Underwood Y La Comisionada Interina De Impuestos Manion Anuncian Un Acuerdo Record Por $330 Millones Con Sprint Bajos La Ley De Falsos Reclamos En Torno A Pagos De Impuesto Sobre Las Ventas

A pesar de saber lo que exigía la ley tributaria, Sprint decidió no cumplir

La recuperación más grande de la historia en demanda de un estado bajo la ley de reclamos falsos

NUEVA YORK - La Fiscal General Barbara D. Underwood y el comisionado de impuestos en funciones, Nonie Manion, anunciaron hoy un acuerdo sin precedentes de $330 millones en una demanda bajo la Ley de Reclamaciones Falsas presentada por la Fiscal General contra Sprint, el operador de telefonía celular y algunas de sus subsidiarias. La demanda – People v. Sprint Communications, Inc. et al., Índice No. 103917/2011 (Corte Suprema del Condado de Nueva York) – alegó que durante casi una década Sprint, a sabiendas, no recolectó ni remitió más de $100 millones a nivel estatal y local los impuestos sobre las ventas adeudados por sus planes de llamadas inalámbricas de tarifa plana que vendían a los neoyorquinos. La recuperación de $330 millones no solo es la recuperación más grande jamás realizada por la Fiscalía General de Nueva York como resultado de una acción presentada bajo la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York, sino que es la recuperación más grande de un solo estado en una acción presentada bajo la ley de reclamaciones falsas.

“Sprint sabía exactamente cómo se aplicaba la ley del impuesto sobre las ventas de Nueva York a sus planes; sin embargo, durante años, la compañía violó la ley de manera flagrante, engañando al estado y sus localidades del dinero de los impuestos que debería haberse invertido en nuestras comunidades”, dijo la Fiscal General Underwood. “Ahora, Sprint pagará el precio con este acuerdo record. Esto debería servir como un claro recordatorio de que la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York protege a los neoyorquinos de las compañías que intentan incumplir sus obligaciones bajo la ley de impuestos de Nueva York”.

El acuerdo de $330 millones anunciado hoy resuelve esta acción de aplicación de impuestos en virtud de la Ley de Reclamos Falsos de Nueva York presentada por la Fiscal General. Al menos veintinueve estados, el Distrito de Columbia y el gobierno federal han aprobado leyes de reclamos falsos, leyes que permiten a los informantes y al gobierno recuperar daños triples de compañías o personas que defraudan al gobierno. Sin embargo, solo la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York cubre ampliamente todos los tipos de fraude fiscal.

La decisión de Sprint de no cumplir con la ley de impuestos sobre las ventas de Nueva York durante casi una década perjudicó no solo al estado de Nueva York, sino también a todos los condados, ciudades, pueblos, aldeas y distritos escolares de Nueva York que imponen un impuesto sobre las ventas. De hecho, para muchos condados, los ingresos por impuestos a las ventas son la porción más grande de los ingresos del condado. Una parte sustancial del acuerdo de $330 millones de hoy ya se ha distribuido a las localidades que fueron directamente perjudicadas por la conducta de Sprint.

“Al subestimar descaradamente el monto del impuesto a las ventas adeudado por la suma de $100 millones, Sprint violó la confianza de sus clientes y privó a comunidades en todo el estado de Nueva York de los ingresos necesarios para servicios vitales”, dijo la Comisionada Interina de Impuestos y Finanzas Nonie Manion. “Aplaudimos al denunciante que sacó a la luz esta injusticia, y a nuestros colegas de la Oficina de la Fiscal General que trabajaron estrechamente con nosotros en la investigación que llevó a este acuerdo sin precedentes de $330 millones”.

La investigación que condujo a este acuerdo comenzó con una demanda de denunciante presentada bajo la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York. La Fiscal General aprecia la información y asistencia del denunciante en esta investigación. El denunciante recibirá $62.7 millones, ya que la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York le da derecho a los denunciantes que denuncian un fraude contra el gobierno a una parte específica de la recuperación.

Después de que el denunciante presentara su demanda en marzo de 2011, la Fiscalía General, en estrecha colaboración con el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre la conducta de Sprint y en abril de 2012 presentó una demanda civil contra Sprint y algunos de sus filiales. Desde entonces, la Corte Suprema de Nueva York, la División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York, el Primer Departamento y el Tribunal de Apelaciones de Nueva York emitieron opiniones rechazando los intentos de Sprint de desestimar esta demanda.

Desde agosto de 2002, la disposición fiscal en cuestión en esta demanda, la Ley de Impuestos de Nueva York § 1105 (b) (2), que establece un impuesto a las ventas en todos los servicios de voz inalámbricos que se venden por un cargo fijo periódico, sin diferenciar entre llamadas intra-estatal o interestatal e internacionales. El Tribunal de Apelaciones de Nueva York ha declarado explícitamente que esta disposición es inequívoca.

