Unidad De Investigaciones Y Enjuiciamientos Especiales De La Fiscalía General Publica Informe Sobre La Muerte De José Hernández Rossy

Hoy, la Unidad Especial de Investigaciones y Enjuiciamientos Especiales de la Fiscalía General de Nueva York (SIPU) publicó un informe completo sobre su investigación en torno a la muerte de José Hernández Rossy en Búfalo en mayo de 2017, de conformidad con la Orden Ejecutiva No. 147.

La investigación, dirigida por el Fiscal General Adjunto y Jefe de la Unidad de Investigaciones y Enjuiciamientos Especiales, Alvin Bragg, encontró que bajo las leyes del Estado de Nueva York y guiado por el precedente de la Corte Suprema de los EE. UU., las acciones de los oficiales no cumplían con los requisitos legales de mala conducta criminal. La ley de Nueva York permite explícitamente que un oficial use fuerza física letal contra un sospechoso que huye si el oficial cree razonablemente que ese individuo que huye acaba de cometer un delito que involucra la fuerza física contra otra persona. Según el testimonio de los agentes implicados y los relatos de múltiples testigos civiles, los oficiales en este caso tenían una creencia razonable, aunque equivocada, de que el Sr. Hernández Rossy había disparado al oficial Joseph Acquino en su vehículo antes de huir de la escena.

El informe, disponible aquí, detalla la investigación exhaustiva de SIPU sobre el encuentro entre el Sr. Hernández Rossy y los oficiales del Departamento de Policía de Búfalo (BPD, por sus iniciales en inglés) el 7 de mayo de 2017.

“La muerte del Sr. Hernández Rossy fue una tragedia y mi corazón está con su familia, amigos y todos los que se preocuparon por él”, dijo el Fiscal General Schneiderman. “Sobre la base de una investigación exhaustiva - una investigación que incluyó relatos de más de una docena de testigos oculares y una revisión de evidencia fotográfica y de video - y un análisis legal exhaustivo, bajo las circunstancias caóticas anteriores a la muerte del Sr. Hernández Rossy, las acciones de los oficiales no excedió el estándar legalmente permitido de conducta policial establecido por la Corte Suprema de los Estados Unidos y la ley del estado de Nueva York. Esta determinación no disminuye la tragedia de la muerte del Sr. Hernández, ni excusa el uso de fuerza excesiva por parte de la policía en otros casos. Sin embargo, esperamos que el extenso y transparente informe de hoy sobre nuestra investigación proporcione a la comunidad y a la policía de Búfalo los datos, las pruebas y las recomendaciones necesarias para ayudar a prevenir este tipo de eventos trágicos”.

Bajo el lenguaje claro del estatuto relevante del Estado de Nueva York, un oficial puede usar fuerza letal para evitar que un civil huya si el oficial cree razonablemente que (1) el civil cometió un delito que involucra el uso de la fuerza, o (2) el civil cometió algún delito grave y estaba armado con un arma mortal. Estas protecciones legales se aplican incluso si finalmente se determina que la creencia razonable del oficial es errónea.

Como se detalla en el informe, el oficial de patrulla de BPD Justin Tedesco, el oficial de tiro y varios transeúntes civiles vieron (1) al Sr. Hernández Rossy y un segundo oficial, patrullero de BPD Joseph Acquino, luchando dentro del automóvil del Sr. Hernández Rossy después de una parada por tráfico sobre lo que el oficial Acquino creyó erróneamente que era un arma; (2) El Sr. Hernández Rossy intentó seguir la marcha mientras luchaba con el oficial Acquino, solo para chocar contra una casa, después de casi arrollar un niño que montaba una bicicleta; y (3) El oficial Acquino sale del vehículo sangrando de su cabeza, con la oreja parcialmente desprendida, y grita que le dispararon. Los testigos civiles también vieron y escucharon al Sr. Hernández Rossy luchar con el oficial Tedesco, liberarse e intentar huir. El oficial Tedesco advirtió al Sr. Hernández Rossy que no huya. Cuando la advertencia del oficial Tedesco no fue escuchada, el oficial Tedesco le disparó a Hernández Rossy en el brazo mientras huía. De hecho, el Sr. Hernández Rossy no estaba armado y, aunque el oficial Acquino resultó gravemente herido durante la lucha, no había recibido ningún disparo.

La investigación de SIPU incluyó: (1) entrevistas con los oficiales del Departamento de Policía de Búfalo; (2) entrevistas a ocho testigos civiles y una revisión de entrevistas grabadas en video con cinco testigos civiles adicionales; (3) revisión de llamadas al 911 por testigos civiles; (4) la revisión de videos capturó un testigo civil y un dispositivo de grabación residencial; (5) revisión de los registros del médico forense; (6) revisión del historial médico y reporte de ambulancia del señor Hernández Rossy y del oficial herido; (7) entrevistas con oficiales de BPD, miembros del Departamento de Bomberos de Búfalo y Técnicos de Emergencia Médica que respondieron a la escena; (8) revisión de todas las pruebas de video digital de BPD y fotografías de la escena; y (9) numerosos análisis forenses.

Bajo la orden ejecutiva, la Fiscalía General puede ofrecer recomendaciones para la reforma sistémica que surja de la investigación. En consecuencia, la Fiscalía General recomienda que:

  • dado que los oficiales de BPD involucrados no estaban equipados con Tasers, BPD de examinar el equipamiento de sus miembros con Tasers.
  • BPD se convierta en una agencia de cumplimiento de la ley acreditada por el Estado de Nueva York. Esta es la segunda vez que OAG realiza esta recomendación, ya que esta investigación carecía de áreas de recopilación y documentación de pruebas, incluida, en particular, la falla del BPD para realizar o percibir la necesidad de realizar una reconstrucción rápida y completa del incidente.

El informe fue producido como parte del papel del Fiscal General como el fiscal especial del estado. En julio de 2015, el Gobernador Cuomo firmó la Orden Ejecutiva No. 147, nombrando al Fiscal General para que supervise las investigaciones de incidentes donde mueren civiles desarmados durante las interacciones con la policía, o incidentes donde hay una gran pregunta sobre si el civil estaba armado y era peligroso. Como parte del compromiso de la Oficina del Fiscal General con la transparencia, en los casos en que se determina que no se pueden presentar cargos, la Oficina del Fiscal General publica un informe completo que detalla los hallazgos y la evidencia disponible de su investigación.