentos es reprensible, y costo miles a cada uno y pone en peligro sus derechos", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Mi oficina no dudará en enjuiciar a quienes defraudan a los neoyorquinos practicando sin licencia".

El Comisionado Interino del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria Anthony J. Annucci dijo: "Felicito al Fiscal General Schneiderman por el exitoso enjuiciamiento en este caso, así como también a los abogados laboriosos de la Junta de Libertad Condicional por su concienzuda y minuciosa asistencia para ayudar a llevar ante la justicia a este individuo inescrupuloso, que de otro modo habría seguido aprovechándose de los reclusos y sus familias durante un período particularmente vulnerable en sus vidas".

De acuerdo con los documentos presentados por la Oficina del Fiscal General, aunque Barrone no es abogada, ella promocionó una serie de servicios legales en el sitio web del NYSPAC y cobró miles de dólares para proporcionar servicios legales. Los servicios incluían la presentación de apelaciones administrativas y judiciales en nombre de reclusos a los que se les denegó la libertad condicional por el Departamento Correccional y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York (DOCCS) y representar presos en audiencias administrativas y personas que enfrentan cargos penales en varios tribunales del estado de Nueva York. En algunos casos, Barrone aceptó honorarios, pero no realizó ningún servicio.

Tras la demanda del Fiscal General Schneiderman, en agosto de 2017, el Honorable Gerald W. Connolly de la Corte Suprema del condado de Albany ordenó a Barrone y al Centro de Asistencia a Prisioneros del Estado pagar una multa de $244,500 al Estado, así como la restitución total de $23,427.70 a consumidores conocidos que pagaron servicios jurídicos. La sentencia también prohíbe que Barrone y NYSPAC ejercer la abogacía sin una licencia, publicidad o venta de servicios legales o paralegales. 

Además de la demanda civil, el Buró de Crímenes Financieros y Delito Penal del Fiscal General inició una investigación criminal sobre la conducta de Barrone. El 16 de octubre de 2017, Barrone fue arrestada y procesada en la corte de la ciudad de Albany ante la Honorable Holly A. Trexler por un delito grave presentado por la Oficina del Fiscal General que le formuló cinco cargos de Posesión Criminal de un Instrumento Falso en Segundo Grado, un delito clase "D"; dos cargos de Grand Robo en tercer grado, un delito de clase "D"; un cargo de Grand Robo en cuarto grado, un delito de clase "E"; un cargo de Práctica no Autorizada de una Profesión, un delito de clase "E"; y, un cargo de Esquema para Defraudar en Primer Grado, un delito de clase "E".

Según el expediente por delito grave del Fiscal General y las declaraciones de los fiscales del caso, entre el 1 de septiembre de 2012 y el 30 de abril de 2017, Barrone fingió ser abogada y le robó miles de dólares a las familias de los reclusos que la contrataron para proporcionarle representación legal a sus eres queridos. En cumplimiento de su plan de casi cinco años, Barrone presentó documentos legales con firmas falsificadas y sellos notariales falsos, escribió cartas en nombre de los consumidores en papel con membrete con el nombre del bufete de abogados ficticio "Stacchini & Barrone, Abogados", y se apropió el nombre de un abogado con licencia, sin el conocimiento de ese abogado.

También de acuerdo al expediente por delito grave, durante el curso de su plan, Barrone utilizó varios nombres diferentes, incluidos Mario Vrendenberg, Antonio Barrone, Mario Stacchini, Mario Helems, T. Helems y Mark Vredenburg. El fiscal declaró que Barrone y las entidades que ella operaba tenían más de 400 clientes que buscaban servicios legales en todo el estado de Nueva York, incluidos, entre otros, los condados de Albany, Cayuga, Clinton, Rensselaer, Saratoga, Schoharie, Suffolk, Ulster, Warren y Westchester.

Hoy, Barrone se declaró culpable de un cargo de Esquema apra Defraudar en Primer Grado ante el Juez del Tribunal del Condado de Albany, el Honorable Peter A. Lynch. Barrone está programado para ser sentenciado a 1 ½ a 3 años en la prisión estatal el 16 de noviembre de 2017, que se ejecutará consecutivamente a la sentencia de Barrone de 1 1/3 a 4 años en la prisión estatal impuesta hoy por el Honorable Andrew G. Ceresia por una la condena por delito grave no relacionado.

El Fiscal General insta a los consumidores que tienen una queja contra Barrone o el Prisioner Assistance Center, Inc. de NYS a que presenten una queja en línea o llamen al 1-800-771-7755. Los consumidores pueden verificar si un individuo es un abogado con licencia en el Estado de Nueva York visitando el sitio web del Sistema del Tribunal Unificado del Estado de Nueva York.

Las condenas de hoy fueron el resultado de una investigación conjunta de la Oficina del Fiscal General y el DOCCS. El Fiscal General Schneiderman agradece a DOCCS por su valiosa asistencia en este asunto.

El caso civil fue manejado por las Fiscales Adjuntas Emily Auletta y Amy Schallop de la Oficina de Fraudes y Protección al Consumidor, bajo la supervisión de la Jefa Adjunta de la Oficina, Laura J. Levine y la Jefa de la Oficina, Jane M. Azia. Manisha M. Sheth es la Fiscal Ejecutiva Ejecutiva de Justicia Económica.

El caso criminal fue procesado por el Fiscal Adjunto Philip V. Apruzzese del Buró de Delitos Criminales y Crímenes Financieros del Fiscal General, bajo la supervisión del Jefe de Adjunto Joseph D'Arrigo y la Jefa del Buró Stephanie Swenton. El Buró de Delitos Criminales y Crímenes Financieros es parte de la División de Justicia Penal bajo la dirección de los Fiscales Ejecutivos Adjuntos Jason Brown y Alvin Bragg.

La investigación civil fue realizada por el investigador Mark Rudd. La investigación criminal fue realizada por el investigador Mitchell Paurowski, bajo la supervisión del jefe adjunto de la oficina, Antoine Karam. La División de Investigaciones está dirigida por el Investigador Jefe Dominick Zarrella.