Fiscal General James: Si La Administración Trump No Defiende El Censo, ¡Nosotros Sí Lo Haremos!

Nueva York Intervendrá Como Defensor en el Caso del Censo de Alabama
Para Garantizar Que Todos Sean Contados

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció hoy que liderará una coalición de 26 miembros, a nivel federal, incluyendo 15 Estados, el Distrito de Columbia, tres condados, seis ciudades y la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos, para expresar su oposición al intento del Estado de Alabama de avanzar con su agenda discriminatoria y de inclinar el poder en el Congreso y el Colegio Electoral, al negarse a contar a cada individuo en el censo decenal de 2020. Aunque el Departamento de Comercio de los EE.UU. y la Oficina del Censo de los EE.UU., así como sus respectivos líderes, fueron nombrados como acusados ​​en el caso, el Estado de Nueva York decidió intervenir como defensor en el caso federal de Alabama v El Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en el Tribunal del Distrito Norte de Alabama, para garantizar que el caso se presente adecuadamente y que cada residente en Estados Unidos, independientemente de su condición de ciudadanía, sea contado de forma correcta en el censo decenal de 2020. "Ningún individuo deja de ser una persona porque carece de documentación", dijo la Fiscal General Letitia James. "La Constitución de los Estados Unidos es muy clara al indicar que cada persona que reside en este país en el momento del censo decenal, independientemente de su estado legal, debe ser contada, y no importa lo que diga el Presidente Trump o el Estado de Alabama, ese hecho nunca cambiará. Entonces, estamos interviniendo en este caso y asumiendo el papel de acusado o defensor, porque los valores consagrados en la Constitución de los Estados Unidos merecen algo mejor que una defensa poco entusiasta e inadecuada. Continuaremos liderando esta lucha porque, a pesar de los intentos racistas y xenófobos anteriores de la Administración Trump para inclinar la balanza de poder en la nación y el esfuerzo de Alabama por continuar por ese camino, nunca dejaremos de luchar para garantizar que cada persona cuente ". 

En mayo de 2018, el Estado de Alabama y un Congresista de Alabama presentaron una demanda contra la política antigua de la Oficina del Censo de EE. UU. de incluir a todas las personas, entre ellos los no ciudadanos de la nación, en el censo decenal. El recuento del censo se usa para distribuir miles de millones de dólares en fondos federales, y para determinar la cantidad de Representantes que cada Estado tiene en la Cámara de Representantes de los EE. UU., algo que posteriormente, determina la cantidad de votos del Colegio Electoral que cada Estado tendrá en una elección presidencial.

A pesar de la objeción de Alabama, el Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos, enmendado por la Decimocuarta Enmienda, deja bien claro que la "Enumeración real" del "número total de personas" en cada estado incluye a todos en el país, independientemente de su estatus legal. Como señaló un tribunal de distrito de tres jueces al rechazar un desafío similar hace décadas, "el lenguaje de la Constitución no es ambiguo" y "requiere el recuento del 'número total de personas' con fines de distribución, y aunque los extranjeros indocumentados no representan un componente clave de la población en el momento en que se aprobó la Constitución, son claramente 'personas’”.

A pesar de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está defendiendo a la Oficina del Censo y al Departamento de Comercio de la nación en este caso, las recientes declaraciones de altos funcionarios de la Administración Trump sugieren que la defensa de la Administración será inadecuada. El 11 de julio de 2019, al anunciar que el gobierno federal ya no trataría de agregar la pregunta de la ciudadanía en los formularios del Censo de 2020, el Secretario de Justicia de EEUU, William Barr, sugirió que la Administración reconsideraría el tema en el punto clave de la demanda de Alabama: si cuenta o no a los inmigrantes indocumentados. Además, en el caso de Alabama, el Tribunal señaló recientemente que la defensa ofrecida por el Departamento de Justicia de EEUU ha sido "poco entusiasta" y que permitir esa intervención garantizará que se hagan los "mejores argumentos" en apoyo del precedente de un siglo. La coalición de Estados, Ciudades y Condados que buscan intervenir como defensores en la demanda ahora defienden el mandato constitucional que requiere que la Oficina del Censo de los Estados Unidos cuente a todos los residentes de la nación, y defiende también el precedente de un siglo de antigüedad, de la Oficina del Censo de contar "a todas las personas” en los Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, con fines de la distribución.

Eliminar a los inmigrantes indocumentados del censo no solo daría como resultado la pérdida de representación en el Congreso para varios Estados con gran cantidad de inmigrantes, sino que también reduciría la representación de ciudades y condados con grandes poblaciones de inmigrantes en las legislaturas estatales. Esto también podría dar lugar a reducciones en las cruciales distribuciones de fondos federales, ya que más de 300 programas y miles de millones de dólares están vinculados, al menos en parte, al número de residentes, reportados tras el censo. Es imperativo que los Estados, condados y ciudades de la coalición intervengan y defiendan adecuadamente la política actual que incluye a los inmigrantes indocumentados en el conteo del censo a todos los efectos. La Fiscal General James presentó la moción para intervenir en este caso con el apoyo de los Fiscales Generales de los Estados de California, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Illinois, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, y Washington. Adicionalmente, la coalición multi-estatal obtuvo el respaldo de las Ciudades de Nueva York, NY; Central Falls, RI; Chicago, IL; Filadelfia, PA; Providence, RI; y Seattle, WA. Posteriormente, el Condado Monterey de California; los Condados Hidalgo y Cameron de Texas; y la Conferencia Bipartidista de Alcaldes de EEUU se unieron como defensores en esta demanda.  En la Fiscalía del Estado de Nueva York, el caso es manejado por los Sub-Fiscales Generales, Elizabeth Morgan y Ajay Sainai; la Abogada Principal de Juicios, Elena Goldstein; y el Jefe de Asesoramiento en Iniciativas Federales, Matthew Colangelo.