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Post date: July 18 2018

Underwood Lidera Demanda Para Proteger A Ny De Recortes Al Financiamiento De La Seguridad Pública, Mientras La Administración Trump Busca Castigar A Jurisdicciones Santuario

Seis fiscales generales sometieron la demanda para bloquear las nuevas condiciones de la Administración Trump sobre las subvenciones sobre la base de la ley “Byrne JAG” a las fuerzas del orden, que financian programas vitales, como los esfuerzos para reducir la violencia con armas de fuego y combatir la epidemia de opioides

El DOJ ha amenazado con negar el financiamiento de Byrne JAG a los estados que no participan en las draconianas políticas de inmigración de la administración Trump; Nueva York podría perder casi $9 millones en fondos federales por año

Haga clic aquí para ver video de la Fiscal General Underwood hablando de la demanda

NUEVA YORK - La Fiscal General de Nueva York Barbara D. Underwood y el Gobernador Andrew M. Cuomo anunciaron hoy una demanda contra la administración Trump para bloquear sus esfuerzos de castigar las llamadas jurisdicciones "santuarios" al poner las condiciones relacionadas con la inmigración en las subvenciones federales. En la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, una coalición de seis fiscales generales encabezada por la Fiscal General Underwood argumenta que las condiciones de la administración Trump sobre las subvenciones interfieren con el derecho de los estados y localidades a establecer sus propias políticas de aplicación de la ley, y que el Departamento de Justicia carece de la autoridad para imponer estas nuevas condiciones.

“La policía local tiene el derecho de decidir cómo satisfacer sus necesidades de seguridad pública local, y la administración de Trump simplemente no tiene el derecho de exigir que la policía estatal y local actúen como agentes federales de inmigración”, dijo la Fiscal General Underwood. “En lugar de permitir que las agencias de la ley de Nueva York determinen la mejor manera de mantener seguros a los neoyorquinos, la administración de Trump amenaza con retener fondos vitales de seguridad pública. Este es un ataque político a los neoyorquinos, a expensas de nuestra seguridad pública, y es ilegal; entonces enfrentaremos a la administración Trump en la corte”.

Haga clic aquí para ver video de la Fiscal General Underwood hablando de la demanda.

Como resultado de las acciones de la administración Trump, solo el estado de Nueva York podría perder casi $9 millones en fondos del Subsidio de Asistencia Judicial Conmemorativa de Edward Byrne (Byrne JAG) para el año fiscal 2017; los seis estados que demandaron hoy podrían perder un total de casi $25 millones.

En julio de 2017, el DOJ anunció que imponía nuevas condiciones relacionadas con la inmigración a los destinatarios de los fondos de Byrne JAG y amenazó con retener fondos de jurisdicciones que no cumplían con estas condiciones. En junio de 2018, el Departamento de Justicia envió un aviso al Estado de Nueva York para que participe en la aplicación de las draconianas políticas de inmigración del gobierno federal a fin de recibir fondos de Byrne JAG. Las condiciones exigirían que los gobiernos estatales y locales brinden al Departamento de Seguridad Nacional notificación anticipada de la fecha programada de salida de un inmigrante de una institución correccional; otorgar a los agentes federales acceso a las instalaciones correccionales para interrogar a los inmigrantes; e informar y certificar el cumplimiento estatal y local de la nueva y expansiva interpretación del Departamento de Justicia de 8 U.S.C. § 1373-una ley federal de intercambio de información.

La ley federal permite a los estados y las localidades limitar su participación voluntaria en la aplicación de la política federal de inmigración, y muchos lo han hecho porque han llegado a la conclusión de que fomentar una relación de confianza entre sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sus comunidades de inmigrantes promoverá la seguridad pública. Como argumentan los Fiscales Generales, las nuevas condiciones violan la ley, incluidas las siguientes:

* La imposición del DOJ de las nuevas condiciones viola la separación de poderes porque DOJ carece de autoridad para imponer las nuevas condiciones bajo el estatuto de Byrne JAG y otras leyes federales.

* La imposición del DOJ de las nuevas condiciones viola la Ley de Procedimientos Administrativos porque no está en consonancia con la ley y es arbitraria y caprichosa.

* La imposición del DOJ de la condición de compartir información viola la Décima Enmienda porque requiere que los estados y las localidades cumplan con la interpretación expansiva del Departamento de Justicia de 8 U.S.C. § 1373, que a su vez es inconstitucional.

La demanda fue dirigida por la Fiscal General Underwood y presentada por los Fiscales Generales de Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Massachusetts, Virginia y Washington.

El programa Byrne JAG es un programa federal de subsidios que otorga subvenciones a estados y localidades de acuerdo con una fórmula legal obligatoria. El Congreso diseñó Byrne JAG para brindarles a los estados y localidades una fuente confiable de fondos para el cumplimiento de la ley, a la vez que les da la máxima flexibilidad para decidir cómo usar los fondos de acuerdo con la política de aplicación de la ley estatal y local. El DOJ, que administra las subvenciones, está obligado por ley a otorgar subvenciones de acuerdo con una fórmula obligatoria establecida en el estatuto de Byrne JAG. Del monto total asignado por el Congreso, el cincuenta por ciento de los fondos se asignan en función de la población de cada estado y el cincuenta por ciento según la tasa de criminalidad de cada estado. Cada estado debe recibir al menos un cuarto del uno por ciento de los fondos asignados por el Congreso para un año determinado, independientemente de lo que dicte la fórmula. Entre un estado y sus localidades, el sesenta por ciento del financiamiento será para subvenciones directas a los estados, y el cuarenta por ciento será para donaciones directamente a las localidades (comparado con un estado basado en la tasa de criminalidad).

Nueva York es uno de los cinco estados con las mayores asignaciones totales, y la ciudad de Nueva York es uno de los cinco gobiernos locales elegibles para recibir las subvenciones más grandes.

Los estados involucrados en la demanda de hoy han recibido subsidios para la aplicación de la ley bajo el programa Byrne-JAG y las subvenciones que le preceden desde 1968, y han utilizado esos fondos para respaldar una amplia gama de programas críticos de cumplimiento de la ley adaptados a las necesidades locales, incluso para apoyar a la policía comunitaria, y reducir la agresión sexual, el abuso de ancianos, la violencia con armas de fuego, la reincidencia y la adicción a las drogas.

Por ejemplo, Nueva York ha utilizado sus fondos Byrne JAG para apoyar una iniciativa de varios condados para combatir la violencia con armas de fuego, mejorar los sistemas de registros criminales, mejorar los laboratorios forenses, apoyar los servicios de defensa y procesamiento y combatir la epidemia de opiáceos. Sin la financiación de Byrne JAG, estados como Nueva York se verán obligados a recortar los fondos para estos programas estatales y locales críticos.

El año pasado, la Fiscalía General de Nueva York publicó una guía legal para apoyar a los gobiernos locales y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en la protección de las comunidades de inmigrantes vulnerables. La Oficina de la Fiscal General también ha presentado una serie de informes amicus en otros casos relacionados con las condiciones de la administración Trump sobre la financiación de Byrne-JAG.