Fiscal General James Toma Medidas Para Defender la Prohibición de Cargadores de Armas de Gran Capacidad en Nueva York

James se une a coalición para proteger los derechos de los Estados de adoptar leyes que regulen venta, porte, y compra de armas

NUEVA YORK – La Fiscal General Letitia James se unió hoy a un grupo de 18 Fiscales Generales para defender el derecho del Estado de Vermont de prohibir los cargadores de armas de gran capacidad y proteger la seguridad pública. En un escrito amicus presentado ante la Corte Suprema de Vermont, la coalición argumenta que los Estados tienen el derecho de promulgar restricciones razonables que regulen la venta, compra y porte de armas de fuego con el fin de reducir el número de muertes y lesiones causadas por la violencia armada.

"Simplemente no hay razón para que ningún civil tenga acceso a una potencia de fuego tan extrema", dijo la Fiscal General Letitia James. “En Nueva York, restringimos los cargadores de armas de gran capacidad porque ponen a nuestras comunidades en gran riesgo, y tenemos la responsabilidad y el derecho de proteger a nuestros residentes. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantener estas medidas de seguridad pública críticas y de sentido común a fin de prevenir la violencia armada".

Los Estados presentaron un escrito amicus en el caso Estado de Vermont v. Max B. Misch, una demanda en la que la Corte Suprema de Vermont determinará si la prohibición de Vermont de los cargadores de armas de gran capacidad viola el derecho de portar armas, que garantiza la Constitución de Vermont. En 2018, el Estado de Vermont prohibió la fabricación, importación, posesión y venta de cargadores de armas de gran capacidad, con algunas excepciones, incluyendo las armas legalmente poseídas antes de que la ley entrara en vigencia. La ley prohíbe los cargadores de armas que contienen más de 10 rondas de municiones para armas largas y más de 15 rondas para pistolas. Nueva York, otros siete Estados y el Distrito de Columbia han promulgado prohibiciones similares. La constitucionalidad de esas leyes ha sido constantemente confirmada por los Tribunales Federales de Apelaciones, bajo la Segunda Enmienda de la Constitución, que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha reconocido como "análoga" ante la disposición del derecho a portar armas en el Estado de Vermont.

En el escrito, los Estados colectivamente alegan que la prohibición de cargadores de armas de gran capacidad es una restricción razonable que Vermont tiene derecho a adoptar porque:

  • El derecho a portar armas no impide que los Estados promulguen medidas de seguridad contra el porte, venta y compra de armas de sentido común: el informe explica que los Estados tienen derecho a adoptar restricciones razonables sobre las armas de fuego para abordar las condiciones únicas dentro de sus fronteras y proteger la seguridad pública. Restringir el acceso a cargadores de armas de gran capacidad es una restricción razonable porque reduciría las lesiones y muertes por actos de violencia con armas de fuego, al tiempo que dejaría muchas otras opciones abiertas para las personas que desean ejercer su derecho a la legítima autodefensa.
  • Los Estados tienen la responsabilidad de prevenir la violencia armada y proteger la seguridad pública: el informe señala que los Estados tienen la responsabilidad principal de garantizar la seguridad pública. Esto incluye el deber de reducir la probabilidad de que sus ciudadanos sean víctimas de actos prevenibles de violencia con armas de fuego y minimizar las muertes y lesiones cuando se producen esos hechos. Debido a que existen diferencias locales y regionales que contribuyen a la violencia armada, decidir cuál es la mejor manera de proteger la seguridad de los residentes de un Estado es una cuestión más adecuada para las legislaturas que para los tribunales.
  • La regulación de los cargadores de armas de gran capacidad protege al público: el informe cita evidencias que muestran que los cargadores de armas de gran capacidad son especialmente atractivos para los tiradores y los delincuentes en masa, lo que representa un mayor riesgo para los civiles inocentes y las fuerzas del orden. Restringir los cargadores de armas de gran capacidad significa que un tirador masivo debe recargar o cambiar de arma, lo que brinda a los transeúntes más oportunidades para huir, refugiarse o intervenir. Al mismo tiempo, no hay pruebas que demuestren que los cargadores de armas de gran capacidad sean necesarios, o incluso de uso común, para la autodefensa.

Para la presentación de este escrito, la Fiscal General Letitia James y su homólogo del Distrito de Columbia, Karl Racine, recibieron la firma y el apoyo de los Fiscales Generales de los Estados de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, y Washington.