Fiscal General James Obtiene Más de $215,000 Para Consumidores Después de Que Concesionarios de Autos Cobraran Ilegalmente Por Productos Falsos de Protección

Victory Mitsubishi de Larchmont y Victory Suzuki de El Bronx Pagarán Más de $305,000 en Sanciones y Restitución a los Consumidores por Realizar Prácticas Comerciales Engañosas

NUEVA YORK — La Fiscal General Letitia James anunció el envío por correo de pagos de restitución a más de 400 consumidores a quienes se les vendieron falsos productos de protección, incluyendo sistemas antirrobo para sus autos instalados en las ventanas, sin su consentimiento o conocimiento. Estos pagos fueron enviados la semana pasada, después de que los concesionarios cobraron engañosamente hasta $4,000 adicionales a los consumidores, por los métodos de protección fraudulentos. Estos pagos son el resultado de la Estipulación de un Acuerdo y Orden de Daños, derivada de una demanda presentada por la Oficina de la Fiscal General de Nueva York contra las empresas Victory Motors, LLC (d/b/a/ Victory Mitsubishi de Larchmont) y Victory Auto Group, LLC (d/b/a Victory Suzuki de El Bronx) por realizar prácticas comerciales persistentes, fraudulentas, engañosas, e ilegales en la venta de un pasivo sistema de seguridad.

"Estamos devolviendo a los neoyorquinos el dinero que les fue robado", dijo la Fiscal General Letitia James. "Estos concesionarios abusaron injustamente de los consumidores al cobrarles por complementos y accesorios no deseados, secretos, o con los cuales ellos no estaban de acuerdo. Mi oficina seguirá protegiendo a los consumidores de Nueva York, y trabajando para garantizar que todos los concesionarios de automóviles de todo el estado cumplan con las leyes". 

La Oficina de la Fiscal General presentó la demanda en diciembre de 2017, alegando que Victory Motors, LLC—empresa que cerró en el 2018—y Victory Auto Group, LLC, cobraron a muchos clientes hasta $4,000 por un producto antirrobo no-deseado y falso el cual era instalado en cada vehículo. El precio por el aparato, conocido como un producto de “post-venta”, frecuentemente se agregaba al costo final del vehículo sin el conocimiento o consentimiento del consumidor, después que el cliente había acordado el precio de compra de un automóvil, pero antes de que se completara la venta final.

El tribunal, al encontrar a los concesionarios mencionados anteriormente responsables de perpetrar prácticas comerciales engañosas y de cometer constantes y persistentes fraudes, ordenó permanentemente a Victory Motors, LLC y Victory Auto Group, LLC, dejar de participar en persistentes prácticas comerciales ilegales para vender este sistema de seguridad pasiva. El tribunal ordenó seguir la Estipulación de un Acuerdo que exige a los concesionarios pagar un total de $305,850 en daños, lo cual incluye la restitución a las víctimas del fraude. A los consumidores se les cobraron cantidades que oscilaban entre $129 y $3,998 por el producto antirrobo falso. En muchos casos, los dos concesionarios Victory agregaron esta tarifa al precio de venta final sin el conocimiento o consentimiento de los consumidores. Como resultado, el precio final pagado por los clientes aumentó por el importe cobrado por el producto post-venta.

Además, los dos concesionarios Victory tampoco revelaron claramente la naturaleza del producto post-venta a sus clientes. Se supone que la "Asignación del Descuento por Reemplazo de Vehículos", también conocido como la "Garantía de Grabado”, debe incluir un grabado permanente o grabado del número de serie registrado del auto (VIN) en las ventanillas, supuestamente para impedir el robo del vehículo. Sin embargo, en muchos casos, los concesionarios Victory no grabaron el VIN en las ventanas de los vehículos. 

Desde el 2015, la Oficina de la Fiscal General ha llegado a acuerdos con concesionarios de autos, y recuperado casi $19 millones en restitución y sanciones de estos. Casi 29,000 consumidores han calificado para recibir pagos de restitución bajo estos acuerdos. Este caso es parte de una iniciativa íntegra de la Fiscalía General Estatal, para poner fin a las prácticas engañosas y cobros ilegales de los concesionarios de automóviles por productos y servicios sin el consentimiento o conocimiento de un cliente.

El caso fue procesado por la Fiscal General Adjunta, Sandra Giorno-Tocco; con la asistencia de los Investigadores, Peter Schottenfeld, Michael Christian, y Ralph Dorismond; y del Representante Superior de Fraudes al Consumidor, John Katzenstein; bajo la supervisión de Gary Brown, Fiscal General Adjunto y a Cargo de la Oficina Regional de Westchester; y Jill Faber, Fiscal General Adjunta para Asuntos Regionales.