Fiscal General James Obtiene Orden Judicial Contra Donald J. Trump, Sus Hijos, y la Fundación Trump

Trump Pagará $2 Millones en Daños por las Actividades Ilícitas en las Elecciones Presidenciales de 2016

NUEVA YORK – La Fiscal General del Estado, Letitia James, anunció hoy que la Corte Suprema de Nueva York ordenó a Donald J. Trump pagar $2 millones de dólares en daños y perjuicios por usar indebidamente los activos caritativos para intervenir en las primarias presidenciales de 2016 y promover sus propios intereses políticos. Esta recompensa es parte de la demanda de la Fiscal General James contra la Fundación Donald J. Trump y sus directores: el Sr. Trump, Donald Trump Jr., Ivanka Trump y Eric Trump.

Como parte del acuerdo, la Fiscal General James también anunció que su oficina entró en múltiples estipulaciones con la Fundación Trump y sus directores para resolver los reclamos restantes en la demanda. En primer lugar, el Sr. Trump admite haber hecho un uso indebido de fondos en la Fundación Trump, y acepta las restricciones sobre el futuro servicio caritativo y la presentación de informes continuos a la Oficina de la Fiscal General en caso de que cree una nueva organización benéfica. Los acuerdos también incluyen requisitos de capacitación obligatorios para Donald Trump Jr., Ivanka Trump, y Eric Trump. Finalmente, los asentamientos nombran a las organizaciones benéficas que recibirán los activos restantes de la Fundación Trump como parte de su disolución.

"La Fundación Trump ha sido cerrada, los fondos que fueron utilizados indebida e ilegalmente están siendo restaurados, el Presidente estará sujeto a la supervisión continua de mi oficina, y los hijos de Trump tuvieron que someterse a una capacitación obligatoria para garantizar que este tipo de actividad ilegal nunca se vuelva a realizar”, dijo la Fiscal General James. “La decisión de la corte, junto con los acuerdos que negociamos, son parte de una gran victoria en nuestros esfuerzos por proteger los activos caritativos y responsabilizar a quienes abusen de las organizaciones caritativas para beneficio personal. Mi oficina continuará luchando por la rendición de cuentas porque nadie está por encima de la ley, ni un hombre de negocios, ni un candidato para un cargo público, ni siquiera el Presidente de los Estados Unidos".

La demanda contra la Fundación Donald J. Trump fue entablada en junio de 2018, acusando a los directores de la Fundación de ignorar sus deberes de supervisión bajo las leyes de caridad de Nueva York y de demostrar cómo el Sr. Trump usó repetidamente el dinero de la Fundación para sus propios intereses personales, comerciales, y políticos, incluyendo la coordinación ilegal con su campaña presidencial de 2016. En el primer semestre de 2016, en el apogeo de las primarias republicanas, Trump utilizó el dinero de la Fundación, recaudado del público, para demostrar su supuesta generosidad y atraer votos. El Sr. Trump y su campaña repartieron $500,000 en un mitin de campaña en los días previos a las primeras elecciones primarias de la nación, los caucus de Iowa, y luego tomaron crédito por todos los $2.8 millones en subvenciones que la Fundación distribuyó.

En su decisión de ordenar al Sr. Trump pagar $2 millones, la jueza Saliann Scarpulla dijo: "... El Sr. Trump incumplió su deber fiduciario con la Fundación y ese desperdicio le ocurrió a la Fundación. Las infracciones del deber fiduciario del Sr. Trump incluyeron permitir que su campaña orquestara la Recaudación de Fondos, permitiendo que su campaña—en vez de la Fundación, dirija la distribución directa de los Fondos, y usar la Recaudación de Fondos y la distribución de los Fondos para promover la campaña política del Sr. Trump".

En total, la Oficina de la Fiscal General ha logrado obtener cuatro acuerdos de estipulación como parte de este pago.

El año pasado, en diciembre de 2018, tras una decisión judicial a favor de la Fiscalía Estatal, la primera estipulación entró en vigor cuando la Fundación Trump acordó cerrar sus puertas y disolverse bajo supervisión judicial. En octubre de 2019, la Oficina de la Fiscal General ingresó tres estipulaciones adicionales. Una estipulación asegura que los activos restantes de la Fundación irán a organizaciones benéficas acreditadas aprobadas por la Fiscal General James y que no tienen conexión con el Sr. Trump ni con los miembros de su familia. Otra estipulación asegura que Donald Trump, Jr., Ivanka Trump y Eric Trump recibieron capacitación sobre los deberes de los funcionarios y directores de organizaciones benéficas para que no puedan permitir que se vuelvan a realizar la actividad ilegal que realizaban, supervisando la Fundación Trump.

