Schneiderman Lidera Coalición De 13 Estados Que Piden Al Congreso Rechazar Cortes A La EPA En Presupuesto De Protección Del Ambiente

La Cámara de Representantes y el Senado eliminarían más de $150 millones en fondos críticos y reducirían el personal de la EPA en más de un cuarto

Los presupuestos propuestos significarían más contaminación del aire, el agua y las comunidades: reduciendo los programas vitales para hacer cumplir las normas, la investigación científica y la justicia ambiental, al tiempo que socavan el agua limpia y el aire puro y las acciones sobre la contaminación del cambio climático

En Nueva York, los cortes ignoran un déficit de $74 mil millones en necesidades de tratamiento de agua; Podría bloquear los estándares para productos químicos tóxicos en el agua potable

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman, al frente de una coalición de 13 estados, solicitó al Senado y la Cámara de Representantes rechazar los cortes "profundos y perjudiciales" en los fondos para la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y que permitirían la existencia de agentes contrarios a la protección del medio ambiente en los proyectos de ley del presupuesto federal. En una carta al liderazgo del Congreso, la coalición denuncia que los recortes anti-ambientalistas de la EPA actualmente propuestos por ambas cámaras "conducirán a una mayor contaminación de nuestro aire, agua y comunidades, y un aumento en el daño a la salud pública". La coalición insta al Congreso a que apruebe un presupuesto final que financie completamente a la EPA y omita a los elementos que se oponen al medio ambiente.

Se unen al Fiscal General Schneiderman en la carta los Fiscales Generales de California, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y el Distrito de Columbia, y el Secretario del Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania.

"Tal como están las cosas, el proyecto de ley de presupuesto conduciría a un daño incalculable, y tal vez irreparable, al agua potable, el aire y las comunidades en todo Nueva York", dijo el Fiscal General Schneiderman. "La EPA ya representa solo dos décimas partes del uno por ciento del presupuesto federal, sin embargo, juega un papel esencial en la protección de nuestro medio ambiente y nuestra salud. Continuaremos luchando contra estos cortes peligrosos, y la amenaza real que representan para la salud y la seguridad de los neoyorquinos".

Se ha reportado que el Congreso está negociando con la Administración Trump sobre un presupuesto final del año fiscal 2018 para la EPA basado en el proyecto de ley de apropiaciones del Ministerio del Interior, Ambiental y Agencias Relacionadas para el año fiscal 2018 y el Comité del Presupuesto del Senado para el 2018 y las asignaciones para estas agencias. Si bien no es tan draconiano como los $2.4 mil millones en recortes de EPA originalmente propuestos por la Administración Trump, el proyecto de ley de presupuesto aprobado por la Cámara aún reduciría el presupuesto de la EPA en $650 millones; el proyecto de ley del Senado reduciría el presupuesto de la EPA en $ 150 millones. Estos recortes presupuestarios dejarían a la EPA con su presupuesto más bajo desde 1986, ajustando la inflación.

La mayor parte de los recortes propuestos recaen en las actividades centrales de la EPA: cumplimiento ambiental y garantía de cumplimiento, establecimiento de estándares ambientales, emisión de permisos, monitoreo de emisiones y asistencia técnica y legal para la aplicación de las leyes, el cumplimiento y la supervisión. La Cámara reduce los fondos para los programas centrales de la EPA en un 24 por ciento, un corte aún más profundo para estos programas que el propuesto en el presupuesto irresponsable de la Administración Trump, mientras que el Senado reduce este financiamiento en un 10 por ciento. Corte propuesto en el Senado reducirían el personal de la EPA en más de una cuarta parte.

A medida que la Administración Trump continúa retrocediendo en la aplicación de las leyes ambientales federales, el Senado y la Cámara de Representantes proponen recortes en el presupuesto de cumplimiento de las leyes de la EPA de 10 por ciento y 15 por ciento, respectivamente. El trabajo de aplicación de las leyes de la EPA, a menudo en asociación con la oficina del Fiscal General de Nueva York, ha sido fundamental para proteger la salud y el medioambiente de los neoyorquinos, desde la acción de 2016 contra Volkswagen por emisiones engañosas hasta la acción contra Tonawanda Coke Corp en 2015 por violar las leyes federales y estatales de contaminación del aire, el agua y los desechos, hasta el decreto de consentimiento de 2013 con la compañía de cemento Lafarge en Ravena para resolver violaciones a la calidad del aire, y mucho más.

Además, tanto el Senado como la Cámara siguen el liderazgo de la Administración Trump amenazando a los programas de EPA que protegen la salud de las comunidades desfavorecidas, proponiendo un recorte de 10 por ciento y 15 por ciento, respectivamente, en fondos para la Oficina de Justicia Ambiental de la EPA.

La carta de la coalición destaca las preocupaciones sobre la propuesta del Senado para eliminar el programa del Sistema Integrado de Información de Riesgos (IRIS) de la EPA, que, entre otras cosas, juega un papel fundamental en el establecimiento de estándares nacionales para el agua potable. La carta de la coalición señala que los suministros de agua potable en todo el país, incluso en Hoosick Falls, Nueva York, ahora están contaminados con los productos químicos tóxicos industriales, el ácido perfluorooctanoico (PFOA) y el sulfonato de perfluorooctano (PFOS). Actualmente, PFOA y PFOS no están regulados bajo la Ley federal de Agua Potable Segura, sin un mecanismo nacional de monitoreo o aplicación para abordar su riesgo para el público. La carta de la coalición establece que "la eliminación o reducción del programa IRIS probablemente retrase, o paralice, el progreso hacia una regulación efectiva y científica de estos productos químicos peligrosos, y hacia la seguridad y la salud del agua que beben los estadounidenses".

La carta también señala a varios agentes anti-ambientales que se agregaron a los proyectos de ley de financiamiento de la EPA, incluidos:

• Crear un precedente peligroso al permitirle a la EPA eludir la ley federal y permitir que la Administración Trump cierre al público de su derogación y reemplazo de la regla de "Aguas de los Estados Unidos" -regulaciones que definen qué aguas recibirán protección bajo la Ley federal de agua limpia.
• Retrasar la implementación de estándares basados ​​en la salud para la contaminación por niebla tóxica durante 10 años, a pesar de que 115 millones de estadounidenses, incluyendo al menos 1 de cada 3 neoyorquinos, actualmente respiran aire con niveles nocivos de niebla tóxica.
• Bloquear las regulaciones de sentido común para controlar las emisiones del potente gas metano de efecto invernadero de la industria del petróleo y el gas natural. Controlar el metano, que ahorra dinero a la industria a partir de la recuperación de valioso gas natural, también reduce las emisiones de contaminantes que forman la niebla tóxica y contaminantes peligrosos del aire, como el benceno y el formaldehído.

Finalmente, la carta de la coalición señala que existe un fuerte argumento de que se necesita más, no menos, financiamiento para la EPA. Por ejemplo, está claro que el financiamiento que la EPA proporciona a los estados y municipios no ha sido suficiente para que sigan el ritmo del creciente desafío de proporcionar agua potable y tratar las aguas residuales de forma adecuada. Solo en Nueva York, durante los próximos 20 años, se estima que se necesitarán más de $38 mil millones para reparar, reemplazar y actualizar la infraestructura de agua potable del estado y más de $36 mil millones para reparar, reemplazar y actualizar su infraestructura de aguas residuales.

Este asunto está siendo manejado por la Oficina de Protección Ambiental del Fiscal General por el Abogado Principal para Litigación del Clima y Cambio Climático Michael J. Myers y el Asesor de Políticas Peter C. Washburn, bajo la supervisión del Jefe del Buró Lemuel M. Srolovic. La Oficina de Protección Ambiental es parte de la División de Justicia Social, que está dirigida por el Fiscal Adjunto Ejecutivo de Justicia Social, Alvin Bragg.