Fiscal General James Lucha Para Evitar que la Administración Trump Debilite las Protecciones de Especies en Peligro de Extinción

En el Estado de Nueva York, Decenas de Especies Han Sido Catalogadas en Peligro de Extinción o Amenazadas 

NUEVA YORK – La Fiscal General del Estado, Letitia James, se unió a una coalición de 18 Fiscales Generales Estatales y a la Ciudad de Nueva York, en la presentación de una demanda contra la reversión de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, por parte de la Administración Trump. En la demanda se alega que la decisión del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. y del Servicio Nacional de Pesca Marina de finalizar tres medidas que socavan los requisitos claves y el propósito de la Ley de Especies en Peligro de Extinción es ilegal.

"Lo único que debería estar en peligro son las políticas del gobierno federal hacia el medio ambiente", dijo la Fiscal General de Nueva York, Letitia James. “Estas especies son vitales para la salud y para el bienestar de nuestros ecosistemas, y esta nueva regla tendría un impacto devastador en su viabilidad y en todo nuestro medio ambiente. Continuaremos luchando para proteger a estas especies, especialmente frente a las políticas que solo acelerarán su extinción”.

"La Administración Trump ha tomado otra más de las que tiene en su larga lista de decisiones atroces al revertir las protecciones críticas para las especies en peligro de extinción y descartar las amenazas muy reales que el cambio climático representa para la supervivencia de estas especies", dijo el Comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC) del Estado de Nueva York Basil Seggos. “Con el liderazgo del Gobernador Andrew M. Cuomo y la Fiscal General James, el Estado de Nueva York continuará actuando con todo el poder y grado de su autorización para proteger la vida silvestre amenazada y en peligro de extinción en vez de negar estas protecciones debido a preocupaciones infundadas y exageradas sobre los impactos económicos”.

Por más de 45 años, la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en inglés) ha protegido a miles de especies icónicas y amenazadas, como el águila calva, el cóndor de California, el oso pardo y la ballena jorobada. Promulgada bajo la Administración de Nixon en 1973, la Ley ESA tiene la intención de "detener y revertir la tendencia hacia la extinción de especies, cueste lo que cueste". Las reglas de la Administración Trump debilitarían drásticamente las protecciones actuales y reducirían la aplicación y consulta de la Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción, poniendo a estas especies y sus hábitats, en riesgo de extinción. Solamente en Nueva York, existen 90 especies catalogadas como en peligro de extinción o amenazadas bajo la ley.

En la demanda, entablada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, la coalición rechaza las normas al considerarlas como arbitrarias y caprichosas en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin autorización según la Ley de Especies en Peligro de Extinción, e ilegales según la Ley de Política Ambiental Nacional. De particular preocupación son las acciones del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE.UU. y del Servicio Nacional de Pesca Marina para:

  • Inyectar consideraciones económicas en el análisis científico centrado en las especies
  • cubiertas por la Ley de Especies en Peligro de Extinción;
  • Restringir las circunstancias bajo las cuales las especies pueden clasificarse como amenazadas
  • Ampliar las exenciones limitadas de la Ley para designar hábitats críticos y limitar las circunstancias bajo las cuales se designaría un hábitat, especialmente donde los cambios climáticos representan una amenaza;
  • Reducir las consultas y análisis requeridos antes de la acción de la agencia federal;
  • Apartarse radicalmente de la política de las agencias de larga data y de las prácticas de los organismos basados en la conservación de proporcionar el mismo nivel de protección a las especies amenazadas o en peligro de extinción, lo cual es necesario para evitar que una especie se ponga en peligro;
  • Promover y aumentar la responsabilidad de proteger especies y hábitats en peligro de extinción en el Estado, restando valor a los esfuerzos de los Estados para llevar a cabo sus propios programas e imponiendo costos significativos; y
  • Excluir el análisis y la opinión pública sobre los impactos ambientales significativos de las reglas

Para la presentación de esta demanda, la Fiscal General James contó con el respaldo de los Fiscales Generales de los Estados de California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Washington, y el Distrito de Columbia.