Fiscal General James Demanda A La Administración Trump Por Presencia De Peligrosos Pesticidas Tóxicos En Alimentos

James Lidera Coalición Que Presentó Demanda Contra EPA Por Permitir El Uso De Clorpirifós Aunque No Se Considera Seguro Su Consumo

NUEVA YORK – La Fiscal General del Estado, Letitia James, lidera una coalición de seis Fiscales Generales Estatales que presentó una demanda contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) bajo el mando de la Administración Trump por seguir permitiendo el uso de clorpirifós, un pesticida peligroso ampliamente utilizado a pesar de los daños documentados en el desarrollo neurológico de bebés y niños – para contaminar alimentos comunes. La coalición se opone a la decisión de la EPA de seguir permitiendo la presencia de clorpirifós en los alimentos, a pesar de que no ha hecho un hallazgo actual, como exige la ley, de que la contaminación con este tóxico pesticida es segura.    

"El clorpirifós es extremadamente peligroso, especialmente para la salud de nuestros hijos", dijo la Fiscal General Letitia James. "Sin embargo, la Administración Trump sigue ignorando tanto la ciencia como la ley, al permitir que este pesticida tóxico contamine los alimentos a niveles inseguros. Si la EPA de Trump no hace su trabajo de proteger la salud y la seguridad de los neoyorquinos, mi oficina los llevará a los tribunales y los obligará a cumplir con sus responsabilidades".   

La demanda fue presentada en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU. Además de Nueva York, la demanda fue entablada por los Fiscales Generales de California, Washington, Massachusetts, Maryland y Vermont. Los Fiscales Generales de Hawái y el Distrito de Columbia planean unirse a esta coalición, mañana, interponiéndose en la demanda.  

La sustancia química tóxica de Clorpirifós (Chlorpiryfos) es un pesticida o plaguicida frecuentemente utilizada no solamente para regarse en los campos agrícolas—como en las frutas y vegetales consumidos por infantes, niños y mujeres embarazadas, sino que también son esparcidos por el viento a los centros habitacionales. Varios estudios han demostrado que esta sustancia causa graves daños médicos que afectan el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro. De hecho, los propios científicos de la EPA han sido incapaces de identificar dos veces un nivel seguro del pesticida en los alimentos.  Debido a esto, en noviembre de 2015 y de nuevo en noviembre de 2016, la EPA emitió reglamentos propuestos para revocar todos los niveles permitidos – o "tolerancias"– y ya no permiten que se utilice el clorpirifós en cultivos alimentarios.  Sin embargo, en uno de sus primeros actos oficiales, el exadministrador de la EPA, Scott Pruitt, hizo caso omiso de esas propuestas y de décadas de pruebas científicas amasadas por esa Agencia. Pruitt, también emitió una orden que prohíbe, hasta octubre de 2022 o quizás por más tiempo, cualquier decisión sobre la revocación o modificación de los niveles actualmente permitidos para los residuos de este pesticida tóxico en los alimentos.  

En junio de 2017, la Oficina de la Fiscal General de Nueva York—liderando una coalición de siete Fiscales Generales Estatales junto a un grupo de peticionarios, incluyendo la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y otras organizaciones civiles, de salud y ambientales, presentaron una objeción a la orden del Administrador Pruitt.  Las objeciones alegaban que, al dejar en su lugar las tolerancias para los clorpirifós, la orden violaba la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (Ley de Alimentos) porque la EPA no realizó la constatación legalmente requerida sobre la seguridad necesaria para mantener estas tolerancias.    

En abril de este año, la Corte del Noveno Circuito ordenó a la EPA decidir sobre las objeciones administrativas en un plazo de 90 días.  La EPA emitió una decisión en la que denegaba estas objeciones el 18 de julio, indicando que, en vez de tomar medidas sobre su propuesta para revocar las tolerancias del peligroso pesticida, esta agencia seguiría supervisando la inocuidad de la sustancia tóxica en los alimentos hasta el 2022. 

La demanda presentada hoy por la coalición de Fiscales Generales Estatales sostiene que la decisión de la EPA del 18 de julio fue "arbitraria y caprichosa y contraria a la ley en varios aspectos", incluyendo que la Agencia está dejando las tolerancias en su lugar sin, como exige la Ley de Alimentos, garantizar que no se hagan daños a los lactantes y niños, y sin determinar que las tolerancias actuales del químico clorpirifós son seguras. La coalición exige que el tribunal anule la orden del 18 de julio y ordene a la EPA revocar todas las tolerancias para los residuos de clorpirifós en los alimentos a menos que la Agencia haga una constatación de que las tolerancias son "seguras".     

El Clorpirifós es uno de los insecticidas más utilizados en los Estados Unidos en numerosos cultivos alimentarios, incluyendo en productos que consumen bebés y niños pequeños como manzanas, fresas, cerezas, plátanos, peras, melocotones, nectarinas y cerezas.  Los residuos del pesticida se han documentado repetidamente en alimentos y jugos para bebés.  El clorpirifós ha sido sometido a revisión regulatoria durante casi 20 años, y sus peligros están bien documentados. La intoxicación por clorpirifós puede ocurrir por ingesta, inhalación o contacto directo. En caso de ingesta, pasa fácilmente del intestino al torrente sanguíneo, distribuyéndose rápidamente por todos los sistemas del cuerpo.  

La exposición a este producto plaguicida puede afectar el sistema nervioso central, los sistemas cardiovascular y respiratorio, y el cerebro; y causar problemas de salud como náuseas y mareos, confusión, convulsiones, micción, y defecación involuntaria. Varios estudios han demostrado que los bebés nacidos de mujeres expuestas a clorpirifós durante el embarazo, mostraron daños neurológicos, y tuvieron retrasos en el desarrollo cognitivo en los primeros tres años. Estos niños, además, sufrieron cambios estructurales en el cerebro, problemas en la memoria, puntuaciones de coeficiente intelectual a los siete años, y trastornos de movimientos—incluyendo temblores en los brazos, a los 11 años de edad. 

En la Oficina de la Fiscal General James, este caso es procesado por la Procuradora General Adjunta, Andrea Oser; y el Sub-Procurador General, Frederick A. Brodie, de la División de Apelaciones y Opiniones; bajo la supervisión de la Procuradora Especial General Barbara D. Underwood. Este asunto también es manejado por la Sub-Procuradora General Karen Kaufmann; y la Científica Ambiental, Jennifer Nalbone del Buró de Protección Ambiental; bajo la supervisión de la Fiscal General Adjunta Lisa M. Burianek.  El Buró de Protección Ambiental es dirigido por el Jefe del Buró, Lemuel Srolovic; y es parte de la División de Justicia Social, bajo la dirección de la Sub-Fiscal General Ejecutiva, Meghan Faux.