Fiscal General James Critica el Intento del Gobierno Federal de Eludir las Protecciones de los Derechos Civiles

NUEVA YORK - La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, se unió hoy a una coalición multi-estatal de Fiscales Generales que se oponen a una nueva regla de la Administración Trump la cual socava las protecciones de los derechos civiles que impiden que los contratistas federales discriminen a los empleados. Bajo la medida propuesta, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL) ampliaría las exenciones existentes para permitir que cualquier contratista federal que haga valer un propósito religioso discrimine a los empleados actuales o futuros en base a las objeciones religiosas o morales del contratista. En una carta de comentarios, los Fiscales Generales instan a DOL a rescindir la propuesta y a tomar nota, entre otras cosas, de que entra innecesariamente en conflicto con las protecciones otorgadas en virtud del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

"Esta norma propuesta legitima la discriminación y es una afrenta a nuestros valores", dijo la Fiscal General James. “No permitiremos que esta administración haga retroceder el reloj en los derechos civiles sin una lucha vigorosa. Harían bien en recordar que, en Estados Unidos, nuestra diversidad es nuestra fortaleza y que el odio no tiene hogar aquí”.

Según la regla propuesta, la Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales del Dpto. de Trabajo ampliaría su interpretación de la exención religiosa enmendada en la Orden Ejecutiva 11246, que se emitió un año después de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y se modificó en 2014 para incluir históricas protecciones contra la discriminación para trabajadores sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. La Orden Ejecutiva 11246 exige la igualdad de oportunidades de empleo contrataciones del gobierno federal y prohíbe que todos los contratistas federales discriminen por motivos de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género u origen nacional. La orden ejecutiva ya da luz verde a una exención limitada que permite a ciertas organizaciones religiosas favorecer a los empleados o candidatos de una "religión en particular". Bajo la nueva propuesta, DOL busca flexibilizar los estándares con respecto a los tipos de organizaciones que pueden auto identificarse como religiosas

Como resultado, DOL ha decidido abrir la puerta a una amplia gama de empleadores, incluyendo las corporaciones con fines de lucro, para reclamar la exención y discriminar a sus empleados en base a la no adhesión de cualquier trabajador a creencias o prácticas religiosas específicas según lo entiende el contratista. Por ejemplo, como resultado de la propuesta, a un empleado gay o transgénero se le podría exigir que se adhiera a los principios religiosos de los propietarios o la junta de una corporación con fines de lucro o enfrentar la posibilidad de ser despedido. En la carta de comentarios, los Fiscales Generales destacan cómo esta expansión de la exención entraría directamente en conflicto con las protecciones existentes otorgadas bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles y describe cómo la norma perjudicaría a los residentes de sus Estados.

La Fiscal General James sometió la carta con el respaldo y firma de los Fiscales Generales de los Estados de Pensilvania, California, Carolina del Norte, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Vermont, Washington, y el Distrito de Columbia.

Una copia de la carta está disponible aquí.

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