Fiscal General James Lidera Coalición Bipartidista Que Lucha En Defensa De Estudiantes Prestatarios

La Administradora de Préstamos 'Navient' Perjudicó a los Prestatarios al Perpetrar Prácticas Engañosas 

Los Fiscales Estatales Desempeñan un Papel Fundamental Para Garantizar que los Prestamistas de Préstamos Estudiantiles Cumplan las Leyes

NUEVA YORK - La Fiscal General del Estado de NY, Letitia James, lidera una coalición bipartidista de 32 Fiscales Estatales que defienden la capacidad vital de los Estados de hacer cumplir las leyes estatales y federales de protección al consumidor contra los administradores de préstamos estudiantiles. En un escrito de amicus presentado ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito, los Fiscales Generales argumentan que el caso presentado por el Estado de Pensilvania contra el administrador de préstamos estudiantiles Navient por explotar a los prestatarios de préstamos estudiantiles debe seguir adelante en los tribunales federales.

"Cuando los prestatarios estudiantiles luchan por pagar sus aplastantes deudas, los administradores de préstamos estudiantiles tienen la obligación de informarles honestamente sobre las herramientas que pueden usar para mejorar sus finanzas, pero Navient y muchos otros administradores, se aprovecharon y abusaron de estos prestatarios simplemente para aumentar sus ganancias ", dijo la Fiscal General James. “Debemos frenar estos abusos y asegurarnos de que los administradores de préstamos estudiantiles cumplan con las leyes estatales y federales que protegen a los consumidores. Nuestra coalición bipartidista está luchando para garantizar que los prestatarios estén protegidos, que los poderes de ejecución de los Estados no sean sustituidos y que los administradores no puedan evadir sus obligaciones legales".

Aunque más del 92% de los $1.5 billones en deuda pendiente de préstamos estudiantiles es propiedad o están garantizados por el gobierno federal, el manejo diario de los préstamos estudiantiles es administrado por una variedad de compañías privadas de servicios de préstamos estudiantiles que son responsables de cobrar los pagos, inscribir a los prestatarios en planes de pago específicos, facilitar el pago de préstamos, procesar el pago de préstamos en mora, y proveer cierta asistencia a los prestatarios a medida que surgen problemas durante la vigencia de un préstamo. El Congreso ha tomado medidas para garantizar que estos administradores de préstamos "actúen con honestidad e integridad en todo momento con el fin de que los programas de ayuda financiera [proporcionados por el gobierno federal] sirvan para los mejores intereses de los estudiantes". En tanto, las leyes estatales garantizan que los administradores de préstamos estudiantiles, como cualquier otro negocio – operen con honestidad a la hora de lidiar con los consumidores.

Sin embargo, en 2017, Navient--uno de los más grandes administradores de préstamos estudiantiles de la nación, fue demandado por el Estado de Pensilvania, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de PA, por participar en diversas prácticas comerciales injustas y engañosas. Estas prácticas incluyeron dirigir a los prestatarios hacia la indulgencia en vez de proporcionarles planes de pago basados en los ingresos más favorables; engañar a los prestatarios sobre cuándo debían presentar certificaciones anuales para permanecer inscritos en ciertos planes de pago, y cometer errores de procesamiento de pagos que resultaron en tarifas y multas innecesarias. La demanda de Pensilvania incluía reclamos bajo su estatuto estatal de prácticas comerciales injustas y engañosas, así como bajo la Ley Federal de Protección Financiera del Consumidor (CFPA).

Posteriormente, ese mismo año--en diciembre de 2017, Navient hizo lo posible para desestimar la demanda de Pensilvania alegando, entre otras cosas, que la Ley Federal de Educación Superior descartaba los reclamos de Pensilvania bajo las leyes estatales, y que Pensilvania no podía presentar reclamos bajo la ley federal de CFPA porque el Buró de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ya había demandado a Navient. Después de que el tribunal de distrito negó la moción, Navient apeló el fallo ante el Tribunal Federal de Apelaciones para el Tercer Circuito.

Los 32 Fiscales Generales hoy respaldan la demanda de Pensilvania, la cual busca sanciones, el pago de restitución, y que se tomen medidas cautelares y se provean otros recursos insistiendo en que los Estados tienen un interés sustancial en proteger a sus residentes de todas las prácticas comerciales injustas y engañosas cometidas por empresas que operan dentro de sus fronteras, incluyendo los administradores federales de préstamos estudiantiles. Además, debido a que la protección del consumidor es y siempre ha sido un área de ejecución estatal tradicional y el gobierno federal ha acogido, durante décadas, la experiencia única de los Estados en este asunto, el Congreso nunca tuvo la intención de eliminar el papel tradicional de los gobiernos estatales de proteger a sus residentes de la mala conducta en la industria de préstamos estudiantiles. Navient también se equivoca al argumentar que la ley federal CFPA limita la autoridad de los Estados para presentar demandas federales en los casos en que el buró de protección financiera del consumidor ya ha demandado.

Para la presentación de este escrito, la Fiscal General James contó con el respaldo y la firma de los Fiscales Generales de los Estados de Alaska, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Dakota del Sur, Delaware, Hawái, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Tennessee, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, y el Distrito de Columbia.