Operativo “Wright is Wrong”: Fiscal General James Anuncia Condenas y Decomiso de Activos en Esquema de Fraudes de Valores en la Parte Norte del Estado de Nueva York

David y Ramona Wright se Declararon Culpables de Solicitar Fraudulentamente Inversiones para Comprar Relojes Rolex, Pagar sus Vacaciones, Autos de Lujos y Yates

NUEVA YORK - La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció hoy las condenas de David y Ramona Wright, ambos anteriormente residentes de Sherrill, Nueva York, por hurto mayor en tercer grado y delito grave de fraude de valores bajo la Ley Martin por operar un esquema de estafas de $760,000 a través de su compañía, Wright Wellness Solutions, Inc.

"Las acciones de los Wright solo pueden describirse como incorrectas", dijo la Fiscal General Letitia James. "Me enorgullece anunciar que la pareja Wright ya no podrá defraudar a los inversores del dinero que tanto les costó ganar, y tendrá que pasar su tiempo en prisión pensando en cómo podrían haber actuado correctamente. Mi oficina está comprometida a garantizar que los inversionistas estén protegidos de los depredadores financieros que buscan estafar y abusar de los neoyorquinos".

David Wright, 53, Presidente de Wright Wellness Solutions, Inc., y Ramona Wright, 54, Secretaria/Tesorera de Wright Wellness Solutions, Inc., se declararon culpables ante el Honorable Juez Robert L. Bauer en el Tribunal del Condado de Oneida, la semana pasada, resolviendo dos acusaciones formales presentadas en su contra, en el Condado de Oneida a principios de este año. La declaración de culpabilidad de los acusados son el resultado de una acción penal y civil conjunta presentada por el Buró de Delitos Financieros y Criminales de la Fiscalía Estatal de Nueva York y el Buró de Protección de los Inversionistas.

Según las acusaciones y las presentaciones judiciales de la Fiscal General, en junio de 2009, los Wright, que estaban muy endeudados y enfrentaban una posible ejecución hipotecaria en su hogar, crearon la firma Wright Wellness Solutions, Inc., con sede en su casa. Los Wright afirmaron que la corporación desarrollaría, comercializaría y vendería una cama de hospital de rehabilitación específica, de la cual habían obtenido derechos de patente. Entre 2009 y 2015, los Wright solicitaron y obtuvieron $760,000 en inversiones de más de dos docenas de personas en Wright Wellness Solutions, Inc., donde les dijeron a los inversionistas que necesitaban el dinero para la investigación y el desarrollo de la patente de la cama hospitalaria, y prometiendo retornos lucrativos y rápidos de la inversión.

Sin embargo, los Wright realmente terminaron utilizando el dinero de los inversionistas, casi exclusivamente, para financiar su propio y lujoso estilo de vida, incluyendo para la compra de un yate Hatteras de 53 pies el cual llamaron "Mad Hatteras", dos camionetas Lincoln Navigators, dos autos BMW, relojes Rolex y una vivienda constituidas en un régimen de tiempo compartido en Orlando, Florida; al igual que para pagar la boda de su hija en un club náutico en Florida. Los Wright también realizaron retiros y transferencias de dinero en efectivo no autorizadas a sus otros negocios, CNY Telecom, LLC, y utilizaron el dinero de los inversores para pagar los viajes diarios a restaurantes de comida rápida.

Entre las víctimas de los Wright hay amigos cercanos y conocidos de muchos años de la pareja, a muchos de los cuales los Wright solicitaron múltiples inversiones y casi todos son residentes del norte del Estado de Nueva York. En 2014, los Wright vendieron su casa en Sherrill, Nueva York; y comenzaron a vivir a tiempo completo en su yate en Myrtle Beach, Carolina del Sur.

La investigación de la Oficina de la Fiscal General del Estado de Nueva York inició por una queja de los accionistas, en el 2017 ante el Buró de Protección a Inversores. En marzo de 2019, los Wright fueron arrestados en su yate en Myrtle Beach, y posteriormente fueron procesados en el Tribunal del Condado de Oneida, en abril de 2019.

En junio de 2019, la Fiscal General James inició un procedimiento de decomiso de activos civiles contra los Wright, así como sus negocios CNY Telecom, LLC y Wright Wellness Solutions, Inc., ante la Honorable Jueza Bernadette T. Clark del Tribunal Supremo del Condado de Oneida. Conforme a esa acción de decomiso, la Oficina de la Fiscal General de Nueva York obtuvo una orden de restricción temporal que prohibía a los Wright y sus negocios vender o disipar activos, incluyendo su yate.

La semana pasada, el 6 de septiembre de 2019, David Wright se declaró culpable de dos cargos de hurto mayor en tercer grado--un delito grave de clase D-- y de un cargo de delito mayor por fraude de valores, en virtud de la Ley Martin--un delito grave de clase E. Ramona Wright, por su parte, se declaró culpable de un cargo de hurto mayor en el tercer grado--un delito grave de clase D—y de un cargo de delito grave, por fraude de valores, en virtud de la Ley Martin, considerado un delito grave de clase E. Los Wright acordaron estipular la confiscación de su yate, así como $68,000 en fondos congelados en su cuenta bancaria, los cuales se utilizarán para la restitución fondos para todas las víctimas. Al momento de su sentencia, los Wright también prometieron hacer una restitución adicional sustancial, que está programada para el 6 de diciembre de 2019. David Wright enfrenta una condena de hasta entre 3 y 9 años en una prisión estatal, y Ramona Wright enfrenta una pena de hasta 1 a 3 años en prisión estatal.
La Fiscalía Estatal de Nueva York desea agradecer a la Unidad de Delitos Financieros de la Policía del Estado de Nueva York y a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Oneida por su ayuda en la investigación de los crímenes que cometieron los Wright, al igual que a la Oficina del Alguacil del Condado de Horry en Carolina del Sur por su asistencia en localizar y arrestar a los acusados.

El caso criminal es procesado por el Asesor Especial Benjamin S. Clark y el Fiscal General Adjunto Andrew Tarkowski del Buró de Ejecución Penal y Delitos Financieros, con la asistencia del Analista de Apoyo Legal Joseph Conniff. El Buró de Ejecución Penal y Crímenes Financieros es liderado por la Jefa de esa Oficina, Stephanie Swenton, y el Subjefe de la Oficina Joseph G. D'Arrigo. La División de Justicia Criminal está bajo la supervisión del Fiscal General Adjunto Ejecutivo de Justicia Criminal, José Maldonado.

La investigación fue realizada por el Investigador Joel Cordone; bajo la supervisión del Investigador Supervisor Richard Doyle; y el Investigador Jefe Adjunto Antoine Karam. El Buró de Investigaciones es liderado por el Jefe Oliver Pu-Folkes. La auditoría, en este caso, fue llevada a cabo por los Principales Auditores Forenses, Meaghan Scotellaro y Marcos Pérez. La Sección de Auditoría Forense está bajo la supervisión de la Jefa Adjunta, Sandy Bizzarro.

El proceso de decomiso de bienes civiles fue manejado por el Fiscal General Adjunto Kenneth Haim del Buró de Protección de Inversionistas de la Fiscalía Estatal, con la asistencia de los Asistentes Legales Natalya Fadeyeva y Renata Bodner, bajo la supervisión de John Genovese, Fiscal General Adjunto y Asistente de la Unidad Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía Estatal (OCTF, por sus siglas en inglés). Nicole Keary es la Fiscal General Adjunta a Cargo de OCTF. El Buró de Protección de los Inversionistas es dirigido por el Jefe Interino del Buró, Kevin Wallace; y es un organismo de la División de Justicia Económica, bajo la supervisión del Fiscal General Ejecutivo Adjunto, Christopher D’Angelo.