Fiscal General James Solicita Cesación Preliminar Contra los Planes de la Administración Trump Para Frenar la Discriminación en la Atención Médica

La Decisión Final del Dpto. De Salud y Servicios Humanos Ampliaría la Habilidad de las Empresas e Individuos Para Negar Servicios Médicos Necesarios a Pacientes, Según Sus “Creencias Religiosas, Morales, Eticas, o Basándose en Otros Ideales”

La Moción Cuenta con el Respaldo de Decenas de Expertos en Salud Pública en Todos los EEUU

NUEVA YORK – La Fiscal General Letitia James, liderando una coalición de 23 estados, ciudades, y municipalidades, presentó una moción con la cual busca evitar la entrada en vigor de los planes del Dpto. De Salud y Servicios Humanos (HHS, por su siglas en inglés) bajo la Administración Trump que decidió expandir la habilidad que tienen los negocios e individuos de negarse a proveer servicios médicos a cualquier persona, en base a sus “creencias morales y religiosas”. La moción cuenta con el respaldo de 48 profesionales de la salud, que enviaron sus declaraciones desde varios estados de la nación. Como líder de esta coalición, la Fiscal General James presentó la demanda contra el HHS en mayo de 2019, para bloquear la medida discriminatoria.

“No permitiremos que esta administración implemente políticas que pongan en riesgo la salud y seguridad del pueblo”, indicó la Fiscal General Letitia James. “Confiamos plenamente en que nuestros doctores y profesionales médicos nos proveen el servicio necesario, y esta norma les permitiría poner sus creencias personales por encima de sus obligaciones profesionales. Esta medida es descaradamente discriminatoria e ilegal, y no permitiremos que el gobierno federal ponga en peligro a un gran número de estadounidenses”.

La cesación premiliar busca evitar que, en julio de 2019, entre en vigor de la ‘Decisión Final’ del HHS, alegando que esta daría a muchos trabajadores e instituciones sanitarias el derecho a negarse a tratar a pacientes, en base de sus puntos de vista personales. Esta iniciativa, drásticamente, expande la lista de proveedores de servicios y tratamientos médicos que califican para aplicar este derecho: desde conductores de ambulancias, a doctores de salas de emergencias, secretarias, y representantes de servicio a clientes en compañías aseguradoras. La medida también hace este derecho ‘categórico y absoluto’. Independientemente de si el empleador o proveedor de servicios médicos toma o no pasos razonables para tener en cuenta los puntos de vista de alguien que se oponga, si ese individuo rechaza las acomodaciones propuestas, el proveedor o empleador no tiene ninguna otra opción.

Bajo la Decisión Final, un hospital  no podrá preguntar, antes de contratar a un/a enfermero/a, si se oponía a la administración de una vacuna contra el sarampión, incluso si se trataba de una función clave en medio de un brote de la enfermedad. En virtud de esta medida, además, un doctor de emergencias puede negarse a tender a una mujer que llegó con un embarazo ectópico roto, aunque la vida de este esté en peligro.

La demanda entablada por la coalición insiste en que las instituciones que no cumplan con esta nueva norma, correrían el peligro de perder miles de millones de dólares en fondos federales de atención médica. Si HHS determina, a su entera discreción, que los estados o municipalidades no cumplen con la Iniciativa Final—a través de sus propias acciones o las de miles de sub-contratistas que proven servicios médicos—el gobierno federal podría dejar de otorgar a estos estados y municipalidades, cientos de mils de dillones de dólares en fondos para programas de salud. Los estadados y municipalidades necesitan estos fondos para financiar innumerables programas de salud pública de sus residentes, incluyendo Medicaid, Programas de Seguros de Salud para los Niños (CHIP, por sus siglas en inglés), programas de educación y prevención de VIH/SIDA y otras Enfermedades de Transmisión Sexual, tratamientos médicos, y servicios de salud mental y abuso de sustancias.

Según la demanda, la drástica expansión de los derechos de rechazo, y la draconiana amenaza de la terminación del financiamiento de estos programas con fondos fedrales, violan la denominada Ley Federal de Procedimientos Administrativos, la Cláusula de Gastos, y el principio de la Separación de Poderes que establece la Constitución de EEUU.

Además del Estado de Nueva York, la demanda exigiendo la cesación preliminar fue presentada por la Ciudad de Nueva York, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Wisconsin, la Ciudad de Chicago, y el Condado Cook, en Illinois.

La acción tomada por el Estado de Nueva York, la dirige el Jefe de Asesoramiento en Iniciativas Federales Matthew Colangelo; los Sub-Fiscales Generales Lilia Toson, Brooke Tucker, Amanda Meyer, y Justin Deabler, en los Burós de Cuidados de Salud y Derechos Civiles; y Linda Landau, Jefa del Buró de Cuidados Médicos. Los Burós de Cuidados de Salud y Derechos Civiles son parte de la División de Justicia Social de la Oficina de la Fiscal General, que dirige la Sub-Fisal General Ejecutiva, Meghan Faux.