Fiscal General James Se Opone A Los Planes De Trump De Restringir, Ilegal E Inmoralmente, A Solicitantes De Asilo

NUEVA YORK - La Fiscal General Letitia James se unió a una coalición multiestatal que rechaza el intento de la Administración Trump de limitar ilegalmente el acceso al proceso de asilo, colocando más restricciones a la elegibilidad. Bajo la nueva norma, las personas que entren a los Estados Unidos por la frontera sur—con México—excepto en circunstancias limitadas, ya no pueden solicitar asilo a menos que hayan solicitado y se les haya negado protecciones en al menos uno de los países por los que transitaron antes de su llegada a EEUU. En la carta de comentarios presentada hoy, la coalición de Fiscales Generales Estatales insta a los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a anular la nueva política

"La Administración Trump ha sido implacable en sus esfuerzos por negar refugio a quienes más lo necesitan", dijo la Fiscal General Letitia James. "Alejar a los niños y las familias de nuestra frontera es, literalmente, una cuestión de vida o muerte para estas personas que huyen del peligro. Estados Unidos siempre se ha mantenido como un faro de esperanza y seguiremos luchando contra estas políticas vergonzosas e inhumanas de Trump".

En la carta de comentarios, la coalición sostiene que, entre otras cosas, la nueva norma viola tanto la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) como también la Ley de Procedimiento Administrativo. Según la ley INA, cualquier extranjero puede solicitar asilo a su presencia o llegada a los Estados Unidos. Estas protecciones de asilo se basan en los principios de la Convención de Refugiados de 1951, que buscaba mitigar algunos de los horrores vividos por los refugiados durante y después de la Segunda Guerra Mundial. La Ley INA establece circunstancias muy específicas bajo las cuales se puede negar el asilo a un individuo y brinda protecciones a grupos particularmente vulnerables. Al promulgar la nueva regla, la Administración Trump no proporcionó un aviso adecuado, ni articuló una explicación razonada de la propuesta, lo que se considera una violación de la Ley de Procedimiento Administrativo.

La nueva iniciativa de Trump, además, tendrá efectos negativos que podrían afectar a los niños no acompañados que buscan refugio en EEUU, a miembros de la comunidad LGBTQ y a las mujeres que soliciten asilo en los Estados Unidos—individuos para quienes solicitar asilo en un tercer país es extremadamente peligroso. De hecho, reconocer esta nueva norma es posiblemente una violación de las leyes, por lo que un tribunal federal ya emitió un fallo en contra de su implementación inicial.

Para el envío de esta carta de comentarios, la Fiscal General James contó con la firma y apoyo de los Fiscales Generales de los Estados de California, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, y Washington.