Fiscal General James Continúa su Lucha en Defensa del Acceso de las Mujeres a Servicios de Aborto

James Lidera Coalición de 19 Fiscales Generales Estatales Que Se Oponen a la Represión Inconstitucional del Aborto y la Libertad Reproductiva en Kentucky

NUEVA YORK - La Fiscal General Letitia James lidera una coalición de 19 Fiscales Generales que presentó un escrito amicus curiae en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Sexto Circuito, desafiando una ley estatal de Kentucky que esencialmente prohibiría a los médicos proveer el método más seguro y más común de aborto en el segundo trimestre después de 15 semanas de embarazo.

"Las mujeres tienen el derecho constitucional a servicios de aborto seguros y accesibles, y ninguna persona, partido político o entidad gubernamental puede negar legalmente ese derecho", dijo la Fiscal General James. “Las leyes extremistas que promueven procedimientos peligrosos e invasivos no tienen cabida en este país. A pesar de los esfuerzos para ver disminuir las libertades reproductivas con la eliminación de las opciones de aborto aceptadas médicamente, mi oficina continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para priorizar la seguridad, el bienestar y los derechos de las mujeres”.

La nueva ley de Kentucky impone sanciones civiles y penales a los médicos que realicen el procedimiento estándar de dilatación y evacuación (D & E), exigiendo que los médicos de Kentucky eliminen el feto antes de la fase de evacuación de un aborto estándar de dilatación y evacuación (D & E). El procedimiento D&E es ampliamente reconocido como el método más seguro y más común de aborto en el segundo trimestre después de 15 semanas de embarazo.

Los Fiscales Generales sostienen que, bajo el estándar de control de "carga indebida" de la Corte Suprema, una regulación del aborto es inconstitucional cuando sus beneficios a un interés estatal no son suficientes para justificar las cargas de la ley sobre el acceso al aborto; cuando, como en este caso, una reglamento del aborto en efecto prohibiría los abortos seguros y legales en el segundo trimestre después de 15 semanas de embarazo, ningún supuesto beneficio es suficiente para justificar la carga del acceso porque las prohibiciones de los abortos pre-viables son inconstitucionales.

El 10 de mayo de 2019, el Juez Federal de Distrito Joseph H. McKinley Jr. dictaminó que la ley de 2018, que requería que las mujeres que buscaban un aborto en o más de 15 semanas de embarazo se sometan por primera vez a una inyección de "muerte fetal", era "inconstitucional". El Juez McKinley también emitió una orden judicial permanente contra la ley. El Estado de Kentucky apeló la decisión, ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Sexto Circuito. El escrito amicus de los Estados insta al tribunal a confirmar la decisión de la corte de distrito.

Además de la Fiscal General James, el escrito fue respaldado y contó con la firma de los Fiscales Generales de los Estados de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.

El escrito amicus se produce tras una serie de pasos que la Fiscal General James y la Fiscalia del Estado de Nueva York han tomado para proteger los derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo liderar y unirse a resúmenes que impugnan las leyes en Indiana, Mississippi, Arkansas, y Texas, y que desafían las restricciones del Título X en el acceso a la atención médica, y más.