Fiscal General James Se Una A Acción Legal Contra La Política De “Devolver” De La Administración Trump

NUEVA YORK - La Fiscal General Letitia James se unió a un escrito amicus multi-estatal dirigido por California, en apoyo de una demanda presentada por el proveedor de servicios legales sin fines de lucro Al Otro Lado, que cuestiona la práctica de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU.  de negar ilegalmente a individuos el acceso al proceso de asilo en los puertos de entrada en la frontera sur.

En el escrito, los fiscales generales instan al Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de California a que rechace la moción de la Administración Trump para desestimar parcialmente la demanda. El informe analiza cómo la "Política de Devolver" de la Administración Trump exacerba las condiciones inhumanas en la frontera y causa graves daños a los solicitantes de asilo que, a través de tergiversaciones e intimidación por parte de CBP, son rechazados en la frontera. La "Política de Devolver" es contraria tanto a las obligaciones de los Estados Unidos con tratados internacionales, así como a la ley federal, que exige que los funcionarios de inmigración brinden a los solicitantes de asilo con prontitud la oportunidad justa de presentar sus reclamaciones.

"Los que buscan asilo en nuestro país lo hacen porque temen por su seguridad", dijo la Fiscal General Letitia James. "Es inconcebible que el gobierno federal esté tomando una decisión de política que podría resultar en que las personas que están huyendo de la persecución vuelvan a estar en peligro". "Nueva York continuará haciendo todo lo posible para apoyar a quienes buscan refugio aquí y luchar contra cualquiera que intente frustrar este proceso."

En el caso Al Otro Lado v. Nielsen se cuestiona la "Política de Devolver" del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., que obliga a funcionarios de nivel inferior a rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera. Bajo esta política, el CBP ha utilizado varios métodos para negar a los solicitantes de asilo el acceso al proceso de asilo, incluyendo tergiversaciones, amenazas e intimidación, coerción, abuso verbal y físico, y "medición", la práctica de poner límites diarios y artificiales en el número de los solicitantes de asilo que pueden cruzar la frontera. En el escrito, los Estados sostienen que tales prácticas disuaden y niegan ilegalmente el acceso de los solicitantes de asilo al proceso de asilo y crean más daños al obligarlos a languidecer en la frontera en condiciones inhumanas.

La coalición también sostiene que los Estados se verán perjudicados por los efectos de esta política ilegal. Los estados invierten sus propios recursos para brindar educación, atención médica y otros servicios a los inmigrantes que residen dentro de sus fronteras, incluidos los solicitantes de asilo una vez que se encuentran en el país. Los gobiernos estatales y locales incurrirán en el costo de brindar servicios a los solicitantes de asilo que sufren un trauma innecesario como resultado de la "Política de Devolución". Los signatarios estatales del escrito han recibido a más del 70 por ciento del total nacional de asilados y tienen un profundo interés en garantizar que los derechos y el bienestar de los solicitantes de asilo estén protegidos.

Junto a la Fiscal General James en el escrito, dirigido por California, están los Fiscales Generales de Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.

Una copia del escrito se puede encontrar aquí.