La Fiscal General James Consigue más de $480,000 Dólares y Alivio de Deuda Para los Propietarios de Viviendas de Nueva York 

NUEVA YORK – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, logró hoy obtener más de $480,000 dólares y un alivio de deuda adicional para propietarios de viviendas en Nueva York, tras una acción contra un grupo de compradores de deudas que intentaron cobrar pagos hipotecarios prescritos a propietarios que enfrentaban procesos de ejecución hipotecaria. Una investigación de la Oficina de la Fiscal General (OAG, por sus siglas en inglés) reveló que un grupo de empresas; entre ellas BCMB1 Trust, First Age LLC, NS194 LLC, Second Start LLC, Southern MBA Trust y sus entidades afiliadas adquirió miles de préstamos hipotecarios en mora en todo el estado; la mayoría de estos préstamos se originaron en los años previos a la crisis financiera de 2008. Muchos de estos créditos correspondían a segundas hipotecas que llevaban mucho tiempo sin pagarse, debido a que los prestatarios habían modificado sus hipotecas principales durante la crisis financiera y los prestamistas habían dejado de intentar cobrar dichos pagos. La investigación de la OAG determinó que estos compradores de deudas infringieron las leyes de Nueva York al presentar demandas de ejecución hipotecaria que exigían el pago de deudas que ya no eran legalmente exigibles. Como resultado de la investigación, las empresas deberán pagar más de $480,000 dólares en multas y restitución a los propietarios, además de retirar cualquier exigencia de pago de hipotecas prescritas en los casos de ejecución hipotecaria que aún estén en curso.

“Ningún neoyorquino debería enfrentarse a la pérdida de su hogar a manos de una empresa depredadora que exige pagos hipotecarios que hace mucho tiempo que vencieron”, afirmó la fiscal general James. “Estas empresas exigen ilegalmente dinero a propietarios que se esforzaron mucho por conservar sus viviendas durante la Gran Recesión. No toleraré prácticas ilícitas que pongan en riesgo los hogares de los neoyorquinos, y mi oficina se asegurará de que todos aquellos que fueron engañados por estas empresas recuperen su dinero”.

Antes de la crisis de 2008, era común que los bancos financiaran el 100 por ciento de la compra de una casa dividiendo el préstamo en dos hipotecas: una del 80 por ciento y otra del 20 por ciento con intereses más altos. Durante la Gran Recesión, muchos propietarios que tenían dificultades para realizar los pagos de su hipoteca pudieron modificar su hipoteca principal. Sin embargo, las empresas que poseían las segundas hipotecas a menudo no intentaban cobrar la deuda si los propietarios se retrasaban en los pagos, dado que el valor de las propiedades habían bajado tanto que los préstamos ya no valían prácticamente nada. Como resultado, muchas segundas hipotecas permanecieron impagadas durante años sin que los propietarios recibieran estados de cuenta ni otras comunicaciones relativas a sus préstamos. Estos propietarios no tenían forma de realizar pagos ni de resolver su deuda, a pesar de que seguían abonando las cuotas mensuales de su hipoteca principal y recuperando capital en sus viviendas.

La investigación de la OAG reveló que, a partir de 2019, los compradores de deuda adquirieron colectivamente más de 3000 de estas hipotecas "zombi" en Nueva York. La mayoría de estos préstamos eran segundas hipotecas originadas en los años previos a la crisis financiera de 2008. La OAG determinó que estas empresas presentaron más de 140 demandas de ejecución hipotecaria en sus intentos por cobrar segundas hipotecas que llevaban mucho tiempo en situación de impago. Muchas de estas demandas reclamaban el pago de todo el principal y los intereses retroactivos a 12 años, violando la ley de prescripción de Nueva York que impide a los prestamistas cobrar pagos de deudas con más de seis años de vencidas.

Tras la investigación de la OAG, los compradores de deudas están obligados a pagar $240,000 dólares en sanciones y a entregar más de $242,000 dólares en indemnizaciones a los consumidores que pagaron o aceptaron pagar deudas que habían expirado según la prescripción legal. Asimismo, se prohíbe a las empresas intentar cobrar deudas prescritas en el futuro, y deben modificar sus reclamaciones en los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso para excluir cualquier deuda prescrita.

La fiscal general James invita a cualquier propietario que sospechen haber sido víctimas de una ejecución hipotecaria irregular a presentar su reclamo en la página web del Buró de Fraudes del Consumidor de la OAG o a comunicarse al 1-800-771-7755.

Este caso estuvo a cargo de los fiscales generales adjuntos Franklin Romeo y Dami Obaro, bajo la supervisión de la jefa adjunta de la Oficina, Laura J. Levine, y de la jefa de la Oficina, Jane M. Azia. La Oficina de Fraudes y Protección al Consumidor forma parte de la División de Justicia Económica, la cual está dirigida por el fiscal general adjunto principal, Chris D’Angelo, y supervisada por la primera fiscal general adjunta, Meghan Faux.