Fiscal General James Lidera Lucha En Contra De La Propuesta De Sucio Poder Del Pdte. Trump

La Coalición de 29 Estados y Ciudades Considera que la Propuesta de ‘Energía Limpia Asequible’ (ACE) Presentada por la Agencia de Protección Ambiental de Trump Viola la Ley de Aire Limpio Mientras Promueve el Poder del Carbón Sucio y Costoso, y Socava la Energía Limpia, Renovable y Asequible

NUEVA YORK – La Fiscal General Letitia James, al liderazgo de una coalición de 22 Estados y 7 gobiernos locales, anunció hoy la presentación de una demanda contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de la Administración Trump, por su propuesta de “Energía Limpia Asequible” (ACE, por sus siglas en inglés)—conocida también como la medida de “Sucio Poder”. La norma ACE reemplazaría el fundamental Plan de Energía Limpia, los primeros límites a nivel nacional en una de las mayores fuentes de contaminación vinculadas a los cambios climáticos: las antiguas plantas de energía fósiles. La nueva regla de la EPA revierte estos límites y prácticamente no tendrá impacto en estas emisiones, prolongando la dependencia de la nación de plantas de carbón contaminantes y costosas, y obstruyendo el progreso de los Estados hacia la generación de electricidad limpia, renovable y asequible.

“La ciencia es indiscutible; Nuestro clima está cambiando. Los casquetes polares se están derritiendo. Los niveles del mar están subiendo. El clima se está volviendo cada vez más y más extremo ", dijo la Fiscal General Letitia James. “Sin una corrección significativa del rumbo, estamos avanzando hacia un gran desastre climático. En vez de seguir este camino con políticas destinadas a solucionar el problema y proteger el medio ambiente, y la salud y la seguridad de las personas, la Administración Trump derogó el Plan de Energía Limpia y lo reemplazó con esta regla de "Sucio Poder". Mi oficina y esta innovadora coalición de estados y ciudades de toda la nación lucharán contra esta normativa ilegal de no hacer nada para proteger nuestro futuro del catastrófico cambio climático”.

Además de ignorar la ciencia del cambio climático--el texto de la regla ACE solamente menciona brevemente el cambio climático y no reconoce la grave amenaza que representa para la salud, la economía y el medio ambiente de las personas-- la regla ignora los requisitos establecidos por la Ley Federal de Aire Limpio. Esta Ley requiere que los límites de los contaminantes de aire, como los gases de efecto invernadero, se basen en las reducciones de emisiones que se pueden lograr a través del "mejor sistema de reducción de emisiones". Sin embargo, bajo la propuesta de “Sucio Poder" de Trump, la Agencia de Protección Ambiental ha descartado como un "mejor y más barato sistema", al enfoque más eficiente, comprobado y exitoso para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero: que va desde la generación bajo el consumo de carbón a otra generación menos intensiva en carbono.

A diferencia del Plan de Energía Limpia, que fue diseñado tras la implementación de exitosos programas estatales que requieren una generación de energía más limpia, la propuesta ACE ignora la eficacia de estos programas. Ejemplo de ello es la Iniciativa Regional de Gases de Efectos Invernaderos (RGGI) de 10 estados (Nueva York, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Vermont), un programa de capitalización y comercio basado en el mercado, que ha demostrado ser un modelo efectivo y rentable para reducir las emisiones de contaminantes causantes del cambio climático en las centrales eléctricas. Las plantas de energía en los Estados participantes de RGGI han reducido sus emisiones en más de un 50 por ciento, y entre 2015 y 2017, estos Estados vieron una actividad económica neta positiva de $ 1,400 millones, y la creación de 14,500 nuevos puestos de trabajo, todo ello manteniendo la confiabilidad del servicio y manteniendo bajo la raya las tarifas de electricidad.

De hecho, la regla del "Sucio Poder" llega a prohibir a los Estados participar en programas de capitalización y comercio--medios creados para cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Aire Limpio. 

Significativamente, el "mejor sistema de reducción de emisiones" utilizado por la EPA durante la Administración Trump y bajo la regla de “Sucio Poder" –las actualizaciones a equipos en centrales de carbón-- reducirá las emisiones en sólo un 0.7 por ciento más para 2030, comparado con no tener ninguna normativa en efecto, según el propio análisis de la EPA.  Además, la Agencia de Protección Ambiental constató que las emisiones de uno o más de tres contaminantes (dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2) aumentarán en 18 estados en 2030 comparado con ninguna rama del acta de "Sucio Poder".

