Fiscal General James Combate los Intentos de la Administración Trump de Limitar el Acceso al Control de Natalidad

NUEVA YORK – La Fiscal General del Estado, Letitia James, se unió a una coalición de 15 Fiscales Generales, que exigen a la Administración Trump cumplir de inmediato con la orden judicial emitida por un juez, en caso California v.Azar. La orden judicial que obtuvo una coalición liderada por el Estado California, a principios de este año-- además de una orden judicial que logró conseguir el Fiscal General de Pensilvania, Josh Shapiro--detuvo el intento de la Administración Trump de negar el acceso a la cobertura de control de natalidad sin ningún costo, tal y como lo establece la Ley de Cuidados de Salud Asequibles (ACA, por sus siglas en inglés). A pesar de la clara orden judicial, la Administración Trump aún no ha actualizado su sitio web y no informa al público sobre la orden judicial y el impacto en su cobertura anticonceptiva.

"Los empleadores no merecen una sola palabra en las decisiones relativas a los cuerpos de sus empleadas", dijo la Fiscal General James. "A medida que la Administración Trump intente desmantelar opciones seguras y confiables de cuidados de salud reproductiva, continuaré trabajando con mis contrapartes en todo el país para garantizar que las mujeres tengan acceso a la atención médica que, legalmente, se les debe".

Desde que se implementó la Enmienda de Salud de la Mujer de la ACA, en el 2012, 62 millones de mujeres se han beneficiado de esta disposición. El 6 de octubre de 2017, la Administración Trump emitió reglas mal concebidas que permitieron a prácticamente cualquier empleador negar a las mujeres procesos de control de la natalidad gratuitos, garantizados por la Ley del Cuidado de Salud Asequible. En diciembre de 2017, una coalición de Fiscales Generales, liderada por el Estado de California, logró obtener una medida cautelar a nivel nacional. Casi un año después, la Administración Trump emitió nuevas normas que eran casi idénticas a las reglas finales provisionales. La coalición, liderada por California, rápidamente desafió las propuestas y consiguió otra orden, que protege el acceso de millones de mujeres, en todos los EEUU, a procesos de control de natalidad.

A pesar de que esa orden judicial está en vigor, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y los sitios web del Departamento de Trabajo indican que los empleadores pueden optar por no proporcionar cobertura anticonceptiva, una violación de las órdenes judiciales emitidas. Además, otra página de internet del Dpto. de Salud y Servicios Humanos enumera todos los servicios preventivos exigidos bajo la Ley ACA, pero no incluye la cobertura anticonceptiva.

En la carta de hoy y bajo el liderazgo del Fiscal General de California Xavier Becerra, la Fiscal General James junto con los Fiscales Generales de los Estados de Carolina del Norte, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Minnesota, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, y el Distrito de Columbia exigió a la Administración Trump cumplir con la orden judicial.

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