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Post date: August 15 2018

Underwood Demanda A Tres Operadores De Una Agencia De Empleos Por Engañar A Neoyorquinos Vulnerables

NUEVA YORK - La Fiscal General Barbara D. Underwood anunció hoy una demanda contra los operadores de agencias de empleo José M. Ortiz (alias José M. Vélez, José M. Ortiz-Vélez, José Ortiz), de 44 años, de Nueva Jersey; Maritza M. Quiñones (alias Sra. Vélez), de 42 años, de Pensilvania; y Johanna Y. Miranda (alias Lisa García, Julia,  Isabella, Carmen, Karol), 42, del Bronx, por supuestamente incurrir en prácticas comerciales engañosas en el Bronx, Manhattan y Queens dirigidas a personas desempleadas y vulnerables financieramente que buscan trabajos de bajos salarios en limpieza y mantenimiento. La demanda de la Fiscal General busca una orden judicial que impida a Ortiz, Quiñones y Miranda incurrir en esta conducta fraudulenta en el futuro; restitución para los demandantes; y más de $ 300,000 en multas y sanciones.

“Es vergonzoso robar dinero de neoyorquinos vulnerables que buscan trabajo honesto”, dijo la Fiscal General Underwood. “Estos estafadores supuestamente establecieron su negocio para atraer a neoyorquinos desempleados y financieramente vulnerables con la promesa de un empleo. Mi oficina continuará investigando y enjuiciando a las empresas y personas que intenten estafar a los neoyorquinos”.

Como se alega en la demanda, presentada hoy en el Tribunal Supremo del condado de Bronx, la investigación de la Fiscal General encontró que Ortiz, Quiñones y Miranda anunciaron falsamente trabajos de limpieza y mantenimiento que supuestamente pagaban de $13.50 a $ 29.00 por hora y cobraron honorarios por adelantado por estas oportunidades de empleo que sabían que eran falsas. Los tres operadores de agencias se enfocaron en personas desempleadas y financieramente vulnerables que buscaban trabajos de limpieza y mantenimiento de bajos salarios colocando anuncios en periódicos de habla hispana como El Diario, y en sitios web de clasificados para empleos tales como “Clasificado" y el "Especialito". También se anunciaron en el New York Post, AM New York y Metro New York.

Los acusados cobraban entre $140 y $ 499 dólares por "empleos garantizados" y oportunidades de empleo de limpieza y mantenimiento de "contratación inmediata", pero luego no conseguían trabajo para ninguno de sus clientes. Una de sus agencias, Empire Services, presuntamente envió clientes a entrevistas de trabajo con compañías que no estaban familiarizadas con la agencia y no tenían trabajos disponibles.

También se les dijo a los consumidores que tenían que pagar tarifas iniciales para un curso de capacitación de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional ("OSHA"), un certificado de finalización del curso de OSHA y una licencia de OSHA para asegurar un trabajo. Las víctimas fueron inducidas a creer que, bajo la ley del estado de Nueva York, es ilegal trabajar como limpiador de oficinas o trabajador de mantenimiento sin una licencia de OSHA. Los certificados y las licencias del curso fueron una estafa: no existe el requisito del Estado de Nueva York o federal de que los trabajadores de limpieza y mantenimiento de oficinas tengan la certificación OSHA.

Una vez que los consumidores se dieron cuenta de que habían sido estafados y exigieron reembolsos, Ortiz, Quiñones y Miranda desconectaron sus teléfonos y abandonaron sus oficinas sin emitir ningún reembolso. Unas semanas más tarde, relanzarían el mismo negocio con un nombre diferente y en otro vecindario de la ciudad de Nueva York.

Ortiz y Quiñones operaron Empire Services en el Sur del Bronx desde junio de 2015 hasta diciembre de 2015. Ortiz y Miranda operaron los Servicios de Seguridad Empire desde el centro de Manhattan y el Sur Bronx desde junio de 2017 hasta noviembre de 2017. Ortiz y Miranda operaron los Servicios Globales de Capacitación en el Sur del Bronx desde octubre de 2017 hasta enero de 2018 y han estado operando los Servicios Nacionales de Capacitación en Seguridad en Jamaica, Queens desde febrero de 2018.

La investigación fue realizada por el Investigador Ramón Almodóvar, el Investigador Kevin Briffa y el Investigador Principal Angel LaPorte, bajo la supervisión de la Supervisora Investigadora Sylvia Rivera; y el Investigador Principal Andrés Rodríguez, bajo la supervisión de la Investigadora Supervisora Cynthia Kane.

Este caso también fue procesado con la asistencia de Robert Murphy, Director Adjunto de la Dirección de Capacitación y Educación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos; Lee Grabel, Abogado de la Oficina del Soliticor, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los EE. UU .; Eileen Franko, Directora de la División de Seguridad de la Salud, Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York; Investigador John Gaskill y Sarah Frasch, Directora de la Oficina de Fraudes al Consumidor, Oficina del Fiscal General de Pensilvania.

Este caso está siendo procesado por los Fiscales Adjuntos Roberto Lebron y Jason Clark de la Oficina Regional de Harlem, bajo la supervisión de Jane Azia, Jefa del Buró de Fraudes al Consumidor, y Gary Brown, Fiscal Adjunto Ejecutivo interino para Asuntos Regionales.