Las diferencias en los beneficios provistos por el Plan de Energía Limpia en comparación con la regla de "Sucio Poder" de Trump son sustanciales, como se refleja en la siguiente tabla usando los propios cálculos de la agencia cuando finalizó las dos reglas:

   

Ley “Sucio Poder” 

(Reglamento ACE)

Plan de Energía Limpia

Reducciones de Contaminates para 2030

 

CO2 (millones de toneladas)  

11

(0.7%) 

415

(19%) 

SO2 (miles de toneladas) 

5.7

(0.6%) 

318

(24%) 

NOx (miles de toneladas) 

7.1

(0.9%) 

282

(22%) 

Beneficios para 2030 ($ millones)* 

570-1,300

34,000-54,000

Costos para 2030 ($ millones)* 

280

8,400

Beneficios Netos para 2030 

($ millones)* 

300-1,000

26,000-45,000

*Tasa de Descuento de 3%; Regla ACE en dólares para 2019, y Plan de Energía Limpia en dólares para 2011

Fuentes: Análisis de Impacto Regulatorio para la Derogación del Plan de Energía Limpia, y las Directrices de Emisiones, para las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de las Unidades Generadoras de Servicios Eléctricos Existentes, EPA-452/R-19-003 (junio de 2019); Análisis de impacto regulatorio para la regla final del plan de energía limpia, EPA-452/R-15-003 (agosto de 2015).

Las implicaciones del fracaso de la norma de “energía sucia" para lograr prácticamente una reducción en las emisiones de las plantas eléctricas son extensas. La Agencia Internacional de Energía estima que la contaminación por el cambio climático del sector eléctrico de los Estados Unidos debe reducirse en un 74 por ciento para 2030 por debajo de los niveles de 2005 para que EEUU pueda lograr el objetivo de limitar a menos de dos grados centígrados, el aumento de la temperatura mundial. Según las propias estimaciones de la EPA, la regla del "Sucio Poder" no logra alcanzar este objetivo con una reducción proyectada de sólo el 35 por ciento con respecto a los niveles de 2005. De eso, sólo aproximadamente el uno por ciento es atribuible al impacto de la regla de “energía sucia” y el 34 por ciento atribuible a los factores del mercado.   

La Oficina de la Fiscal General de Nueva York ha trabajado, desde el 2003, en su plan para limitar la emisión de dióxido de carbono procedente de las plantas eléctricas que operan con combustibles fósiles. Este trabajo incluye la presentación de un reto contra EPA, en el 2006, por no establecer un límite en las emisiones producidas en esas centrales; demandando a las principales y más grandes compañías productoras de electricidad, en el 2004, bajo la ley de ‘molestia pública’; y liderando una coalición de estados y municipalidades que defienden el Plan de Energía Limpia en los tribunales. Recientemente, la Oficina de la Fiscal General de Nueva York dirigió una coalición de estados, condados, y ciudades en la presentación de comentarios en contra de los planes de Trump de eliminar el Plan de Energía Limpia en la Agencia de Protección Ambiental; y en contra a la propuesta de ‘Energía Limpia Asequible’ de Trump.

Para la presentación de esta demanda, ante el Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, la Fiscal General de NY Letitia James recibió el respaldo de los Fiscales Generales de los Estados de California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, y el Distrito de Columbia. También recibió el apoyo de los principales funcionarios legales de Boulder, Chicago, Los Ángeles, la Ciudad de Nueva York, Filadelfia, y el Sur de Miami. 

En la Oficina de la Fiscal General James, este asunto es manejado por el Abogado Principal, de Litigios sobre la Contaminación del Aire y el Cambio Climático Michael J. Myers; el Jefe de la Sección Afirmativa, Morgan A. Costello; y los Asistentes de la Fiscal General Andrew G. Frank, Brian M. Lusignan y Gavin G. McCabe; el Científico Ambiental Charles Silver; y el pasante de Política Científica Jonathan Chan, del Buró de Protección Ambiental; en consulta con el Jefe del Buró de Protección Ambiental, Lemuel Srolovic; bajo la supervisión del Asesor Jefe de Iniciativas Federales, Matthew Colangelo. El Buró de Protección Ambiental es parte de la División de Justicia Social, dirigida por la Sub-Fiscal General Ejecutiva Meghan Faux.