Fiscal General James Se Opone a Regla de la Administración Trump que Pone en Riesgo de Deportación a Residentes Legales

NUEVA YORK – La Fiscal General del Estado, Letitia James, se unió hoy a una coalición de Fiscales Estatales que expresaron su oposición a una nueva regla de la Administración Trump que amplía enormemente el uso de procesos de deportación acelerados. Según la nueva norma, el Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (DHS, por sus siglas en inglés), estaría autorizado a deportar a ciertas personas que viven en cualquier parte de los Estados Unidos sin someterlas a un debido proceso de deportación, o sin otorgarles las protecciones que deben como el derecho a un abogado o una audiencia ante un juez. En una carta de comentarios, los Fiscales Generales instan al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a rescindir la medida, la cual se emitió sin previo aviso o audiencia con oportunidad de recibir comentarios públicos.

"El apuro de la Administración Trump por implementar este cambio de reglas mal aconsejado y sin ningún pensamiento, pone a los residentes legales en riesgo de deportación", dijo la Fiscal General James. “Ese riesgo es inaceptable, y este cambio de regla debe ser rescindido de inmediato. Por nuestra parte, continuaremos luchando para proteger los derechos de todos los residentes, de ser sometidos a un debido proceso, y desafiaremos las políticas imprudentes que ponen a los ciudadanos estadounidenses en riesgo de deportación".

Con estos cambios, la Administración Trump extiende el uso de expulsiones rápidas para permitir que los funcionarios federales deporten a inmigrantes de cualquier parte de los Estados Unidos bajo un proceso acelerado que generalmente no les permite acceder a servicios de representación legal o testigos, ni les da—a los acusados-- la oportunidad significativa de presentar pruebas y defensas, en su caso. La nueva norma aumenta significativamente el riesgo de que las personas sean erróneamente deportadas y –a quienes continúan con sus procedimientos, prácticamente les elimina el acceso a las protecciones que deben ser otorgadas durante las audiencias formales de inmigración.

En el 2004, el gobierno federal extendió el uso de la deportación acelerada para incluir a personas indocumentadas que fueron detenidas dentro de los 14 días de su llegada a los Estados Unidos por tierra, y dentro de las 100 millas de cualquier frontera terrestre. Ahora, el Dpto. de Seguridad Nacional está permitiendo que los procedimientos de expulsión acelerada se utilicen para deportar a inmigrantes indocumentados que viven en cualquier parte de los Estados Unidos, si las personas no pueden establecer-- a satisfacción de un oficial de inmigración-- que han residido continuamente en este país por dos años. Debido a que la modificación de la regla no incluye un estándar legal claro, los funcionarios de inmigración podrían imponer una carga de prueba inconsistente o poco clara, a las personas detenidas. A pesar del gran potencial de error en este proceso, este podría terminar en la emisión de órdenes de deportación que generalmente no estarían sujetas a una revisión judicial. Con estas modificaciones, los residentes legales, ciudadanos estadounidenses, asilados u otras personas con protecciones legales que les permitan permanecer en este país podrían ser, y han sido, erróneamente sujetos a deportación.

En la carta de comentarios, los Fiscales Generales señalan que la política infligirá graves daños a las familias y comunidades en los Estados. Ejemplo de ello, son los hogares de estatus mixto, compuestos por residentes legales e indocumentados que pueden ser destrozados con muy poco o sin ningún tiempo para prepararse o buscar representación legal. La posibilidad de una separación familiar repentina o inesperada podría causar que los niños experimenten serios problemas de salud mental, como depresión y ansiedad. Estos daños empeoran cuando los temores de una separación familiar forzada se hacen realidad. Además, debido a esta nueva regla, los inmigrantes tendrían menos probabilidad de denunciar delitos o casos de explotación, o buscar la atención médica necesaria, afectando negativamente tanto la seguridad como la salud pública.

Para el envío de esta carta, la Fiscal General James contó con el respaldo de los Fiscales de los Estados de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Vermont, Washington, y el Distrito de Columbia.