Fiscal General James Pide A Tribunal Frenar La Entrada En Vigencia De La Regla Discriminatoria En Cuidados De Salud De La Administración Trump

La Propuesta del Dpto. de Salud y Servicios Humanos Expandiría el Poder de las Empresas e Individuos de Negar los Cuidados Medicos Necesarios en Base a sus Creencias Religiosas, Morales, Eticas, u Otras

NUEVA YORK - La Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, lidera una coalición multi-estatal de 26 jurisdicciones públicas y proveedores de atención médica que presentó una moción de juicio sumario, solicitando que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York bloquee la entrada en vigencia de la norma de denegación de cuidados de salud, propuesta por la Administración Trump. La nueva regla busca expandir la capacidad de las empresas y las personas de negarse a proporcionar servicios médicos vitales en base a las "creencias religiosas o convicciones morales" de un negocio o un empleado. 

"Los repetidos intentos de la Administración Trump de quitar la cobertura y negarles el acceso a cuidados médicos a millones de estadounidenses, es algo vergonzoso", dijo la Fiscal General Letitia James. “Pedimos al Tribunal que rechace rotundamente esta regla para que los proveedores de cuidados de salud no puedan discriminar abiertamente y negarles servicios a los pacientes. Esta regla de "rechazo a la atención médica" debe detenerse, y nuestra coalición de Estados, ciudades, municipios y organizaciones y proveedores de atención médica, a nivel nacional, componen un testamento del daño que esta simple regla puede imponer en la salud de muchos en nuestra nación".  

En enero de 2018, el Dpto. de Salud y Servicios Humanos de la Administración Trump (HHS) inicialmente propuso una normativa que ampliaría la capacidad de los negocios e individuos de negarles los cuidados de salud necesarios a un paciente, en base de “sus creencias religiosas o morales”. La Fiscal General James y una coalición de Fiscales Estatales de toda la nación inmediatamente enviaron una carta a la Administración Trump, exigiendo la eliminación de esta propuesta. En mayo de 2019, después de que se adoptó la medida, la Fiscal General James y la coalición multiestatal presentaron una demanda contra el gobierno de Trump, alegando que esta regla aumentaría, fundamentalmente, el número de razones y formas en que se podría negar a los estadounidenses, en todo el país, los servicios de salud esenciales. Posteriormente, en junio de este año, la Fiscal General James lideró esa misma coalición en la búsqueda de una orden judicial preliminar que evitaría la implementación de esta regla. El Tribunal, por su parte, decidió retrasar la fecha de implementación propuesta originalmente, pautada para julio de 2019. Hoy, la Fiscal General James exige al Tribunal sostener esta medida discriminatoria debido a que viola las leyes federales y la Constitución de los EEUU. 

En la demanda, se alega que la regla final, si se implementa, socavaría la prestación de servicios médicos al otorgar a una amplia gama de instituciones médicas e individuos el derecho de rechazar y negarles los cuidados de salud, según las opiniones personales del proveedor. La regla amplía drásticamente la cantidad de proveedores elegibles para hacer tales rechazos, que van desde conductores de ambulancias hasta médicos en las salas de emergencias, recepcionistas y representantes de servicio al cliente en compañías aseguradoras. La nueva regla, además, hace que este derecho sea absoluto y categórico. Independientemente de si el empleador o proveedor de servicios médicos toma o no pasos razonables para tener en cuenta los puntos de vista de alguien que se oponga, si ese individuo rechaza las acomodaciones propuestas, el proveedor o empleador se queda sin otra opción. 

Bajo la propuesta de Trump, un hospital no podrá preguntar, antes de contratar a un/a enfermero/a, si se oponía a la administración de una vacuna contra el sarampión, incluso si se trataba de una función clave en medio de un brote de la enfermedad. En virtud de esta medida, además, un doctor de emergencias puede negarse a atender a una mujer que llegó con un embarazo ectópico roto, aunque la vida de esta esté en peligro. Las empresas, incluyendo los empleadores, podrían oponerse a proveer cobertura médica, en los seguros de salud, para procedimientos médicos que consideren objetables/inaceptables u ofensivos, y permitirían que el personal de salud se oponga a informar a los pacientes sobre sus opciones médicas o a remitirlos a los proveedores de esas opciones. Las devastadoras consecuencias de la regla serían especialmente difíciles para los pacientes vulnerables, incluyendo los pacientes miembros de la comunidad LGBTQ+, que ya enfrentan discriminación en la búsqueda de cuidados de salud. 

La demanda también demuestra que el riesgo de incumplimiento de dicha ley, llevaría al peligro de perder miles de millones de dólares en fondos federales para la atención médica. Si HHS determina, a su entera discreción, que los estados o municipalidades no cumplen con la iniciativa final—a través de sus propias acciones o las de miles de sub-contratistas que proveen servicios médicos—el gobierno federal podría dejar de otorgar a estos estados y municipalidades, cientos de miles de millones de dólares en fondos para programas de salud. Los Estados y municipalidades necesitan estos fondos para financiar innumerables programas de salud pública que benefician a sus residentes, incluyendo el Medicaid, Programas de Seguros de Salud para los Niños (CHIP, por sus siglas en inglés), programas de educación y prevención de VIH/SIDA y otras Enfermedades de Transmisión Sexual, tratamientos médicos, y servicios de salud mental y abuso de sustancias. 

Según la demanda, la drástica expansión de los derechos de rechazo, y la draconiana amenaza de la terminación del financiamiento de estos programas con fondos federales, violan la denominada Ley Federal de Procedimientos Administrativos, al igual que la Cláusula de Gastos, y los principios de la Separación de Poderes que establece la Constitución de EEUU.  

Para la presentación de esta moción, la Fiscal General James contó con el respaldo y firma de los Fiscales Generales de los Estados de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Wisconsin, y el Distrito de Columbia. Las Ciudades de Nueva York y Chicago; y el Condado Cook, de Illinois también exigen frenar esta medida. Adicionalmente, dos demandas separadas fueron entabladas contra la Administración Trump, debido a la implementación de esta nueva regla por parte de Planned Parenthood Federation of America y uno de sus afiliados, al igual que las organizaciones National Family Planning and Reproductive Health Assn., y Public Health Solutions—que ahora se han consolidado en esta demanda. 

La acción por parte de la Fiscal General de Nueva York se ha tomado bajo la dirección de Matthew Colangelo, el Consejero Jefe de Iniciativas Federales. Este caso es procesado por los Fiscales Generales Adjuntos, Amanda Meyer y Justin Deabler, en el Buró de Derechos Civiles; y la Jefa del Buró de Atención Médica, Lisa Landau. Los Burós de Salud y Derechos Civiles, corresponden a la División de Justicia Social de la Fiscalía Estatal, dirigida por la Fiscal General Adjunta Ejecutiva, Meghan Faux.