Fiscal General James Anuncia Acuerdo de $66 Millones Que Pone Fin a Esquemas de Cobro Ilegal de Deudas

Los acusados inflaron las deudas ilegalmente y amenazaron a los consumidores

BUFFALO – La Fiscal General Letitia James anunció hoy un acuerdo que prohíbe al infame recaudador de deudas Douglas MacKinnon, y a sus empresas Northern Resolution Group LLC y Enhanced Acquisitions LLC, al igual que a Mark Gray y su compañía Delreay Capital, LLC. ejercer trabajos en la industria del cobro de deudas. El acuerdo exige también el pago de $66 Millones, en restitución y multas, por parte de MacKinnon, Gray y sus empresas. Frecuentemente, los acusados y sus negocios tendían a inflar las deudas con el fin de tratar de cobrar más de lo que los consumidores estaban legalmente obligados a pagar. Las oficinas de cobro que trabajaban bajo la dirección de MacKinnon y Gray perpetraron una variedad de tácticas ilegales para obtener pagos, como amenazar e intimidar a los consumidores con arrestos.

“En Nueva York, tenemos cero tolerancias para las personas que utilizan tácticas ilegales e inadmisibles para engañar a los consumidores, y obtener su dinero a la fuerza”, indicó la Fiscal General Letitia James. "Los acusados no solamente obligaron a los neoyorquinos a pagar más de lo que debían, sino que también amenazaron con arrestarlos por no cumplir con estas prácticas depredadoras. Este acuerdo demuestra nuestro compromiso con la protección de los consumidores y agradezco al Buró de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) por su alianza con mi oficina para detener este esquema de explotación y robo".

La Oficina de la Fiscal General de Nueva York y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor alegan que MacKinnon y Gray rutinariamente provocaban que se agregaran $200 a las deudas que compraban y colocaban para su cobro. Los coleccionistas de deudas a menudo exigían que los consumidores pagaran más que el monto que realmente debían, una práctica conocida como "overbiffing", abreviatura de "sobrebalance". Esto causó que los consumidores que habían solicitado préstamos de solamente cientos de dólares, tuvieran que pagar miles de dólares que, legítimamente, no debían.

Los cobradores de deudas decían falsamente a los consumidores que serían arrestados por fraude de cheques y hasta los amenazaban con ser judicialmente procesados. Estos, además, realizaban llamadas telefónicas de extorsión, haciendo creer que llamaban de las agencias gubernamentales y del sistema judicial. El personal de MacKinnon dio a los cobradores acceso a un sistema telefónico automatizado que les permitía enviar mensajes amenazantes a cientos de miles de consumidores. Estos mensajes contenían muchas amenazas falsas, incluyendo las alegaciones de que embargarían los sueldos, les revocarían sus licencias y les quitarían los bienes personales a los consumidores, si no pagaban las deudas.

En el transcurso del plan de los acusados, más de 250 talleres cobraron deudas propiedades de, o controladas por MacKinnon, Gray, y sus empresas. MacKinnon y Gray también coloraron deudas en agencias de cobro en todo el país, pero la mayoría de esas oficinas estaban ubicadas en la región de Buffalo-Niagara. MacKinnon y sus empleados sirvieron como la "sede corporativa" que pasó la deuda, proporcionó la infraestructura tecnológica, el procesamiento de pagos y administró esta vasta red de cobro ilegal de deudas. MacKinnon también proveyó espacio de oficina a las agencias de recolección de deudas, y envió a su personal a configurar los cubículos, teléfonos y computadoras necesarias para perpetrar su esquema. MacKinnon y sus gerentes monitorearon de cerca la productividad de estos establecimientos y cerraron las oficinas de cobro que no estaban recolectando, agresivamente, lo suficiente.

La compañía de Gray, Delray Capital, LLC. por su parte, operaba múltiples oficinas de cobro de deudas en el área de Buffalo que cobraban deudas de los consumidores usando tácticas ilegales. Gray recibió personalmente numerosas quejas sobre las tácticas ilegales de los coleccionistas, pero no pudo frenarlos. Gray también compró carteras de deudas y proporcionó servicios de procesamiento de pagos en el desarrollo del esquema de los acusados.

El acuerdo prohíbe permanentemente a MacKinnon, Gray, y a sus empresas ejercer cualquier trabajo en la industria de cobro de deudas, y también les prohíbe tergiversar hechos materiales sobre productos y servicios financieros, para beneficiarse de la información recopilada de los clientes obtenida por medio de las prácticas impugnadas, y sin desechar adecuadamente dicha información.

El acuerdo impone una sentencia de $60 millones contra el acusado MacKinnon. La sentencia consiste en que MacKinnon y sus empresas hagan el pago conjunto y solidario de $40 millones en compensación por daños causados a los consumidores. El acuerdo también impone una sentencia de $20 millones en sanciones monetarias civiles contra MacKinnon, incluyendo $10 millones pagados al Estado de Nueva York y $10 millones al CFPB. El acuerdo impone una sentencia total de $6 millones contra el Gray. También exige a Gray y Delray Capital LLC, el pago de $4 millones para la reparación de crédito de los consumidores, conjunta y solidariamente, pero esta cantidad se suspende a $10,000 debido a la incapacidad de estos acusados de pagar esta sentencia. El acuerdo también impone $2 millones en sanciones monetarias civiles contra Gray, pero esta cantidad se suspende debido a la incapacidad del demandado para pagar. La sentencia completa se vence inmediatamente si se determina que los demandados Gray o Delray Capital, LLC han tergiversado su condición financiera. Una vez aprobadas y firmadas por el tribunal, las sentencias y órdenes finales estipuladas en este asunto tendrán la fuerza de ley activa.

El caso es procesado por el Sub-Fiscal General, Christopher L. Boyd, en la Oficina Regional en Buffalo, de la Fiscal General Estatal; con la asistencia de la Representante Superior de Fraudes al Consumidor Karen Davis, el Investigador Supervisor Ken Peters y la Investigadora Jennifer Hill. La Oficina Regional de la Fiscalía Estatal, en Buffalo, es dirigida por el Fiscal General Adjunto y Jefe, Michael Russo. La División de Asuntos Regionales lo dirige la Fiscal Gral. Adjunta de Asuntos Regionales, Jill Faber.