Fiscal General James Lidera Coalición Que Demandó A La SEC Por Priorizar A Los Intermediarios De Bolsas Sobre Los Inversionistas

La ‘Regla del Mejor Interés’ No Protege a los Inversores ni Cumple los
con los Estándares Establecidos en la Ley Landmark Dodd-Frank

NUEVA YORK – La Fiscal General del Estado de Nueva York, Letitia James, tomó el liderazgo de una coalición de ocho Fiscales Estatales en la presentación de una demanda federal, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, desafiando la "Norma de Mejor Interés" propuesta por la Comisión de Valores e Intercambio (SEC, por sus siglas en inglés) al considerar que esta regla no cumple con las protecciones básicas para los inversionistas, establecidas en la histórica Ley Dodd-Frank del 2010.

"Con esta normativa, la SEC está poniendo a Wall Street muy por encima de Main Street", dijo la Fiscal General James. “En vez de adoptar las protecciones que Dodd-Frank da a los inversionistas, esta regla diluida da más importancia a los agentes bursátiles. La SEC ahora está promulgando una medida que no aclara la confusión que sienten los consumidores y no soluciona los consejos contradictorios que motivaron al Congreso a actuar en primer lugar. A pesar de la negativa de la SEC a hacer su trabajo, Nueva York continuará liderando la batalla para proteger a millones de personas que invierten en su futuro, incluyendo los millones de estadounidenses que ahorran para su jubilación".

En junio, tras la presentación anterior de una objeción hecha por una coalición de Fiscales Generales liderada por Nueva York, la SEC adoptó el ‘Reglamento del Mejor Interés’, con el que pretende abordar la confusión de los inversores de larga data sobre los estándares de atención aplicables a los agentes de bolsas que deberían brindarles asesoramientos de inversiones. Aunque muchos inversores minoristas creen erróneamente que los intermediarios bursátiles deben priorizar los intereses de sus clientes, históricamente ese no ha sido el caso. De hecho, las leyes federales generalmente solo requieren que las recomendaciones de los corredores de bolsa sean las "adecuadas" y vayan conforme a los objetivos de los inversionistas, lo que significa que un agente bursátil podría venderle a un cliente una inversión de menor calidad y de mayor costo, siempre y cuando esa inversión—de otro modo—cumplió los objetivos de inversión de los inversionistas. Sucesivamente, los asesores de inversiones son fiduciarios que deben actuar en el mejor interés de sus clientes y están sujetos a deberes de lealtad y cuidado. Bajo un estándar de deber fiduciario, se requiere que un asesor de inversiones ponga los intereses de sus clientes por encima de los suyos, recomiende realizar inversiones adecuadas, monitorear las inversiones y cuentas de los clientes, y evitar o revelar conflictos de intereses.

Esta confusión de los inversionistas motivó al Congreso a tomar medidas en el 2010. Con la aprobación de la Ley Dodd-Frank, el Congreso autorizó a la SEC a redactar reglamentos que alinearían el estándar de conducta para los corredores bursátiles y asesores de inversiones. Según la Ley, la SEC estaba autorizada a imponer un deber uniforme y fiduciario a los agentes y asesores de inversiones, y exigir que sus recomendaciones se hagan "sin tener en cuenta" sus propios intereses. Este deber fiduciario uniforme garantizaría que los inversores fueran protegidos y tratados de manera justa, independientemente del profesional financiero con el que trabajaran.
Mientras que la SEC asegura que el ‘Reglamento del Mejor Interés’ pone fin a la confusión en la industria, la Fiscal General James y la coalición de Fiscales Estatales alegan que esta normativa ignora el llamado a tomar acción que ha hecho el Congreso de varias y diferentes maneras.

Primero, esta iniciativa no logra elevar significativamente los estándares impuestos a los corredores de bolsas más allá de sus requisitos de idoneidad existentes. De hecho, el propio personal profesional de la SEC recomendó a esa comisión adoptar una norma fiduciaria uniforme articulada en la Ley Dodd-Frank, pero ese reglamento rechaza expresamente la imposición de un estándar fiduciario a los corredores y, en cambio, les permite considerar sus propios intereses a la hora de hacer recomendaciones.

En segundo lugar, es muy probable que la ‘Regla del Mejor Interés’ produzca una continua confusión entre los inversionistas y la industria porque se basa en un vago estándar de "mejor interés" y deja indefinidos los términos claves. Además, la adopción de un supuesto estándar de "interés superior", por parte de la SEC--aunque no implementa los requisitos para cumplir esa promesa--exacerbará la confusión existente de los inversores sobre los deberes de los agentes bursátiles.

Al promulgar esta regulación defectuosa, la SEC ignoró la dirección expresa del Congreso en la Ley Dodd-Frank, convirtiendo a esta medida en una reglamentación no autorizada, arbitraria e ilegal.

Debido a que la comisión SEC alegó autoridad para emitir la ‘Reglamentación del Mejor Interés’ bajo un amplio conjunto de normas de autoridad legal, fue necesario solicitar alivio tanto en una Corte del Distrito Sur de Nueva York como en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito, que tiene jurisdicción original sobre las normas promulgadas en conformidad con la Ley del Mercado de Valores de 1934.

Para la presentación de esta demanda, la Fiscal General James contó con el respaldo de los Fiscales Generales de los Estados de California, Connecticut, Delaware, Maine, Nuevo México, Oregón, y el Distrito de Columbia.

La demanda es procesada por el Consejero Jefe de Iniciativas Federales, Matthew Colangelo; el Fiscal General Adjunto, Steven Wu; el Jefe Interino del Buró de Protección al Inversores, Kevin Wallace; y los Fiscales Generales Adjuntos, Rita Burghardt McDonough y Jeffrey A. Novack del Buró de Protección a los Inversionistas. El Buró de Protección de Inversionistas es parte de la División de Justicia Económica, dirigida por el Fiscal General Ejecutivo Adjunto, Christopher D'Angelo.

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