La Fiscal General James Provee Asistencia a los Inquilinos Acosados en Brooklyn

NUEVA YORK – La Fiscal General Letitia James anunció hoy que 82 inquilinos de apartamentos con alquiler estabilizado recibirán, cada uno, un crédito de alquiler de $6,500 — el cual totaliza más de medio millón de dólares, como parte de un acuerdo con un arrendador de Brooklyn acusado de acosar y engañar constantemente a sus inquilinos. La empresa Coastline Real Estate Advisors, propietaria de los cuatro edificios donde ocurrieron las violaciones, también perpetró acoso con supuestas reparaciones y trabajos de construcción, litigios frívolos y aumentó indebidamente los alquileres legalmente regulados de los apartamentos con alquiler estabilizado.

 

"Nuestra determinación de luchar por los derechos de los inquilinos es inflexible, y no permitiremos que los casos de hostigamiento, por parte de los propietarios, no sean cuestionados", dijo la Fiscal General James. “Los propietarios y las compañías de administración están obligados a cumplir con un cierto nivel de servicio para los residentes de sus propiedades. En caso de que no cumplan con este estándar, los tendremos en cuenta y buscaremos un indulto para los inquilinos. Eso es exactamente lo que logramos en este caso, al responsabilizar al arrendador por sus fallas y brindar alivio a los inquilinos".

 

Según los términos del acuerdo, 82 inquilinos que tenían un apartamento en ocupación el 1ro de enero de 2017 o antes recibirán un crédito de alquiler de $6,500. Cualquier otro inquilino actual que estuvo en ocupación de un apartamento en esa propiedad el 1ro de enero de 2017 o antes, también puede solicitar el crédito. El propietario también deberá corregir todas las violaciones de las leyes de vivienda en los edificios dentro de los 90 días posteriores al acuerdo. Además, el tendrá la obligación de reducir los alquileres legalmente regulados de 33 unidades en el edificio, y reembolsar los sobrecargos a cuatro arrendatarios.

 

La investigación de la Fiscal General estableció que los Asesores Inmobiliarios de Coastline se dedicaron al acoso y el engaño de los inquilinos desde el momento en que compraron las cuatro propiedades: 423-427 de Grand Avenue; 429-435 de Grand Avenue; 27-29 de Putnam Avenue; y 88-100 de Downing Street. Estos enviaron avisos falsos y erróneos a los inquilinos indicando que su estado de renta-estabilizadoa estaba expirando. Además, violaron las leyes contra el acoso de la Ciudad de Nueva York al acercarse a los inquilinos para notificarlos de supuestas compras, sin proporcionar los avisos escritos obligatorios que describen los derechos de los arrendatarios. Los asesores inmobiliarios de Coastline también se dedicaron al hostigamiento con presuntas reparaciones y trabajos de construcción, litigios frívolos y aumentaron indebidamente los alquileres legalmente regulados de los apartamentos con renta-estabilizada.

 

La Fiscal General James desea agradecer a varias agencias de la Ciudad y el Estado de Nueva York por su ayuda en la investigación. El Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, específicamente los Alguaciles Adjuntos, Shiva Ramsumair y Michael Nitka; bajo la dirección del Mariscal de Edificios, Salvatore Agostino--brindaron una valiosa asistencia. Además, Jonathan Hurt y Argyro Boyle de la Unidad de Protección de Inquilinos en la División de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York ayudaron en el caso. Finalmente, la Fiscal General también recibió asistencia de Peter Donohue, del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York.

 

El caso fue manejado por el Sub-Fiscal General Nicholas Minella, bajo la supervisión de Jacqueline Dischell, Jefa del Buró de Finanzas Inmobiliarias (REFB, por sus siglas en inglés); y bajo la dirección del Jefe de la Unidad de Protección de Viviendas, Brent Meltzer. Esta investigación también contó con la colaboración de Rachel Hannaford, Asesora Superior de Cumplimiento de REFB; y Sean Boyd, Arquitecto Jefe de REFB. El Buró de Finanzas Inmobiliarias y la Unidad de Protección de la Vivienda son supervisados por la Fiscal General Adjunta en Jefe para la Justicia Social, Meghan Faux.

Groups audience: