Fiscal General James Se Une A Coalición Multi-Estatal Que Exige Frenar Ataques De Trump Contra Solicitantes De Asilo

21 Fiscales Generales Alegan Que Los Cambios A Las Normas De Asilo, Impuestos por Trump, Violan Las Leyes Federales y Precedente Judicial  

NUEVA YORK – La Fiscal General del Estado Letitia James se unió hoy a una coalición de 21 Fiscales Generales Estatales que se oponen a los cambios a las normas de asilo, propuestos por la Administración Trump. De ser implementados, estos cambios permitirían al Poder Ejecutivo negar arbitrariamente las solicitudes de asilo a inmigrantes que buscan refugio de la violencia doméstica o de pandillas. En un escrito amicus presentado como parte del caso Grace v. Barr ante la Corte Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, los Fiscales Generales alegan que estas estrictas revisiones, que efectivamente prohibirían las solicitudes de asilo por casos de violencia doméstica o relacionadas con violencia de pandillas, van en contra de la ya implementadas leyes federales y precedentes judiciales, socavando el propio estado de derecho. 

"Es inconcebible que nuestro gobierno federal niegue refugio a aquellos que buscan desesperadamente seguridad aquí, en este país", dijo la Fiscal General Letitia James. "Estos solicitantes de asilo están huyendo de peligrosas condiciones y situaciones en sus países de origen, y su capacidad para entrar en los Estados Unidos es realmente una cuestión de vida o muerte. Esto no sólo viola las leyes federales, sino que es claramente antitético a nuestros valores básicos como estadounidenses, y por ello lucharemos".  

El Distrito de Columbia y los Estados asociados presentaron este escrito amicus en el caso Grace v. Barr, apoyando a los demandantes que exigen impugnar los cambios a las normas de asilo presentados por la Administración Trump. La demanda fue entablada, inicialmente, por el Centro de Estudios de Géneros y Refugiados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la sede ACLU de Texas y ACLU del Distrito de Columbia, en respuesta a una iniciativa del Ex Secretario de Justicia Jeff Sessions, implementada en junio de 2018.   

Sessions articuló este cambio de política en el caso de una mujer identificada con las siglas de A-B-, mientras intervino en la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) de conceder asilo a una mujer salvadoreña basándose en su reclamo de que había sido víctima de abuso conyugal. En su fallo, Sessions se separó bruscamente del precedente judicial existente argumentando que BIA debería rechazar las solicitudes de asilo de personas que huyen por violencia doméstica o de pandillas. Poco después, el Servicio de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos ordenó implementar esta política, haciendo hincapié en el rechazo de esas peticiones de asilo.  

En diciembre de 2018, el Tribunal Federal Distrital para el Distrito de Columbia eliminó ese cambio, dictaminándolo incompatible con la ley existente. El Departamento de Justicia ahora está apelando el fallo de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. 

En este escrito amicus, los Estados argumentan colectivamente que la decisión del Tribunal de Distrito de rechazar las normas más agudizadas de la administración debe ser ratificada, sobre la base de que:

  • Las normas violan las leyes federales ya establecidas: Una prohibición casi categórica de las solicitudes de asilo basadas en actos de violencia doméstica o de pandillas, como se recomienda en el caso de A-B, impediría ilegalmente que las víctimas de esa violencia obtengan protecciones de asilo. El proceso de casos de asilo se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Entre otras cosas, esa medida permite que cualquier persona que llegue a la frontera con Estados Unidos solicite asilo por "miedo creíble de persecución" en su país de origen. Los casos judiciales posteriores han validado la legitimidad de las solicitudes hechas basadas en actos de violencia de pandillas o doméstica.
  • Las normas son incompatibles con las políticas estatales, federales e internacionales que protegen a las víctimas de violencia: Los 50 estados han promulgado disposiciones en sus códigos penales y civiles para proteger a las víctimas de violencia doméstica, y el gobierno federal ha reconocido la necesidad de ayudar a las mujeres inmigrantes que han sido víctimas de violencia doméstica. Ambos tienen programas y recursos dedicados a la prevención de la violencia de las pandillas. Además, al firmar el Protocolo de las Naciones Unidas de 1967 relativo al Estatuto de los Refugiados, Estados Unidos se comprometió a proteger a las personas que escapan de la persecución. La nueva política de la Administración Trump va en contra de estas promesas.
  • Las normas restringen las habilidades de los Estados de hacer crecer sus economías: los inmigrantes hacen grandes contribuciones a los sistemas económicos y a la sociedad estadounidense en general. Esto ha quedado demostrado estudio tras estudio, y a través de la experiencia reciente en todo el país. Por ejemplo, casi la mitad de todos los nuevos residentes en la región de los Grandes Lagos, entre 2000 y 2015, nacieron en el extranjero, llegando en un momento en que el crecimiento de la población de la región rezagó el promedio nacional. La afluencia de residentes nacidos en el extranjero impulsó empleos y el aumento de salarios en la región. Dado a que la mayoría de los beneficiarios de asilo están en edad de trabajar y contribuyen a la actividad económica de un Estado, las normas de la Administración Trump limitarían el acceso de los Estados a una valiosa fuente laboral.

La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, hizo el envío de este escrito con el apoyo y la firma de los Fiscales Generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, y Washington, liderados por la Fiscal General del Distrito de Columbia.