Fiscal General James Acusa a Incipiente Tecnológico de Idear Plan Para Estafar Decenas de Millones de Dólares a Varios Inversionistas

Cardis Enterprises Prometió Falsamente que Podría Reducir  los Costos Para las Pequeñas Empresas

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció hoy haber obtenido sentencias por incumplimiento en una demanda relacionada a un caso de fraude de valores contra una serie de entidades e individuos asociados con la firma Cardis Enterprises International, Inc. acusada de estafar a los inversionistas de al menos $30 millones de dólares.

"Las personas que venden promesas falsas y cometen fraudes serán consideradas responsables de sus fechorías", dijo la Fiscal General Letitia James. “Continuaremos luchando para lograr que se haga justicia para los propietarios de pequeñas empresas que sean víctimas de la avaricia de aquellos que intentan violar las leyes. Los neoyorquinos pueden estar seguros de que mi oficina siempre luchará para que las empresas que tengan como objetivo defraudar a los inversionistas y empañar el nombre de las empresas honestas sean responsables de sus mentiras y de sus acciones engañosas".

Cardis, una empresa tecnológica ya desaparecida y con sede en Long Island, aseguraba poseer tecnología patentada y registrada que haría que las transacciones con tarjetas de crédito de bajo valor sean menos costosas para los comerciantes. Históricamente, las transacciones con tarjetas de crédito de bajo valor han planteado un problema para los comerciantes porque incluyen una tarifa fija, independientemente del tamaño de la transacción, que ha tenido el efecto de deprimir severamente los márgenes. Sin embargo, Cardis recolectó decenas de millones de dólares de los inversionistas en ventas de acciones y préstamos a través de una serie constante de falsas representaciones, que incluyen: 1) que estaba a punto de monetizar su tecnología a través de asociaciones con empresas prominentes y 2) una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) o que la compra de Cardis estaba en el horizonte.

De hecho, muchas de las supuestas asociaciones de Cardis no pasaron de las discusiones preliminares, y nunca hubo una oferta pública inicial, ni una verdadera compra en el horizonte. Cardis incluso no pudo mantener libros y registros básicos, haciendo imposible la idea de una IPO o compra.

En diciembre de 2018, la Fiscalía General de Nueva York presentó una demanda contra Cardis y el personal de la compañía Aaron Fischman, Stephen Brown, Steven Hoffman y Seth Rosenblatt por participar en la comercialización fraudulenta de Cardis a los inversionistas. La denuncia alegaba además que, mientras Cardis estaba recolectando importantes fondos de inversión, Fischman estaba desviando fraudulentamente gran parte de los ingresos a sus bolsillos para enriquecerse, al igual que a sus familiares y a sus organizaciones benéficas favoritas. Además, la queja alegaba que Lawrence Katz, el abogado interno de Cardis, colaboró en el robo y desvío de fondos de los inversores de Fischman, sacando los fondos de la cuenta bancaria principal de la compañía, la cual era una Cuenta del Fondo de Interés de Abogados (IOLA) a nombre de su bufete de abogados.

La semana pasada, la Fiscal General James logró hacer justicia con las condenas por incumplimiento impuestas contra Cardis y una serie de entidades vinculadas a esta firma, incluyendo Choshen Israel LLC--una compañía controlada por Fischman. La Fiscal General James también logró sentencias por defecto, contra varios familiares de Fischman, incluyendo Nina Fischman, Rafaela Fischman, Alexander Fischman, Anne Shimanovich y Ethel Weissman, todos los cuales se enriquecieron personalmente a través del fraude de Fischman.

Antes de presentar la demanda, la Oficina de la Fiscal General de Nueva York firmó una garantía de suspensión con el entonces actual Director Ejecutivo de Cardis, Jonathan Nierenberg. Bajo ese acuerdo de descontinuación, Nierenberg acordó dejar de trabajar para Cardis (o cualquier entidad afiliada) y abstenerse de participar en cualquier actividad comercial relacionada con Cardis, excepto la liquidación de la empresa. Como parte de su acuerdo con la Oficina de la Fiscal General de Nueva York, Nierenberg incurrió en una penalización monetaria de $100,000 y se le prohibió participar en la industria de valores durante cinco años.

El caso sigue en proceso con varias mociones pendientes, incluyendo una moción de licencia para enmendar la queja y volver a presentar reclamos o demandas contra Brown (lo cual, anteriormente, fue desestimado del caso) y los acusados restantes.

La investigación de Cardis fue provocada por las quejas de los inversionistas ante el Buró de Protección de Inversores en la Oficina de la Fiscal General de Nueva York. Se insta que todos aquellos con información sobre posibles fraudes de inversión presenten una queja por internet. Además, para aquellos que desean denunciar conductas fraudulentas sin comprometer su identidad, la Oficina de la Fiscal General de Nueva York lanzó un sistema seguro de denuncia de irregularidades: el Portal de Denunciantes N.Y.A.G., que permite la transmisión simple y segura de información y la comunicación anónima bidireccional.

La demanda es manejada por la Abogada Ejecutora Superior, Mary Kay Dunning; y los Fiscales Generales Adjuntos, Verle Johnson y Jeffrey A. Novack; con la asistencia de la Contadora Asociada, Margaret Kurta; y los Asistentes Legales, Renata Bodner y Pascual Noble--todos del Buró de Protección al Inversor--bajo la supervisión del Jefe Interino de la Oficina, Kevin Wallace. El Buró de Protección de Inversionistas pertenece a la División de Justicia Económica, la cual es supervisada por el Fiscal General Adjunto Principal, Christopher D'Angelo.

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