Fiscal General James Critica la Amenaza de la Agencia de Protección Ambiental, Bajo la Administración Trump, de Debilitar la Ley de Agua Limpia

NUEVA YORK — La Fiscal General Letitia James se unió a una coalición de 14 Estados y agencias ambientales, para presentar una carta de comentarios denunciando los planes de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) de revertir las normas que dan a los Estados el poder de aprobar o negar proyectos federales, tras revisar los impactos de los proyectos autorizados federalmente en vías fluviales y humedales, como lo establece la Sección 401 de la Ley de Agua Limpia. La Sección 401 y otras disposiciones de la Ley de Agua Limpia preservan la autoridad de los Estados para proteger la calidad de las aguas dentro de sus fronteras.

"La Ley de Agua Limpia es una herramienta importante para que los Estados se protejan de la contaminación de nuestras vías fluviales", dijo la Fiscal General de NY, Letitia James. "Por cada esfuerzo de la Administración Trump, para debilitar las protecciones ambientales y desactivar la supervisión de los grandes contaminadores, responderemos de la misma manera. Nueva York se compromete a luchar para proteger nuestras aguas y nuestro medio ambiente".

En la carta de comentarios, la coalición resalta la ilegalidad de los planes de la EPA de implementar la Orden Ejecutiva del Presidente Trump emitida en abril de 2019, al considerar que estos contravienen directamente tanto el lenguaje como la intención de la Ley de Agua Limpia, e infringen la autoridad de los Estados emitidas bajo la Ley de Agua Limpia.

La Ley de Agua Limpia refleja la política del Congreso de "reconocer, preservar y proteger las principales responsabilidades y derechos de los Estados para prevenir, reducir y eliminar la contaminación" de las aguas dentro de sus fronteras. Según la Sección 401 de la ley, un proyecto que requiera la aprobación del gobierno federal y que pueda resultar en descargas o en el posible degrado de las aguas estatales debe obtener una certificación estatal que confirme que el trabajo cumple con los estándares de calidad del agua y otros requisitos establecidos por el Estado. Este proceso de certificación garantiza una evaluación adecuada de los impactos que las acciones federales propuestas tendrían en la calidad del agua, y protege la imposición de las condiciones necesarias para remediar dichos efectos.

La coalición multi-estatal alega que los planes de la EPA no son apropiados. La coalición, específicamente, se opone al desprecio de la EPA contra la Ley de Agua Limpia, que otorga a los Estados un plazo razonable para completar el proceso de certificación de calidad del agua establecido por la Sección 401. Además, el grupo se opone al intento de la EPA de restringir el poder de revisión de los proyectos por parte de los Estados, como se indica en la Sección 401, y de imponer al gobierno federal el poder de supervisar o revisar las decisiones estatales en virtud de la Sección 401. Los Estados solicitan que la Agencia de Protección Ambiental retire o revise sus planes para rectificar los asuntos indicados en la carta de comentarios.