Fiscal General James Demanda a la Administración Trump por Evitar que los Estados Protejan el Planeta

La Administración Trump Planea Revocar la Autoridad de los Estados de Fijar sus Propios Estándares de Emisiones de Autos Para Reducir las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero   

NUEVA YORK - La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, se unió hoy a una coalición de 24 Fiscales Generales Estatales, a las Ciudades de Los Ángeles y Nueva York, y a la Junta de Recursos del Aire de California, en la presentación de una demanda contra la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) rechazando los planes de la Administración Trump de implementar reglamentos ilícitos diseñados para quitarle autoridad a las normas estatales que regulan las emisiones de gases de efecto invernadero y la venta de vehículos de cero emisión (ZEV). Estas normas, que entraron en vigor en California en 2013 tras obtener una exención de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y seguidas en parte o en su totalidad por Nueva York, otros 12 Estados y el Distrito de Columbia, son una parte clave de los esfuerzos estatales para proteger la salud pública y el medioambiente. En la demanda, la coalición afirma que esta Regla de Aprobación Previa es ilegal y debe ser anulada.  

"No hay una rima legal ni razón por la cual la Administración Trump podría revocar el derecho de los Estados a establecer sus propios estándares de automóviles limpios", dijo la Fiscal General James. "Los automóviles y los camiones son la mayor fuente de contaminantes que causan el cambio climático y el intento de la Administración Trump de robarle a Nueva York y otros Estados su autoridad para adoptar normas para detener esta contaminación, y defender a sus residentes contra los crecientes estragos del cambio climático, no es solo un agravio a los derechos de los Estados, pero también es abierta y descaradamente ilegal. Mi oficina utilizará todas las herramientas legales a nuestra disposición, para proteger el bienestar de los neoyorquinos y de todos los estadounidenses”.

"La última acción ilegal y errónea de la Administración Trump ignora la ley establecida y los principios fundamentales del federalismo al intentar impedir que California, Nueva York y otros Estados continúen implementando estándares que protejan el medio ambiente y nuestras comunidades de los impactos cada vez más graves del cambio climático y los daños causados por la contaminación del aire”, dijo el Comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York, Basil Seggos. “Nueva York no se mantendrá en compás de espera ni sacrificará nuestro futuro por los intereses a corto plazo de la industria de los combustibles fósiles. Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo y la Fiscal General James, en Nueva York continuaremos nuestros destacados esfuerzos en la nación para reducir la contaminación que causa el cambio climático, a pesar de la intransigencia de la Administración Trump, y trabajaremos con nuestros Estados socios para obtener un fallo que anule esta acción ilegal".

Bajo la Ley Federal de Aire Limpio, los Estados podrían solicitar una exención de la EPA para poder establecer sus propios estándares de emisiones de autos, los cuales son más estrictos o al menos tan protectores como los estándares impuestos por el gobierno federal. Para este proceso, los Estados deben obtener la exención de la Agencia de Protección Ambiental, la cual sería otorgada a menos que se produzcan ciertos hallazgos. Los Estados que han adoptado sus propios estándares han logrado reducir las emisiones en cientos de miles de toneladas anualmente, ha fomentado el desarrollo de tecnologías de control de emisiones, y ha pavimentado el camino para la llegada de normas más estrictas, a nivel federal.

En enero de 2012, California adoptó su programa integral “Autos Limpios Avanzados” para los autos nuevos vendidos entre 2017 y 2025. El programa combina el control de los contaminantes que causan el smog y las emisiones de gases de efecto invernadero en un sólo paquete coordinado de estándares. Las reglas les ahorran dinero a los conductores en la bomba, reducen el consumo de petróleo, reducen la contaminación del aire y reducen los gases de efecto invernadero. El Programa de California, por sí solo, reduciría las emisiones de dióxido de carbono, en ese Estado, en casi 14.4 millones de toneladas métricas, al ano, para el 2025; y 25.2 millones de toneladas métricas anuales, para 2030. Al contabilizar los ahorros de emisiones de otros Estados que siguen los estándares de California, estas reducciones de emisiones casi se triplican. En Nueva York, las normas reducirían las emisiones de dióxido de carbono en casi 6.2 millones de toneladas métricas anuales, para 2025; y 10.2 millones de toneladas métricas, por año, para 2030.

A través de su ilícito Reglamento de Aprobación Previa, la NHTSA está intentando de quitarle autoridad a las normas de control de gases de efecto invernadero y ZEV en California en virtud de la Ley de Política y Conservación Energética (EPCA), basándose en argumentos rechazados repetidamente por varios tribunales. Al hacerlo, la NHTSA excede su autoridad e ignora la preservación cuidadosa y repetida del Congreso de la autoridad estatal con respecto a este asunto.   

En la demanda, Nueva York pide al tribunal que anule el reglamento, tildándolo de ilegal en base de que la NHTSA: 

  • Pretende ejercer la autoridad que el Congreso no le ha otorgado a la agencia: específicamente, al decretar lo que EPCA previene o no evita;
  • Imagina un conflicto inherente entre dos conjuntos de reglas, los estándares de GEI y ZEV de California y los estándares de ahorro de combustible de la NHTSA, que han coexistido durante años;
  • Voluntariamente malinterpreta la Ley EPCA como una medida que quita autoridad a las normas estatales de emisiones, y ordenó explícitamente a la NHTSA que rinda cuentas, y deroga implícitamente partes de la Ley de Aire Limpio;
  • Ignora la autoridad y la intención del Congreso, que ha reafirmado y aceptado repetidamente la autoridad de California en las últimas cuatro décadas;
  • Omite la Ley Nacional de Política Ambiental al no evaluar o analizar el daño que la Regla de Prevención de la agencia infligirá al medio ambiente y a la salud pública;
  • Actúa de manera arbitraria y caprichosa al no explicar las caras de sus posiciones anteriores o sus razones para actuar;
  • No respeta la autoridad de los Estados para proteger la salud y el bienestar del pueblo; e… 
  • Ignora el papel que desempeñan estos estándares, para ayudar a California y a otros Estados a cumplir con los Estándares Nacionales de Calidad del Aire Ambiental

Para la presentación de esta demanda, la Fiscal General Letitia James recibió el apoyo de los Fiscales Generales de los Estados de California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, y el Distrito de Columbia; al igual que las ciudades de Los Ángeles y Nueva York.

En la Oficina de la Fiscal General Estatal James, el caso es procesado por los Asistentes de la Fiscal General Gavin G. McCabe, Yueh-Ru Chu, Austin Thompson y Michael J. Myers; bajo la supervisión del Jefe del Buró de Protección Ambiental, Lemuel Srolovic; y el Asesor Jefe de Iniciativas Federales, Matthew Colangelo. El Buró de Protección Ambiental es parte de la División de Justicia Social, dirigida por la Fiscal General Adjunta Ejecutiva, Meghan Faux.