Fiscal General James se Opone a la Regla Inhumana e Innecesaria Presentada por la Administración Trump, Bajo el que se Deportarían a Mas Residentes Legales Sin Justificación

NUEVA YORK - La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, junto a una coalición de 17 Fiscales Generales Estatales, expresó su oposición a la nueva regla de la Administración Trump que extendería enormemente el uso de acelerados procesos de deportación contra inmigrantes. Según la nueva norma, el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, por sus siglas en inglés) tiene la autorización de deportar a ciertas personas que viven en cualquier parte de los Estados Unidos, sin someterlas a un debido proceso, y tener en cuenta las protecciones garantizadas en los procedimientos normales de deportación, como el derecho a un abogado o una audiencia ante un juez. Los residentes legales, ciudadanos estadounidenses, asilados y otras personas con protecciones legales que les permitan permanecer en este país podrían ser deportadas por error, incluyendo los millones de inmigrantes nacidos en el extranjero, y que viven en el Estado de Nueva York.

"Los 4.5 millones de inmigrantes que viven actualmente en el Estado de Nueva York, y los millones más en otras partes de la nación, podrían ser despojados de sus derechos debido a las acciones xenófobas y racistas de la Administración Trump", dijo la Fiscal General de Nueva York, Letitia James. “Estamos luchando para garantizar que todas las personas cuenten con las protecciones adecuadas tal y como lo establecen las leyes, y que esta Administración no destruya ni logre separar a más familias. Todos en EEUU, independientemente de su estatus legal o migratorio, tienen derecho a un debido proceso judicial, como lo dice la Constitución de los Estados Unidos, y no dudaremos en nuestra lucha en defensa de estas protecciones”.

En el escrito amicus, presentado ante el Tribunal Federal Distrital del Distrito de Columbia, la coalición multiestatal de Fiscales Generales exige otorgar una medida cautelar que frene la implementación de esta nueva norma.

Con esta actualización--emitida sin previo aviso u oportunidad para comentarios públicos--la Administración Trump está ampliando el uso de expulsiones rápidas para permitir que los funcionarios federales deporten a inmigrantes de cualquier parte de los Estados Unidos bajo un proceso acelerado que generalmente no les permite acceder a servicios de representación legal o testigos, ni les da la oportunidad significativa de presentar pruebas y defensas, en su caso. La nueva medida aumenta significativamente el riesgo de que las personas sean erróneamente deportadas y –a quienes continúan con sus procedimientos, prácticamente les elimina el acceso a las protecciones que deben ser otorgadas durante las audiencias formales de inmigración.

En 2004, el gobierno federal extendió el uso de la deportación acelerada para incluir a personas indocumentadas que fueron detenidas dentro de los 14 días de su llegada a los Estados Unidos por tierra, y dentro de las 100 millas de cualquier frontera terrestre. Ahora, el Dpto. de Seguridad Nacional está permitiendo que los procedimientos de expulsión acelerada se utilicen para deportar a inmigrantes indocumentados que viven en cualquier parte de los Estados Unidos, si las personas no pueden establecer-- a satisfacción de un oficial de inmigración-- que han residido continuamente en este país por dos años. La modificación privará a las personas de un proceso legal adecuado y dará como resultado más órdenes de deportación final que generalmente no están sujetas a revisión judicial.

En el escrito, los Fiscales Generales señalan que la política infligirá graves daños a las familias y comunidades de los Estados, incluyendo a los más de medio millón de ciudadanos estadounidenses en Nueva York que viven con al menos un familiar indocumentado. Ejemplo de ello, son los hogares de estatus mixto compuestos por residentes legales e indocumentados que pueden ser destrozados con muy poco o sin ningún tiempo para prepararse o buscar representación legal. La posibilidad de una separación repentina e inesperada puede causar que los niños experimenten serios problemas de salud mental, como depresión y ansiedad. Esto puede manifestarse en síntomas físicos en los niños, como practicar abuso de sustancias, arrancarse el pelo, dolores estomacales y dolores de cabeza persistentes, y negarse a comer, además de otros síntomas. Estos daños empeoran cuando los temores de una separación familiar forzada se hacen realidad.

Además, debido a esta nueva regla, los inmigrantes tendrían menos probabilidad de denunciar delitos o casos de explotación, o buscar la atención médica necesaria, lo que afecta negativamente tanto la seguridad como la salud pública. Finalmente, esta iniciativa podría tener un impacto económico sustancial en Nueva York y en otros Estados de esta nación. Solamente en Nueva York, 2.8 millones de trabajadores inmigrantes representan aproximadamente el 27.8 por ciento de la fuerza laboral del Estado y, en 2014, los hogares donde el jefe de familia es un inmigrante pagaron $26.5 mil millones en impuestos federales, y $15.9 mil millones en impuestos estatales y locales con $103.3 mil millones en ingresos después de la deducción de impuestos. Los inmigrantes indocumentados en Nueva York pagaron aproximadamente $1.1 mil millones en impuestos estatales y locales en 2014. La expulsión acelerada de inmigrantes podría terminar quitándole al Estado de Nueva York millones o, potencialmente, miles de millones de dólares cada año.

Para la presentación de este escrito amicus, la Fiscal General James conto con la firma y el apoyo de los Fiscales Generales de los Estados de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont, Virginia, Washington, y el Distrito de Columbia.