Fiscal General James Lucha Por Proteger El Acceso De Las Mujeres A Servicios De Aborto Legal Y Seguro

La Represión Inconstitucional de Indiana Contra los Abortos Parte de una Guerra Más Amplia Contra la Libertad Reproductiva

NUEVA YORK – La Fiscal General Letitia James, junto con otros 15 Fiscales Generales Estatales, expresaron hoy su apoyo al acceso de las mujeres a servicios médicos más seguro, en el área de la salud reproductiva. Al presentar un escrito amicus en apoyo de una demanda presentada por la Alianza para la Salud Completa de la Mujer (WWHA, por sus siglas en inglés) --que busca abrir una clínica de aborto con medicamentos en la zona de South Bend, Indiana-- la coalición alega que los Estados tienen interés en proteger la salud y la seguridad de sus residentes, lo que incluye promover el acceso a buenos procesos seguros de atención de salud reproductiva. La medida del Estado de Indiana es parte de una guerra más amplia contra la libertad reproductiva que ocurre en todo el país, incluyendo leyes restrictivas y prohibitivas sobre abortos en Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte y Ohio.

"Ninguna persona, ningún negocio, y absolutamente ninguna entidad gubernamental tiene derecho a negarle a una mujer el acceso a un aborto seguro y legal", dijo la Fiscal General de Nueva York Letitia James. “El acceso a la atención de la salud reproductiva es un derecho fundamental y, a pesar de la cruzada del Estado de Indiana contra los derechos reproductivos de las mujeres, nunca dejaremos de luchar por la justicia reproductiva de las mujeres. No importa lo que Indiana pueda decir, se trata de la libertad del cuerpo, la libertad de las creencias y la libertad de elección ".

WWHA presentó una demanda contra funcionarios estatales de Indiana, en el caso Whole Woman’s Health Alliance v. Hill, después de que el Estado rechazó la solicitud de la WWHA para una licencia con la que pretendía abrir una clínica que proporcionaría abortos médicos en South Bend. Si bien los abortos por aspiración o quirúrgicos pueden incluir un anestésico local y requieren que un profesional médico use herramientas de succión, los abortos médicos no son invasivos y no requieren ningún tipo de cirugía. En cambio, en un aborto médico, a una mujer se le pide que tome una serie de píldoras para para provocarlo.

El Estado le negó la licencia a WWHA, alegando que en la solicitud no proporcionó información completa y precisa sobre las entidades afiliadas que operan clínicas en otros Estados. La WWHA presentó una demanda y solicitó una orden judicial preliminar, argumentando que los requisitos de licencia del Estado, tal como se aplican a la clínica de South Bend, son demasiado vagos e inconstitucionales. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Indiana emitió una orden judicial preliminar que exigía a Indiana permitirle a WWHA abrir la clínica, dictaminando que es probable que WWHA demuestre que la aplicación del proceso regulatorio de ese Estado, en este caso, era inconstitucional porque impuso una carga indebida a la capacidad de una mujer de elegir abortar. El caso está actualmente pendiente en el Tribunal Federal de Apelaciones para el Séptimo Circuito.

La coalición multiestatal de Fiscales Generales señala hoy que los Estados tienen un gran interés en garantizar que la atención del aborto, como todos los demás servicios de cuidados de salud, se brinde de manera segura a las mujeres en cada Estado. El interés de los Estados en proveer cuidados de salud pública se produce de una mejor forma cuando se aplican los procesos efectivos de concesión de licencias y reglamentos para proteger la salud y la seguridad de las pacientes, en vez de negarles el acceso a servicios de aborto seguro. La coalición continúa argumentando que evitar que una clínica opere en un área desatendida puede hacer que las mujeres busquen abortos de fuentes totalmente no reguladas o que sean sometidas a procedimientos más riesgosos porque se ven obligadas a retrasar los servicios de cuidados médicos.

La coalición también afirma que cuando un Estado hace cumplir sus regulaciones de licencia de una manera que priva a una población desatendida a la atención del aborto, aumenta el riesgo de salud pública para las mujeres embarazadas. Actualmente, sólo hay seis clínicas de aborto en el Estado de Indiana, y la mitad se encuentran en una ciudad: Indianápolis. Según la WWHA, debido a que las mujeres en South Bend y las comunidades aledañas no tienen acceso a una clínica de aborto cercana, se ven obligadas a viajar distancias considerables para poder practicar un aborto seguro en su Estado natal o incluso en un Estado vecino.

Adicionalmente, la coalición señala que cuando las mujeres se ven obligadas a viajar a otros Estados para tener acceso a cuidados médicos debido a la conducta ilegal de su Estado de origen, puede afectar los sistemas de atención médica en los Estados vecinos. La evidencia muestra que las mujeres de Indiana viajan regularmente a Chicago, Illinois para someterse a abortos. Finalmente, los Fiscales Generales Estatales aseguran que las repercusiones de las acciones de Indiana no se limitan solamente a ese Estado o las mujeres que viven allí.

En marzo de 2019, la Fiscal General James lideró una coalición de 21 Estados en una demanda que impugna las regulaciones de la Administración Trump que amenazan los servicios esenciales prestados bajo los fondos federales del Título X. El reglamento, también conocido como la "regla de la mordaza", impone una restricción ilegal y poco ética a la capacidad de los proveedores de cuidados médicos para informar plenamente a los pacientes sobre los servicios de salud reproductiva disponibles para ellos, al no permitir las derivaciones para abortos y asesoramiento relacionado con esos procesos. Otra disposición requeriría que quienes realizan abortos segreguen físicamente sus servicios, un requisito costoso y potencialmente imposible.

Para la presentación de este escrito amicus, la Fiscal General James recibió el apoyo y la firma de los Fiscales Generales de los Estados de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Vermont, Washington, y el Distrito de Columbia.