La tercera estipulación incluye 19 párrafos de admisiones fácticas de actividades ilícitas por parte del Sr. Trump y la Fundación. Trump admitió que la junta directiva de la Fundación, de la cual él era presidente, no se reunió, no supervisó a la Fundación, y tampoco adoptó las políticas y procedimientos legalmente requeridos. El Sr. Trump también admitió que estas fallas "contribuyeron a la participación de la Fundación" en siete transacciones con partes relacionadas descritas en el documento de liquidación y en la demanda de la Fiscal General.

El Sr. Trump y la Fundación han admitido hechos clave sobre su coordinación política ilegal con la campaña de Trump, incluyendo que una supuesta recaudación de fondos de la Fundación, que se llevó a cabo en enero de 2016, fue de hecho un evento de campaña, y que la Fundación le dio a la campaña de Trump control total sobre el tiempo, las cantidades, y los beneficiarios de los $2.8 millones recaudados a través de ese evento. Trump también reconoce que él y su campaña se atribuyeron los subsidios que la Fundación otorgó con fondos recaudados del público. La jueza Scarpulla señaló en su decisión que "La campaña de Trump, en vez de la Fundación: (1) "planeó" y "organizó" la recaudación de fondos; y (2) ‘dirigió el tiempo, los montos, y los destinatarios de las subvenciones que la Fundación dio a organizaciones benéficas que apoyan a veteranos militares”.

Además, Trump admitió una serie de hechos clave sobre las otras transacciones de auto-negociación que inició como presidente de la fundación, específicamente, que utilizó los fondos para liquidar las obligaciones legales de las compañías que controlaba, y que la Fundación pagó por un retrato del Sr. Trump que costó $10,000. Como parte separada del acuerdo, Donald Trump Jr. reembolsó a la Fundación el costo del retrato. El acuerdo también requiere que la Fundación reciba un reembolso de $11,525 por parafernalia deportiva y champán, comprados en una gala benéfica.

Finalmente, el acuerdo de conciliación impone un régimen de restricciones sobre cualquier servicio futuro por parte del Sr.Trump en la junta directiva de una organización benéfica, incluyendo la prohibición total de cualquier auto-negociación. Cualquier organización benéfica a la que se una como director debe tener una mayoría de directores independientes, debe contratar asesores con experiencia en derechos sin fines de lucro de Nueva York y debe contratar los servicios de una firma de contabilidad para monitorear y auditar las subvenciones y gastos de la organización. Si el Sr. Trump forma una nueva organización benéfica, dicha organización debe cumplir con estos requisitos y también reportar sus actividades a la Oficina de la Fiscal General durante cinco años.

Los $1.78 millones de dólares en activos que actualmente tiene la Fundación Trump, junto con los $2 millones en daños y perjuicios que pagará el Sr. Trump, se desembolsarán por igual a ocho organizaciones benéficas: Army Emergency Relief, Children's Aid Society, Citymeals-on- Wheels, Give an Hour, Martha's Table, United Negro College Fund, United Way of National Capital Area y el Museo del Holocausto de los EE.UU. Las organizaciones benéficas, que se exigían como parte de la resolución para ser entidades que no tenían ninguna relación con Trump o las entidades que él controlaba, fueron aprobadas por la Oficina de la Fiscal General James y el tribunal.

Este caso fue procesado por el Fiscal General Adjunto Yael Fuchs, Co-Jefe de la Sección de Cumplimiento del Buró de Caridades; el Fiscal General Adjunto, Steven Shiffman; y Peggy Farber, de la Oficina de Caridades; con la asistencia del Asesor Principal, Matthew Colangelo; y la ex Asesora Especial, Laura Wood. James Sheehan es el Jefe de la Oficina de Caridades; y Karin Kunstler Goldman es el Jefe Adjunto. La Oficina de Caridades es una rama de la División de Justicia Social, dirigida por la Fiscal General Adjunta Ejecutiva, Meghan Faux.