Sprint y sus subsidiarias vendieron planes de llamadas inalámbricas a clientes de Nueva York. Algunos de esos planes de llamadas inalámbricas permitieron que un cliente usara hasta un número específico de minutos de llamadas de voz solamente por un cargo mensual fijo (por ejemplo, 500 minutos de llamadas por $ 50), y esos planes no distinguían entre llamadas estatal o interestatales.

La investigación de la Fiscalía General encontró que, a principios de 2002, Sprint y las otras principales compañías de telefonía celular presionaron al Departamento de Impuestos en relación con la promulgación de la Ley de Impuestos § 1105 (b) (2), que finalmente entró en vigencia en agosto de 2002. La investigación encontró que el Director Regional de Sprint para Asuntos del Gobierno Estatal y Local desempeñó un papel principal en esos esfuerzos de cabildeo en nombre de la industria. La investigación de la Fiscalía General también encontró que, como parte de esos esfuerzos de cabildeo, en la primavera de 2002, ese mismo cabildero interno de Sprint acordó por escrito que la Ley de Impuestos 1105 (b) (2) que pronto se promulgaría mantendría las entradas por impuestos de ventas existentes como “canasta” de ingresos fiscales para planes "compartidos" (es decir, planes de llamadas inalámbricas que proporcionaron una cantidad fija de llamadas de voz por un precio fijo) mediante la imposición de impuestos sobre las ventas a esos planes sin importar si las llamadas eran interestatales o intraestatales. Eso es exactamente lo que la Ley de Impuestos § 1105 (b) (2) hizo sin ambigüedad.

Además, el Departamento de Impuestos emitió una guía en 2002 que explicaba correctamente la Ley de Impuestos recientemente promulgada § 1105 (b) (2) y proporcionó el siguiente ejemplo: "Ejemplo # 1: el Sr. Smith compra un plan de llamadas celulares a un servicio residencial de proveedor que incluye hasta 2,500 minutos de uso por un cargo fijo de $ 49.95 por mes. El contrato establece que se aplicarán cargos adicionales por minutos de llamada que excedan los minutos permitidos según el plan. En noviembre de 2002, el Sr. Smith no excede los minutos de llamada permitidos en el plan, y se le cobra $ 49.95 por el mes. Dichos cargos están sujetos al impuesto a las ventas conforme a la sección 1105 (b) (2) de la Ley de Impuestos, independientemente de si las llamadas realizadas según el plan fueron llamadas dentro del estado, interestatales o internacionales ".

La investigación de la Fiscalía General encontró que los abogados de impuestos internos de Sprint conocían los esfuerzos de cabildeo por parte de los cabilderos internos y externos de Sprint con respecto a la Ley de impuestos § 1105 (b) (2), ya que revisaron el lenguaje inequívoco de la Ley de impuestos § 1105 ( b) (2) y la guía clara del Departamento de Impuestos en 2002, y que estaban al tanto de que la porción completa de un cargo de tarifa plana atribuible a las llamadas de voz inalámbricas está sujeta al impuesto a las ventas según la Ley de Impuestos § 1105 (b) (2) , independientemente de si las llamadas inalámbricas realizadas según el plan fueron llamadas dentro del estado, interestatales o internacionales.

Sin embargo, a pesar de que los abogados y cabilderos de impuestos internos de Sprint sabían lo que requiere en la Ley de Impuestos § 1105 (b) (2), la investigación de la Fiscal General encontró que, en 2005, Sprint decidió violar la ley de Nueva York al no recopilar y remitir al estado el impuesto a las ventas locales sobre la parte de un cargo de tarifa plana para un plan de llamadas inalámbricas que Sprint considera arbitrariamente como llamadas interestatales. Sprint continuó violando la ley incluso después de que comenzó la investigación de la Fiscal General e incluso después de que la Fiscal General presentó esta demanda. No fue hasta mayo de 2014 cuando Sprint finalmente accedió a cumplir con la ley.

La Fiscal General Underwood expresa su profunda gratitud a los auditores, abogados y demás personal del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York por sus contribuciones críticas a este caso.

La demanda de la Fiscal General fue dirigida por el Asesor Principal Bryan Kessler, con la asistencia del Fiscal Adjunto David Farber y los Analistas de Apoyo Legal Justin Meshulam y Bianca LaVeglia, junto con los otros abogados y el personal de la Oficina de Protección del Contribuyente. La Oficina de Protección al Contribuyente está dirigida por el Jefe de la Oficina, Thomas Teige Carroll, y el Jefe de la Oficina Adjunto, Scott Spiegelman, y forma parte de la División de Justicia Económica, dirigida por la Fiscal Ejecutiva Adjunta, Manisha M. Sheth.

Muchos otros abogados y personal de la Fiscalía General, actuales y anteriores, hicieron valiosas contribuciones a la investigación exitosa y al procesamiento de esta demanda, incluido el Fiscal Adjunto Steven Wu y el Especialista en Tecnología de la Información John Roach.

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