Fiscal General James: La EPA Debe Regular las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de las Centrales Eléctricas Existentes

30 Estados y Gobiernos Locales Intervienen en una Demanda que Impugna la Autoridad de la EPA Para Limitar las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

NUEVA YORK – La Fiscal General del Estado, Letitia James—liderando una coalición de 30 Estados y gobiernos locales--presentó hoy una moción para intervenir en nombre del gobierno federal para defender la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para establecer límites significativos de emisiones de gases de efecto invernadero de las plantas de energía y otras fuentes industriales. Con esta intervención, la coalición rechaza los desafíos de la industria a la autoridad de la EPA establecidos por la sección 111 (d) de la Ley de Aire Limpio para limitar estas emisiones.

"Como si la Administración Trump no hubiera retrocedido lo suficiente en nuestra batalla contra el cambio climático, los grandes contaminadores y negadores climáticos quieren desmantelarlo todo", dijo la Fiscal General James. “Con cada día que pasa, el impacto del cambio climático en nuestras comunidades se vuelve más severo. Buscamos intervenir para garantizar una defensa sólida y vigorosa de la autoridad de la EPA para regular las emisiones de gases de efecto invernadero y asegurarnos de que esta agencia federal--ahora y en el futuro--tenga las herramientas legales necesarias para hacer lo correcto para la salud, la seguridad y el bienestar de los neoyorquinos y estadounidenses en toda la nación".

La moción para intervenir, presentada en casos entablados contra la EPA por varias minas de carbón y otros intereses de la industria, es separada y distinta de la acción que tomó la coalición multi-estatal y municipal como parte de su demanda en curso contra la EPA por su reversión del Plan de Energía Limpia—el cual estableció los primeros límites a nivel nacional en una de las mayores fuentes de contaminación vinculadas al cambio climático: las centrales eléctricas de combustibles fósiles ya existentes. La propuesta de "Energía Limpia Asequible" (ACE, por sus siglas en inglés) de la EPA, también conocida como la medida de "Energía Sucia"—virtualmente no tendrá ningún impacto en estas emisiones, prolongando la dependencia de la nación en las plantas de carbón contaminantes y costosas, y obstruyendo el progreso de los Estados hacia la generación de electricidad limpia, renovable y asequible. En su demanda, los Estados sostienen que el cambio propuesto con el "Plan de Energía Sucia" es ilegal por lo que se debe impedir su implementación, pero los Estados no niegan que la EPA tiene la autoridad para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas ya existentes. De hecho, rechazan que la agencia tiene la obligación afirmativa de garantizar que el cumplimiento de la Ley de Aire Limpio se base en las reducciones de emisiones que se pueden lograr a través del "mejor sistema de reducción de emisiones".

Desde el 2003, la Oficina de la Fiscal General de Nueva York ha trabajado en un plan para limitar la emisión de dióxido de carbono procedente de las plantas eléctricas que operan con combustibles fósiles. Este trabajo incluyó un desafío contra EPA, en el 2006, por no establecer un límite en las emisiones producidas en esas centrales; demandando a las principales y más grandes compañías productoras de electricidad, en el 2004, bajo la ley de ‘molestia pública’; y liderando una coalición de Estados y municipalidades que defienden el Plan de Energía Limpia en los tribunales. Recientemente, la Oficina de la Fiscal General de Nueva York dirigió una coalición de estados, condados, y ciudades en la presentación de comentarios en contra de los planes de Trump de eliminar el Plan de Energía Limpia y oponiéndose a la propuesta de ‘Energía Limpia Asequible’ de Trump en la EPA.

La Fiscal General James logró realizar la presentación de esta moción de intervención, ante el Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, con el respaldo de los Fiscales Generales de los Estados de California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nevada, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, y el Distrito de Columbia. También recibió el apoyo de los principales funcionarios legales de Boulder, Chicago, Denver, Filadelfia, Los Ángeles, la Ciudad de Nueva York, y el Sur de Miami.

En la Fiscalía Estatal, este asunto es manejado por el Abogado Principal de Litigios sobre la Contaminación del Aire y el Cambio Climático, Michael J. Myers; el Jefe de la Sección Afirmativa, Morgan A. Costello; y los Asistentes de la Fiscal General, Andrew G. Frank, Brian M. Lusignan y Gavin G. McCabe; y el Científico Ambiental Charles Silver del Buró de Protección Ambiental, en consulta con el Jefe de ese orgnaismo, Lemuel Srolovic; bajo la supervisión del Asesor Jefe de Iniciativas Federales, Matthew Colangelo. El Buró de Protección Ambiental es parte de la División de Justicia Social, dirigida por la Sub-Fiscal General Ejecutiva Meghan Faux.