Schneiderman Lidera Coalición Multiestatal Instando Corte Suprema De Los Ee.UU. A Proteger Los Derechos De Los Trabajadores A Organizarse

21 Fiscales Generales presentan un escrito de Amicus en caso  Mark Janus contra el Consejo 31 de AFSCME, instando a la Corte Suprema de EE.UU. a seguir el precedente que autoriza a los estados a gestionar las relaciones laborales como lo consideren apropiado

Schneiderman: El derecho a organizarse es un derecho estadounidense fundamental; el Tribunal Supremo debe proteger ese derecho

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy que lidera una coalición de 21 Fiscales Generales al presentar un amicus exhortando a la Corte Suprema de los Estados Unidos a mantener una decisión del Séptimo Circuito protegiendo las cuotas de la agencia (también conocida como "acción justa") en los convenios colectivos del sector público.

El escrito se dirige al caso Mark Janus v. AFSCME Council 31, un caso que se escuchará el 26 de febrero de 2018, que busca anular el veredicto de la Corte Suprema de 1977, Abood v. Detroit Board of Education, en el que los estados se han basado durante décadas para negociar contratos y garantizar la paz laboral y la prestación eficiente de servicios gubernamentales. El escrito argumenta que el Tribunal Supremo debe someterse al juicio de los Estados sobre la mejor manera de administrar sus fuerzas laborales.

"El derecho a organizarse es un derecho fundamental de los estadounidenses que ha sido fundamental para las familias en toda Nueva York", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Los sindicatos son la columna vertebral de una clase media fuerte, que les da a los trabajadores el poder de elevarse y construir un futuro mejor. La Corte Suprema debe seguir un precedente establecido y permitir que estados como Nueva York administren sus propias relaciones laborales, vitales para la eficiencia del gobierno, la paz laboral y nuestra larga tradición de apoyar a los trabajadores".

El escrito fue dirigido por el Fiscal General Schneiderman y presentado por los Fiscales Generales de Nueva York, Alaska, Connecticut, Delaware, Hawai, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.

Las disposiciones de "participación justa" en los convenios colectivos del sector público permiten que un sindicato seleccionado por la mayoría de los empleados cubiertos sirva como representante exclusivo de negociación colectiva para cobrar una tarifa a todos los empleados representados, a fin de cubrir los costos de los servicios en el lugar de trabajo que proporciona el sindicato. En Abood v. Detroit Board of Education, el Tribunal Supremo sostuvo que los estados pueden ordenar constitucionalmente tales pagos como parte de un sistema de negociación colectiva de representación exclusiva, a la luz de los importantes intereses del gobierno en lograr la paz laboral y los gastos involucrados en mantener la experiencia del personal necesario para realizar funciones de negociación colectiva.

Los demandantes buscan revocar a Abood. El tribunal de distrito emitió un fallo a favor de los acusados en los alegatos y el Séptimo Circuito afirmó sumariamente, sosteniendo que Abood prohíbe los reclamos de los demandantes. El Tribunal Supremo luego aceptó la petición de los demandantes para certiorari (escuchar el caso).

El escrito presentado por el Fiscal General argumenta que las disposiciones de "participación justa" del sector público son consistentes con la Primera Enmienda, y que invalidar la aprobación de esas disposiciones por parte de Abood interrumpiría miles de acuerdos laborales que los Estados han adoptado y mantenido durante décadas. Todos los estados tienen un interés común en defender la deferencia de Abood a las determinaciones de política estatal, y en preservar la capacidad de los estados para adoptar los mismos modelos probados de negociación colectiva que el Congreso ha permitido para los empleados del sector privado.

"En las décadas anteriores a Abood, muchos Estados enfrentaron paralizantes huelgas en el sector público y disturbios laborales que pusieron en peligro el orden público y la seguridad. El éxito relativo de los sistemas estatales de relaciones laborales en la preservación de la paz laboral en el sector público no debe confundirse con la evidencia de que el margen de maniobra permitido por Abood ya no es necesario. Por el contrario, ese éxito es evidencia de que Abood funciona porque confirma que los estados y los gobiernos locales han usado la flexibilidad permitida por Abood para adoptar políticas mejor adaptadas para satisfacer sus necesidades en el logro de la paz laboral. Esa flexibilidad no es menos crítica hoy que cuando se decidió Abood. Ahora, como antes, la paz laboral asegura la función ininterrumpida del gobierno mismo y es una condición previa necesaria para la prestación segura y efectiva de los servicios del gobierno", declara el escrito.

El escrito fue preparado por la Solicitor General de Nueva York Barbara Underwood, la Fiscal Adjunta Anisha Dasgupta y el Fiscal Adjunto Philip Tisne.

Mario Cilento, presidente de la AFL-CIO del estado de Nueva York, dijo: "El objetivo del caso Janus es eliminar la libertad de hombres y mujeres que trabajan para tener una voz en el lugar de trabajo. Los CEOs y los intereses corporativos especiales detrás de este caso saben que cuándo las personas que trabajan se unen, tienen el poder de mejorar sus salarios, beneficios y condiciones de trabajo y eso es exactamente a lo que le tienen miedo. Damos las gracias al Fiscal General Eric Schneiderman por tener el coraje de enfrentar los intereses muy poderosos en nombre de los hombres y mujeres trabajadores, y por comprender y apreciar el importante papel que juegan los sindicatos en la protección de la clase media".

"Felicito al Fiscal General Schneiderman por defender los derechos de los trabajadores neoyorquinos", dijo Richard Lipsitz, presidente de la Federación Laboral del Área Oeste de Nueva York. "El movimiento sindical proporciona una estructura y su objetivo es defender los intereses económicos de todos los trabajadores. El derecho a organizarse y la protección de los salarios, beneficios y puestos logrados a través de la negociación colectiva son primordiales para los intereses de los trabajadores".

"Los neoyorquinos se han unido históricamente a la fuerza y la dignidad de nuestros hombres y mujeres trabajadores del sector público, el sector privado y los sindicatos de la construcción. Hoy nos comprometemos a unirnos colectivamente y luchar por la justicia, el empleo, la libertad y la justicia", dijeron los oficiales ejecutivos de la Federación Laboral del Área de Hudson Valley.

La Oficina del Fiscal General se compromete a proteger los derechos legales de los trabajadores. Para presentar una queja, comuníquese con la Oficina Laboral de la Oficina al 212-416-8700 o visite www.ag.ny.gov/labor/complaint-form.

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