Fiscal General James a la Administración Trump: Deje de Herir a los Estadounidenses de Bajos Ingresos

Fiscal General James Lidera Coalición de 24 Estados que se Opone a una Regla que Negaría el 
Acceso a Beneficios de SNAP a Millones de Personas
 

NUEVA YORK - La Fiscal General del Estado, Letitia James, lideró una coalición de 24 Fiscales Generales que se oponen a los cambios propuestos por la Administración Trump al Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés). Los cambios propuestos quitarían la asistencia alimentaria básica a más de tres millones de personas, descalificarían a cientos de miles de niños de las comidas escolares gratuitas, y castigarían a las familias trabajadoras con ahorros modestos. La coalición presentó una carta de comentarios contra una propuesta del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) que pondría fin a la capacidad de los Estados de establecer reglas para la elegibilidad del programa de estampillas de comidas, SNAP, en función de las necesidades únicas de sus comunidades. En la carta, los Fiscales argumentan que la norma propuesta violaría la ley federal y afectaría a los Estados, sus residentes, sus economías locales y la salud pública. 

"Millones de neoyorquinos dependen de los beneficios de SNAP para poner comida sobre la mesa todos los días", dijo la Fiscal General Letitia James. “Este cambio negaría el acceso a alimentos a nuestras familias trabajadoras, a personas mayores y dejaría a nuestros hijos con hambre tanto en casa como en la escuela. Aquí hay algo de reflexión para la Administración Trump: dejen de tratar de lastimar a los trabajadores y más bien, traten de ayudarlos". 

La regla propuesta por el USDA, "Revisión de la Elegibilidad Categórica en el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional", afectaría al programa SNAP-- el programa contra el hambre más importante de la nación, frecuentemente denominado "los cupones de alimentos". Este programa da a las personas con ingresos limitados la oportunidad de acceder a alimentos nutritivos que, de otro modo, no los tendrían. SNAP es un componente crucial de los esfuerzos federales y estatales para ayudar a las personas a salir de la pobreza. Según el USDA, en septiembre de 2019, más de 2.7 millones de neoyorquinos dependían de los beneficios de SNAP, para poder tener acceso a alimentos. 

Según las pautas federales, cada Estado diseña su propio proceso sobre cómo las personas de bajos ingresos pueden solicitar los beneficios de SNAP. Los Estados deben realizar un seguimiento mensual para determinar si los participantes cumplen con los requisitos de ingresos y activos para el programa. La regla propuesta por la Administración Trump eliminaría una política de larga data conocida como "elegibilidad categórica de base amplia" (BBCE). La política BBCE permite a los estados considerar factores económicos locales como altos costos de vida o costos de cuidado infantil al determinar la elegibilidad para SNAP. También permite que los Estados adopten límites de activos menos restrictivos para que las familias, las personas de la tercera edad, y las personas con discapacidades puedan tener algunos ahorros sin perder la ayuda alimentaria. La política BBCE es utilizada por 39 Estados, el Distrito de Columbia, Guam y las Islas Vírgenes de EE.UU. 

Esta regla propuesta es la última o más reciente, en una serie de intentos ilegales de la Administración Trump para cortar importantes programas que protegen las redes de seguridad social. En su carta, los Fiscales Generales alegan que la regla propuesta perjudica a los Estados al:

  • Retirar la asistencia alimentaria a 3.1 millones de personas vulnerables: si se finaliza la regla, esta propuesta causaría que 3.1 millones de personas de bajos ingresos, incluyendo las familias trabajadoras pobres con niños, personas mayores y personas con discapacidades, pierdan asistencia nutricional crítica. Según los propios cálculos de la Administración Trump, la regla haría que los estadounidenses de bajos ingresos pierdan al menos $10.5 mil millones de dólares en beneficios de SNAP durante cuatro años.
  • Causar que 265,000 niños pierdan alimentos escolares gratuitos: los niños en hogares que reciben los beneficios de SNAP son elegibles para comidas gratis en la escuela. Este cambio haría que aproximadamente 265,000 niños pierdan el acceso a comidas escolares gratuitas, lo que conduciría a la inseguridad alimentaria y la desnutrición. Según los estudios, es más probable que los niños con inseguridad alimentaria tengan dificultades de aprendizaje y un rendimiento académico reducido, dolores de estómago, dolores de cabeza y resfriados frecuentes, anemia por deficiencia de hierro, asma y problemas de salud mental.
  • Tomar desproporcionadamente los beneficios de SNAP de las personas mayores: según las estimaciones, este cambio de regla tendría un impacto desproporcionado en las personas mayores. Más del 13 por ciento de todos los hogares beneficiarios de SNAP con miembros de edad avanzada perderían asistencia alimentaria, lo que podría obligar a las personas mayores de bajos ingresos a tener que elegir entre pagar sus medicamentos o alimentos necesarios.
  • Afectar la salud pública y aumentar los costos de la atención médica: los sistemas médicos, de discapacidad y otros sistemas estatales se verán afectados cuando las personas que pierden los beneficios de SNAP se vuelven inseguras o desnutridas. La inseguridad alimentaria está vinculada a algunas de las enfermedades más costosas, como la diabetes, la obesidad y las complicaciones en el embarazo. Los estudios han demostrado que los beneficios de SNAP conllevan a una mejor salud y, en consecuencia, a menores costos de atención médica.
  • Causar daño a las economías estatales: los beneficios de SNAP se brindan a personas de bajos ingresos con necesidades de gasto inmediatas, y SNAP impulsa las economías locales al aumentar la demanda de los consumidores, inyectando dinero directamente en la economía, creando empleos y apoyando a los minoristas nacionales y locales y a la industria alimentaria, en general. Si 3.1 millones de personas pierden los beneficios de SNAP, estos recortes tendrán efectos negativos en toda la economía de la nación.
  • Aumentar las cargas administrativas en los Estados: la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno ha determinado constantemente que las políticas como BBCE pueden ahorrar recursos estatales y federales, y mejorar la productividad. La norma propuesta eliminará estas ganancias de eficiencia y aumentará los costos administrativos, y cada dólar que los Estados gastan en costos administrativos es dinero que se le quita a las familias necesitadas.

Los Fiscales Generales también sostienen que la propuesta de Tump viola la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés), que rige la forma en que las agencias federales implementan los cambios en las reglas. Entre otras violaciones de la APA, la norma propuesta no proporciona una justificación legítima para cambiar la política de larga data del USDA, también entra en conflicto con la clara intención del Congreso y excede la autoridad del USDA. 

Para el envío de esta carta, la Fiscal General Letitia James y el Fiscal Gral. del Distrito de Columbia, Karl Racine, contaron con el apoyo y la firma de los Fiscales Estatales de California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.